Es
necesario que la comunidad universitaria
nacional conozca lo que está pasando en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires con los profesores que no comulgan o se subordinan
al régimen que actualmente gobierna y que responde a la actual coalición que dirige
los destinos del país.
En
mi caso son trece años de persecución política e ideológica verificada por
dictámenes del INADI y del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría
del Pueblo de la CABA y una causa penal en trámite ante la justicia penal
federal.
El
último capítulo se relaciona con un concurso para dos cargos de profesor
titular de derecho constitucional que viene con una especial carga puesto que
uno de los jurados ("académico" de ciencias jurídicas y morales) se
"olvidó" de manifestar que su esposa trabajaba bajo la dependencia de
una de las concursantes que fue propuesta por él.
Ante
mi impugnación del concurso, el Consejo Directivo que el régimen maneja no
logró los 9 votos que exige el reglamento dictado por el régimen para aprobar
el concurso y lo elevó al Consejo Superior para que este resolviera tal como lo
expresa la normativa vigente.
Como
en el Consejo Superior no tienen la mayoría necesaria, inventaron mediante un
artilugio por el cual sostienen que no está clara la votación realizada y
pretenden hacer una nueva votación a pesar que la Dirección de Concursos de la
Facultad y el Vicedecano oportunamente verificaron que se no reunieron los 9
votos.
Otra
situación escandalosa es lo que sucede con la Doctora Miriam Ivanega quien a
pesar de haber obtenido por dos jurados distintos en un mismo concurso la
proposición para ser titular de cátedra de derecho administrativo pretenden
designar a un amigo del régimen que perdió las dos veces con fundamentos
insólitos basados en la antigüedad docente.
Los
casos vistos separadamente se encuadran en un claro supuesto de abuso de poder
e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero analizados de
forma conjunta, podrían subsumirse sin dificultad en el tipo penal de
asociación ilícita.
Más
grave aún es que quienes gobiernan la Facultad de Derecho no son aquellos que
ficcionalmente ocupan los cargos de conducción, sino un poder político oculto integrado
por personas que no tienen ninguna clase de antecedentes académicos y que son
los que deciden darles todo a los amigos y nada a los disidentes.
Está
situación es por todes conocida pero muchos afamad@s profesor@s con una activa vida pública
defendiendo la transparencia y la no discriminación guardan un cómplice e
inentendible silencio a cambio de insignificantes prebendas. Aceptan como si
fuera un dogma de fe revelado el mandamiento que el régimen impuso: "Gil
Domínguez jamás será Titular de Cátedra".
Espero
que este escenario oculto trascienda las cuatro paredes de la Facultad de
Derecho para que todes sepan lo que pasa con los concursos docentes y el régimen no se pueda seguir escudando
perversamente en la autonomía universitaria.
¡Pobre
universidad pública y educación pública pasamos de Deodoro Roca a Juan Pablo
Mas Vélez! La decadencia institucional se percibe infinita e inmutable.
