tag:blogger.com,1999:blog-10572298719693893722024-02-23T18:02:21.211-08:00UNDER CONSTITUCIONALagdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.comBlogger276125tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-90980097838876011122023-12-10T14:32:00.000-08:002023-12-10T14:32:34.984-08:00Los requisitos de acceso al cargo de Procurador o Procuradora del Tesoro de la Nación<p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
ley 18.777 (1970) establece como condición de acceso al cargo de Procurador del
Tesoro de la Nación ser ciudadano argentino, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u>no menor de treinta ni mayor de setenta años</u></b>, abogado con el
título habilitante expedido o revalidado por universidad argentina y contar por
lo menos con ocho años de antigüedad en la profesión (art.2). La norma
estableció una regla cerrada con respecto a la edad exigida para ocupar el cargo
de Procurador o Procuradora del Tesoro cual es tener entre treinta y setenta
años. Por lo tanto, con un antecedente (para ser Procurador o Procuradora del
Tesoro) y un consecuente (se debe tener entre 30 y 70 años) precisos, la regla
se cumple o no se cumple. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La Ley 24.667 (1996) modificatoria de la ley 18.777 dispuso que
el Procurador del Tesoro de la Nación depende directamente del Presidente de la
Nación, <b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><u>tiene jerarquía equivalente a
la de los Ministros del Poder Ejecutivo</u></b> y ejerce sus competencias con
independencia técnica (art. 2). De esta manera, la norma no derogó o modificó
la exigencia de la franja etaria como condición de acceso al cargo, sino que solamente
equiparó jerárquicamente al</span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Procurador o Procuradora del Tesoro con
los Ministros sin que pueda ser considerado un Ministro más dentro del Poder Ejecutivo.
Una prueba de esto es que la ley de Ministerios (ley 22.520) no trata a la
Procuración del Tesoro como un Ministerio sino como un órgano que tiene “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">competencia propia e independencia técnica</i>”
(art. 22). <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="background: white;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
ley 18.777 fue dictada por un gobierno de facto (el Roberto M. Levingston),
pero tal como sostiene la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia<span style="background: #F4F4F4;"> </span><span style="background: white;">respecto de
las normas dictadas en las épocas de facto, si el Congreso no las deroga,
modifica, suspende o prorroga debe interpretarse que exterioriza la voluntad y
decisión de dejar en vigor la legislación sobre la cual no emite otra innovadora</span>.
A modo de ejemplo, el decreto-ley 16.986 (dictado bajo la dictadura militar de
Onganía) que regula la acción de amparo contra actos de autoridad pública sigue
vigente a pesar de la recepción constitucional de este proceso constitucional a
partir de la reforma de 1994.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El límite máximo de edad instituido para acceder al cargo de </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Procurador
o Procuradora del Tesoro puede ser considerado discriminatorio con motivo o
razón de la edad a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y de otros Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos
que ostentan jerarquía constitucional (como por ejemplo, la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores)<span style="background: #F4F4F4;">,</span></span> pero la única solución
posible para que alguien mayor a 70 años acceda al cargo, es modificar la ley 18.777
mediante la sanción de una nueva ley o conseguir que la ley 18.777 se declare
inconstitucional e inconvencional en sede judicial. No existe otro camino posible.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Si
el señor presidente Milei designase a una persona mayor de 70 años para el
cargo de Procurador o Procuradora del Tesoro estaría incurriendo en el delito
de incumplimiento de los deberes de funcionario público y la designación sería
impugnable en sede judicial por cualquier persona debido a las funciones que
cumple la Procuración del Tesoro de la Nación. Indudablemente no sería un buen comienzo de gestión en el plano institucional. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="background: white;"><o:p></o:p></span></span></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-63255706478426522982023-11-27T09:29:00.000-08:002023-11-27T09:29:00.787-08:00Constitución y privatizaciones<p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Privatizar supone transferir de manera permanente la propiedad de una
empresa o activo que es total o parcialmente propiedad del Estado al sector
privado. Concesionar implica transmitir de forma temporal la administración de
una empresa o activo del Estado al sector privado. En el primer caso, el Estado
no tiene ninguna clase de control directo sobre la empresa o activo estatal. En
el segundo supuesto, el activo regresa al dominio del Estado luego de un
determinado período. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Ambas opciones están alojadas en la Constitución argentina, siendo el
Congreso a través de la sanción de una ley, el órgano y el procedimiento
habilitados a tales efectos en los términos previstos por los arts. 75 inc.32 y
81 del texto constitucional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">En el marco del proceso de formación y sanción de las leyes, la regla
general de aprobación es la mayoría simple o mayoría absoluta de los presentes
de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Las mayorías agravadas o
especiales para la sanción de la leyes tales como la mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros, las dos terceras partes de los miembros presentes y
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros (en todos los casos de
ambas Cámaras) son una excepción que solo pueda estar previstas en la
Constitución argentina. Establecer en una ley sancionada con mayoría simple,
una mayoría agravada respecto de materias no contempladas por este universo es
inconstitucional y además insustancial por cuanto basta que se sancione una
nueva ley con mayoría simple que derogue dicho requerimiento para que el mismo
sea desarticulado.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">Constitucionalmente hablando los procesos de privatización o concesión
requieren de una ley del Congreso sancionada por la mayoría simple de los
miembros de ambas Cámaras.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>En sintonía,
la ley 23.696 (1989) regula el procedimiento para estos casos cuyo primer paso
consiste en la </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">declaración de "sujeta a
privatización" por parte del Poder Ejecutivo, una segunda etapa se
viabiliza con la aprobación del Congreso mediante la sanción de una ley, y por
último, el Poder Ejecutivo emite un decreto de ejecución mediante el cual establece
las alternativas, procedimientos y modalidades de implementación. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Dependiendo
de las características del activo estatal en cuestión se abren múltiples
posibilidades en torno a esta clase de proceso. Tomemos como ejemplo YPF
Sociedad Anónima donde conforme lo establece la ley 26.741 (2012) el Estado es
el titular del 51% del paquete accionario, que a la vez está distribuido, en un
51% para el Estado y un 49% prorrateado entre las provincias integrantes de la
Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (integrada por las
provincias de <span style="background: white; color: #202124;">Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa).
</span>El Estado solo podría privatizar el 51% del paquete global que posee,
para el resto debería contar con la aprobación de las provincias. En este
punto, el art. 12 de la ley </span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">23.696 </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">sostiene que en<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> </b>las empresas, sociedades,
establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca parcialmente
al Estado, la facultad de privatizar o concesionar se limita a la proporción
perteneciente al Estado. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Otro
ejemplo podría ser la gencia de noticias Télam constituida bajo el formato de
sociedad del Estado (SE) regulada por la ley 20.705 (1974) o la frecuencia de
radiodifusión televisiva LS82 TV CANAL 7 conocida como la Televisión Pública
que pertenece a Radio y Televisión Argentina también constituida como Sociedad
del Estado en los términos previstos por la ley 26.522 (2009). Para privatizar,
concesionar (tal como lo requiere la TV pública por ser una frecuencia que
ocupa espectro radioeléctrico) o liquidar a estos activos también hace falta
una ley del Congreso.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">¿Es
posible sustituir la debida intervención del Congreso para privatizar o
concesionar mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia? La
respuesta es negativa.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Previstos por la
Constitución argentina como una potestad legislativa del Poder Ejecutivo tienen
un carácter excepcional. Están habilitados cuando se verifica una objetiva
circunstancia extraordinaria que impida aplicar el procedimiento ordinario para
la sanción de las leyes y no se trate de materias referidas directa o
indirectamente a lo penal, tributario, electoral o régimen de los partidos
políticos. Una de las pocas cosas positivas que nos legó la pandemia en torno a
los decretos de necesidad y urgencia fue haber dejado bien en claro cuando
existe una situación de urgencia real y cuando se advierte una situación de
urgencia espuria que depende exclusivamente de la necesidad política de quien
ejerce el poder. Una vez dictados y publicados en el boletín oficial esta clase
de decretos valen temporalmente como las leyes hasta tanto el Congreso los
apruebe o rechace o bien la justicia los invalide. Un grave problema
constitucional persiste desde 2006 con la sanción de la ley 26.122 que regula
el trámite de control político ulterior por parte del Congreso respecto de la
validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia: para su validación
basta con la aprobación de una de las Cámaras cuando debería requerirse el
acuerdo de ambas Cámaras como sucede para la sanción de las leyes. A pesar de
su regulación constitucional y legal, desde 1994 todos los gobiernos hicieron
uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia y a nadie le interesó
modificar esta ley (que también de forma inconstitucional dispone que aunque el
decreto se derogue quedan resguardos los derechos adquiridos durante su
vigencia cuando la Constitución argentina fulmina con la nulidad absoluta e
insanable las disposiciones legislativas emitidas por el Poder Ejecutivo).<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
reforma constitucional de 1994 receptó la delegación legislativa que consiste
en el mecanismo mediante el cual el Congreso sanciona una ley donde establece
las bases de delegación al Poder Ejecutivo en materia de administración
(también procede en caso de emergencia pública) y un plazo preciso para su
ejercicio, el Poder Ejecutivo mediante el dictado de decretos delegados la
concreta, y por último, el Congreso controla la validez de los mismos. De esta
manera, utilizando este mecanismo el Congreso podría evitar otorgarle un cheque
en blanco al Poder Ejecutivo como ocurre con el procedimiento previsto
actualmente por la ley </span><span style="color: black; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">23.696. </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
privatización o la concesión tienen límites constitucionales sustanciales
basados en el sistema de derechos. En primer lugar, la protección del derecho
individual y colectivo de los consumidores y usuarios de bienes y servicios
previsto por el art. 42 de la Constitución argentina. En segundo lugar, la
garantía en la prestación de servicios esenciales que se vinculan con el
derecho a un nivel de vida adecuado (entre los que se encuentra el derecho de
acceso al agua) alojado por el art. 11 del Pacto Internacional de derechos
económicos, sociales y culturales. En tercer lugar, deben proveer lo conducente
al desarrollo humano y a la productividad de la economía nacional tal como lo
establece el art. 75 inc.19 de la Constitución argentina. Por último, en términos
de proporcionalidad e idoneidad, deben generar más beneficios que perjuicios al
conjunto de la sociedad. En otras palabras, a diferencia de lo que sucedió con
las privatizaciones realizadas en la década del noventa del siglo pasado,
después de la reforma constitucional de 1994, no se puede privatizar por
privatizar ni tampoco estas dependen exclusivamente de la discrecionalidad
política. Cuando un activo está en manos del Estado quien proponga la
privatización o concesión debe demostrar la idoneidad y utilidad de la misma en
relación al sistema de derechos. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">En
los recientes comicios la sociedad argentina renovó su compromiso democrático. Es
una premisa fundamental respetar la decisión de las mayorías y un error
imperdonable enojarse cuando no coinciden con nuestros gustos políticos. Mucho
más aun cuando se conforman en una segunda vuelta o ballotage presidencial
donde se vota preferentemente a favor o en contra de un candidato o candidata.
A estas mayorías hay que “aprender a leerlas” en sus diversidades y matices ¿O
acaso alguien puede considerar que el 55,09 % que voto al presidente electo Milei
es una mayoría homogénea e incondicional respecto de la totalidad de las
propuestas ofertadas por la Libertad Avanza? ¿Cuántas personas de este universo
circunstancial son inquilinos que no quieren que se derogue la ley de
alquileres o mujeres que no desean que se modifique la ley de interrupción
voluntario del embarazo? Una estrategia democráticamente inteligente consiste
en esperar las medidas que adopte o proponga Javier Milei una vez que asuma
para analizar su canalización constitucional y su impacto político en la
mayoría que lo acompaño. En este punto, será el Congreso el escenario primario
del debate constitucional y político, y en última instancia, el Poder Judicial
mediante el control de constitucionalidad donde se debatirán institucionalmente
las divergencias que emerjan.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Todavía
queda un largo recorrido constitucional y político por desandar. Esto recién
empieza. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-52057972792649462702023-11-13T13:14:00.000-08:002023-11-13T13:14:56.891-08:00Democracia, elecciones y propuestas electorales<p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">I._
A partir de la reforma constitucional operada en 1994, el modelo constitucional
argentino es el Estado constitucional y convencional de derecho anclado en una
regla de reconocimiento integrada por la Constitución argentina más los
Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que ostentan jerarquía
constitucional originaria otorgada por los Convencionales Constituyentes a once
IIDH y<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>jerarquía constitucional derivada
concedida por el Congreso de la Nación a cuatro IIDH a través de la mayoría
agravada de dos tercios de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras. Como
los tratados sobre derechos humanos son “instrumentos vivos” cuya
interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las
condiciones de vida actuales, a la textualidad normativa, se suman las
interpretaciones realizadas por sus órganos de control mediante un entramado
convencional compuesto por sentencias trasnacionales, informes que resuelven
casos particulares, opiniones consultivas u observaciones generales e informes
sobre el cumplimiento de la obligaciones internacionales asumidas por los
Estados en su orden interno.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Del paradigma diseñado a partir de
1994 emerge un sistema democrático que arranca en lo agregativo del sufragio
universal, igual, secreto y obligatorio, pasa por lo negocial en los acuerdos
políticos alcanzados por los representantes del Pueblo y se sumerge en la
legitimidad epistémica encarnada en las formas deliberativas, pero todo ello,
dentro de los contornos y límites impuestos por la democracia sustancial. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte IDH sobre la base de sus
precedentes convencionales contenciosos y consultivos en la Opinión Consultiva 28/2021
(OC 28/2021) desarrolló una estructura argumental que solidificó su posición en
términos de la relación existente entre democracia y derechos humanos afirmando
la idea de una democracia sustancial sustentada por el tríptico
interdependiente “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Democracia-Estado de
Derecho- Protección de los Derechos Humanos</i>”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La legitimidad democrática en una
sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales
establecidos por los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de
modo tal, que la existencia de un “verdadero régimen democrático” está
determinado por sus características formales y sustanciales.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el plano de la democracia
sustancial existen límites a lo “susceptible de ser decidido” por parte de las
mayorías en las instancias democráticas.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> La única forma de
otorgarle a los derechos humanos eficacia normativa es reconociendo que ellos
no pueden estar sometidos al criterio de las mayorías, puesto que precisamente
dichos derechos, fueron concebidos como limitaciones al principio mayoritario.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> La Corte IDH resalta que
la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la
regla de mayorías o bien a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por
parte de las mayorías en instancias democráticas. No puede condicionarse la
validez de un derecho humano reconocido por un instrumento internacional sobre
derechos humanos a los criterios de las mayorías y a su compatibilidad con los
objetivos de interés general por cuanto implicaría quitarles toda eficacia a
los tratados internacionales de derechos humanos.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En otras palabras, en el modelo
constitucional y convencional argentino, las distintas opciones expuestas por
la oferta política implican exclusivamente un debate sobre las distintas
alternativas disponibles para hacer efectivos el sistema de derechos cuya nota
principal es la indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos
(civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales tanto en su
faz individual como colectiva). Cualquier propuesta electoral que intente
imponer un diseño contrario a la sustancialidad democrática arrasando con los
derechos, las garantías y el funcionamiento de las instituciones sin realizar
una reforma constitucional se ubica en un lugar antisistema constitucional y
convencional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">2._
Otro de los puntos incorporados por la reforma constitucional de 1994 fue el
mecanismo de elección de la fórmula presidencial adoptando la totalidad del
territorio nacional como un único distrito y el sistema de doble vuelta o
“balotaje a la argentina” puesto que a diferencia del balotaje clásicos que
requiere a la fórmula más votada para poder vencer en primera vuelta que supere
el cincuenta por ciento de los votos afirmativos (tal como lo incorporó la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el art. 96 <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de la Constitución sancionada en 1996
aclarando expresamente que no se cuentan en la “torta porcentual” los votos en
blanco y los nulos<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>) exige obtener en la
primera vuelta más del cuarenta y cinco de los "votos afirmativos válidamente
emitidos" o el cuarenta por ciento de los "votos afirmativos
válidamente emitidos" y una diferencia mayor de diez puntos sobre la
fórmula que le sigue. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Desde
la perspectiva constitucional y convencional es posible distinguir la siguiente
tipología de votos:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Los que sufragan de forma válida
cumpliendo con el deber de votar en los términos establecidos por el
procedimiento electoral formal respecto de la emisión del voto y de manera afirmativa
eligiendo alguna de las alternativas políticas ofrecidas.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Los que sufragan cumpliendo con el deber de votar pero invalidan su voto
al no acatar los términos establecidos por el procedimiento electoral formal
respecto de la emisión el voto (el denominado voto nulo).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Los que sufragan de forma válida
cumpliendo con el deber de votar en los términos establecidos por el
procedimiento electoral formal respecto de la emisión del voto y no eligen
ninguna de las alternativas políticas ofrecidas (el denominado voto en blanco).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el orden federal existe un debate
abierto sobre la calidad afirmativa o no afirmativa del voto en blanco,
específicamente, para determinar si los mismos integran la “torta porcentual”
de la base que se toma en cuenta para determinar en la elección de la fórmula
presidencial si es necesario o no recurrir al balotaje. Esto se debe a que los
arts. 97 y 98 de la Constitución argentina no excluyeron expresamente a los
votos en blanco como votos no afirmativos como si lo hizo, por ejemplo, la
Constitución de la CABA en su art. 96. A esto se suma que los votos en blanco
son contabilizados como parte de la "torta" en las primarias
abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a efectos de determinar en la
elección de senadores, diputados y parlamentarios del Mercosur si las
agrupaciones políticas alcanzaron el 1,5 %, y de esta manera, adquirieron
aptitud electoral (art. 45 de la ley 26.571 que tiene por objeto la
democratización de la representación política, la transparencia y la equidad
electoral). Se presenta como irrazonable que el voto de un elector A tenga un
efecto distinto si la contienda es una PASO que si el acto electoral se vincula
con la elección de la fórmula presidencial. El voto del elector A no tendría
los mismos efectos aunque vote en ambas ocasiones en blanco. Quizás algún día
tengamos la certeza constitucional y convencional sobre el tema cuando la Corte
Suprema de Justicia decida resolver la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Gil Domínguez, Andrés s/ formula petición</i>” (Expediente Nº
5731/2019/2). <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Más allá de la cuestión planteada
pendiente de resolución es indiscutible que el voto en blanco es un sufragio
válido o una forma de votar que cumple con las formalidades requeridas por el
procedimiento electoral. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ubicados en la segunda vuelta o
balotaje, la primera característica que emerge consiste en que al competir las
dos fórmulas más votadas no se utiliza ninguna “torta porcentual” sino que
obtiene la victoria quién consigue más votos (aunque sea tan solo uno). En este
diseño que implica una nuevo acto comicial, totalmente distinto al de la
primera vuelta, el voto en blanco es un voto válido y afirmativo que consiste
en la manifestación del elector mediante la cual expresa su voluntad de no
sentirse representado por las fórmulas contendientes; es más, también se lo puede
considerar como la elección de una de las opciones posibles en términos
electorales: la no identificación con las ofertas políticas disponibles. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La Constitución y los Instrumentos Internacionales
sobre derechos humanos garantizan el ejercicio de los derechos políticos
mediante la emisión de un sufragio "igual" que garantice la
"libre expresión de la voluntad de los electores". No considerar al
voto en blanco en igualdad de condiciones con el resto de los sufragios válidamente
emitidos implica una situación de desigualdad injustificable en términos de
soberanía popular, pero sobre todo, nulifica la expresión del elector al
quitarle todo efecto democrático a la decisión adoptada.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
valor constitucional y convencional del voto en blanco no depende del candidato
o candidata que obtuvo el primer lugar en la primera vuelta. En otras palabras,
su impronta democrática no se encuentra ligada las preferencias políticas coyunturales
de los que interpretan mediante la doctrina la Constitución y los IIDH, de
forma tal que, si el que salió primero no es del agrado político del o la
constitucionalista oracular entonces el voto en blanco es inválido, negativo o
vacía al sistema republicano de sentido, pero si el que salió primero es del
agrado político bienvenido sea el voto en blanco. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">3._ Desde su implementación en 1994, esta sería la
tercera vez que se utiliza el “balotaje a la argentina”. En 2003, la segunda
vuelta quedó trunca por la deserción de la fórmula Menem- Romero y la
consagración de la fórmula Kirchner-Scioli. En 2015, se impuso la fórmula
Macri-Michetti a la fórmula Scioli-Zannini con el 51, 34 % de los votos. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span lang="ES-TRAD" style="mso-ansi-language: ES-TRAD;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">La segunda
vuelta de 2023 es distinta a las demás puesto que, por primera vez desde 1983,
una de las alternativas electorales representada por el partido político La
Libertad Avanza desconoce uno de los elementos fundacionales del pacto
democrático argentino que consistió en el repudio colectivo englobado en el
NUNCA MÁS al sistema estatal clandestino basado en la desaparición forzada, la
tortura, la apropiación de niños y niñas recién nacidos con sustitución de
identidad, el homicidio y la incautación patrimonial ilegal utilizado por la
dictadura militar que gobernó el país durante el período 1976/1983 mediante
actos de fuerza contrarios a la Constitución. La gran mayoría incluidos en la
categoría de delitos de lesa humanidad por trascender la afectación particular
que producen los delitos comunes y conmover en su irradiación la condición
humana basada en la dignidad de las personas. Delitos que son jurídicamente
hablando imprescriptibles, extraterritoriales e insusceptibles de amnistía,
indulto o conmutación de pena. De allí el lema memoria para recordar y no
repetir, verdad para conocer el destino de los desaparecidos y recuperar a los
niños y niñas apropiadas, justicia para condenar a los culpables y reparar a
las víctimas y a sus familiares. Política pública que se refleja cada 24 de
marzo cuando se conmemora a las víctimas de la última dictadura militar.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Una vez
concluido el juicio a las juntas militares en 1985, si bien existieron momentos
de regresiones normativas tales como la sanción en 1986 y 1987 de las leyes de
punto final y obediencia debida que tuvieron por objeto limitar o impedir el
juzgamiento de los mandos subalternos por la comisión de delitos de lesa
humanidad <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>o el dictado del indulto
presidencial a los procesados y condenados por delitos de lesa humanidad en
1989 y 1990, ni aún en dichos momentos, se desconoció la existencia de un
aparato estatal de represión ilegal aplicado entre 1976 y 1983.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">Cuando la
mayoría de la Corte Suprema de Justicia en el caso “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Muiña</i>” (2017) intentó romper el pacto fundante aplicando una norma
destinada exclusivamente a delitos ordinarios (el beneficio de contabilizar
como dos días de condena efectiva por cada día en prisión preventiva) a los
delitos de lesa humanidad conmutando de esta manera la pena dispuesta, la
reacción contraria de la sociedad impidió su efectivización y derivó en una
revisión del estándar por parte del tribunal mediante la resolución del caso “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Batalla</i>” (2018).<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">En el
presente, tanto el candidato presidencial como la candidata a vicepresidenta
del partido político La Libertad Avanza niegan la existencia de un sistema
clandestino estatal mediante el cual se cometieron delitos de lesa humanidad
¿Cómo lo hacen? Utilizando de forma concatenada una serie de falsos eslóganes.
El primero sostenido en que “el número de desaparecidos no fueron 30.000 sino 8.753”
como si un proceso ilegal de exterminio pudiera resumirse en un número exacto
verificado administrativamente y obviando, por ejemplo, documentos
desclasificados publicados en los Estados Unidos en 2006 los cuales expresan
que, en los primeros 800 días de la dictadura militar, existieron 22.000
desapariciones forzadas solo en el ejército. El segundo expresando que “d</span><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">durante la década del 70 existió una guerra en la cual algunos
integrantes de las fuerzas armadas cometieron excesos de forma individual” como
si no hubiera existido un plan sistemático basado en la comisión de delitos de
lesa humanidad tal como surge del Informe de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos elaborado luego de una visita <i style="mso-bidi-font-style: normal;">in loco</i> realizada en nuestro país en 1979 que fue aprobado posteriormente
por la Asamblea General de la OEA en 1980.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Otro instrumento de socavamiento
consiste en utilizar el reclamo de los familiares de las víctimas de los
delitos cometidos por la subversión en la década de los setenta para justificar
la aplicación de plan sistemático desarrollado por la última dictadura militar.
El pacto fundacional democrático abarca el repudio de toda clase de violencia
ejercida contra el sistema democrático y es una deuda que las víctimas de los
delitos cometidos por la subversión y sus familiares no tengan un lugar en la
construcción de este orden simbólico, pero bajo ningún punto de vista, esta
clase de delitos ordinarios puede asimilarse a un plan sistemático estatal basado
en la comisión de delitos de lesa humanidad o dicha omisión ser utilizada perversamente
para intentar justificar la represión ilegal de la última dictadura militar. La
Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de analizar la cuestión en el caso “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Lariz Iriondo</i>” (2005) cuando ante un
pedido de extradición por parte del Reino de España respecto de una persona
acusada de cometer delitos como integrante de la organización terrorista ETA, analizó
exhaustivamente si los delitos cometidos entre 1982 y 1984 eran para el derecho
internacional crímenes comunes o delitos de lesa humanidad concluyendo que se
subsumían dentro de la primera categoría, y en consecuencia, rechazó la
solicitud de extradición.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="background: white;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Los argumentos expuestos por la Corte
Suprema de Justicia en los casos “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Simón</i>”
(2005) y “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Mazzeo</i>” (2007) reflejan con
claridad cómo se engarza el consenso democrático del NUNCA MÁS<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<span style="background: white; font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">4._ Es la primera elección presidencial desde 1983 donde están en juego
trascendentales cuestiones fundantes del sistema democrático. Ojalá que el
compresible malestar político, social y económico de gran parte del electorado
no se transforme en un alud que destruya los cimientos del sistema democrático
proyectado en el Estado constitucional y convencional de derecho argentino.
Siempre es posible estar peor cuando aquello que nos unió como sociedad se
quiere negar, corromper, dilapidar. Significaría el paso infausto de la grieta
al abismo más profundo, del cual sería muy difícil poder regresar.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> Considerando</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;"> 44.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;">Ibídem.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> Considerando</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;"> 70.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/Art.%20Rubinzal%20Culzoni-2023-voto%20y%20democracia.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman",serif;">Considerando</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;"> 70.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-13570181701024418632023-08-28T08:47:00.001-07:002023-08-28T08:47:12.921-07:00Los límites a la consulta popular y el aborto voluntario <p> <span style="background-color: #f3f3f3;"> Publicado en Diario La Nación en 28 de agosto de 2023</span></p><br /><br /><div style="text-align: justify;">La Constitución argentina de 1853 estableció como regla un sistema representativo traducido en el mandato expresado por el art. 22 mediante el cual “el pueblo no gobierna ni delibera sino por medio de sus representantes y autoridades” creadas por la Constitución castigándose con el delito de sedición a toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a su nombre.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">La reforma constitucional de 1994 incorporó como excepción a la regla representativa dos institutos de democracia semidirecta o participativa: la iniciativa legislativa popular (art. 39) y la consulta popular (art. 40).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La primera le otorga a los ciudadanos el derecho de presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados debiendo el Congreso darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses. La ley reglamentaria (ley 24.747) establece que se requiere la firma de un número de ciudadanos no inferior 1,5 % del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales y deberá representar por lo menos a seis distritos electorales (art. 4).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La segunda presenta dos variantes la vinculante y la no vinculante. La vinculante le otorga a la Cámara de Diputados la potestad de someter un proyecto de ley a consulta popular, y en caso de recibir el voto afirmativo por parte del pueblo de la Nación, el mismo se convertirá en ley siendo su promulgación automática. La no vinculante la otorga al Congreso o al Presidente de la Nación, en el ámbito exclusivo de sus competencias, consultar la opinión del pueblo sobre todo asunto de interés general para la Nación y a diferencia de lo que sucede con la anterior tipología el voto no es obligatorio. La ley reglamentaria (ley 25.432) sostiene que la consulta popular vinculante será válida y eficaz cuando haya emitido su voto no menos del 35% de los ciudadanos inscriptos en el padrón electoral nacional (art. 4).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Cada una de las distintas variantes de democracia participativa incorporadas a la Constitución tiene un grado de intensidad distinto en torno a la regla general determinada por la democracia representativa. En este sentido, la consulta popular vinculante es la que mayor énfasis representa puesto que permite sustituir totalmente el procedimiento para la formación y sanción de las leyes previsto por la Constitución argentina.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Mientras que el art. 39 enumera expresamente un conjunto de materias (reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal) prohibidas paras ser sometidas a la iniciativa legislativa popular, el art. 40 remite dicha cuestión a la ley reglamentaria en torno a las materias habilitadas y prohibidas para ser sometidas a la consulta popular. La ley 25.432 prohíbe que pueda ser sometida a consulta popular vinculante y no vinculante todo proyecto de ley cuyo procedimiento de sanción se encuentre especialmente reglado por la Constitución Nacional, mediante la determinación de la cámara de origen o por la exigencia de una mayoría calificada para su aprobación (arts. 1 y 6). De esta manera, de las cinco materias prohibidas por el art. 39 quedarían excluidas de la consulta popular vinculante y no vinculante las siguientes: a) el proceso de reforma constitucional; b) el otorgamiento de jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; c) la denuncia de instrumentos internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional; d) el establecimiento de tributos; e) aprobación o rechazo de tratado de integración. A estas cabría agregar las siguientes materias: a) leyes reglamentarias de la consulta popular y la iniciativa popular; b) ley convenio de coparticipación federal; c) leyes de partidos políticos y régimen electoral; d) funcionamiento de la Auditoría General de la Nación; e) establecimiento y modificación de asignaciones específicas de recursos provenientes de la coparticipación.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Si el art. 40 y la ley 25.432 nada dicen sobre la materia penal ¿Cómo interpretar dicha laguna en términos constitucionalmente razonables? La primera opción que aparece es apegarnos al texto constitucional y a la reglamentación legal argumentando que si la prohibición no está expresamente prevista entonces la materia penal está habilitada. Es una interpretación posible pero débil desde la óptica de la razonabilidad argumental. La segunda posibilidad es realizar una lectura integral de la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional sumando a las interpretaciones convencionales que realizan sus órganos de aplicación respecto de la materia penal, en general, pero particularmente de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo de las personas gestantes.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">La Constitución argentina desde 1853 establece en el art. 18 como una de las garantías fundamentales el principio de legalidad penal o de reserva de ley penal según el cual nadie puede ser juzgado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. En idénticos términos se expresa la Convención Americana sobre derechos humanos en el art. 9 y la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló una pacífica postura sobre que debe entenderse sobre la expresión “ley” dentro del contexto de un régimen de protección a los derechos humanos concluyendo que toda limitación debe establecerse por una ley adoptada por el Poder Legislativo conforme al mecanismo previsto por la Constitución. De esta manera, queda suficientemente evidenciado que en materia penal no es posible sustituir la intervención del Congreso mediante el uso de la consulta popular.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Si la ley 25.432 es constitucionalmente válida entonces sería desproporcionado que la consulta popular puede ser utilizada respecto de la Auditoría General de la Nación en cuanto se requiere para la sanción de una ley que regule su creación y funcionamiento la mayoría absoluta de cada Cámara, y a la vez, argumentar que si está habilitada para someter un proyecto de ley en materia penal. Más absurdo aún sería sostener que la ley que regula la consulta popular no podría ser sometida a dicho mecanismo (ya que exige para su sanción una mayoría especial) pero que la materia penal si está habilitada.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Desde otra óptica, sería una contradicción insalvable que la materia penal no esté habilitada para un mecanismo como la iniciativa legislativa popular que depende en última instancia del cumplimiento del procedimiento de formación y sanción de las leyes previsto por la Constitución, pero que si lo estuviese respecto de la consulta popular que en la variable vinculante implica la total sustitución del Congreso.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">En lo referido a la interrupción voluntaria del embarazo varios órganos de aplicación de los IIDH que tienen jerarquía constitucional le manifestaron más de una vez al Estado argentino que debía eliminar del ordenamiento interno la penalización del aborto voluntario puesto que de lo contario se violaban los derechos de las mujeres, las adolescentes y la niñas. Dicho mandato fue cumplido de forma progresiva sin regresión posible con la sanción de la ley de acceso a la interrupción del embarazo (ley 27.610) de forma conjunta con la sanción del ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (ley 27.611), lo cual inhibe al Estado argentino de la utilización del derecho penal mediante el mecanismo de la consulta popular. Entender los límites de la consulta popular posibilita comprender el funcionamiento del sistema democrático argentino, y a la vez, impide que se introduzca el decisionismo de principios de siglo 20 que tanto daño le hizo a la dignidad humana disfrazado de moderna deliberación democrática.</div></div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-31201267583928680462023-05-15T13:31:00.004-07:002023-05-15T13:33:52.614-07:00Federalismo, republicanismo y control de constitucionalidad<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">La Constitución
argentina establece en el art. 5 que las provincias deben dictar una
Constitución que establezca el sistema de gobierno representativo y republicano
-que fue el adoptado por la Constitución argentina en el art. 1- y que bajo
estas condiciones el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Existe un piso
mínimo determinado por la Constitución argentina, a partir del cual, cada
provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona una Constitución que responda
a las particularidades federales locales. Si de alguna manera dicho piso mínimo
es desconocido por las provincias, entonces el Estado federal cuenta con una
serie de instrumentos para hacer cesar o reparar esta vulneración. Uno de ellos
es el control de constitucionalidad ejercido por la Corte Suprema de Justicia
actuando a través de la competencia apelada extraordinaria una vez que las
instancias provinciales se expidieron, o bien, mediante su intervención en el
ámbito de la competencia originaria donde los justiciables acceden directamente
y sin ninguna escala previa al tribunal.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">En el orden
federal en relación a los límites impuestos por las Constituciones provinciales
a la posibilidad de reelección de gobernadores y vicegobernadores es posible distinguir
las siguientes alternativas:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Constituciones que prohíben la
reelección (ej. Mendoza, Santa Fe).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Constituciones que habiliten
de forma indefinida la reelección (ej. Santa Cruz, Formosa, Catamarca).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>* Constituciones que habilitan
una sola reelección consecutiva estableciendo expresamente como una regla
cerrada que el gobernador y el vicegobernador podrán ser reelegidos o sucederse
recíprocamente por un solo período consecutivo (ej. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, La Rioja).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Constituciones que habilitan
una o dos reelecciones consecutivas sin establecer como una regla cerrada la
prohibición de sucesión recíproca entre el gobernador y el vicegobernador (ej.
San Juan y Tucumán).<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Situados en el
ámbito del último grupo, veamos el texto de la Constituciones de San Juan y
Tucumán.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>El artículo 175 de la Constitución de San Juan
establece lo siguiente:<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">El Gobernador y el Vicegobernador
duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos
consecutivamente hasta dos veces</i>”.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">El artículo 90
de la Constitución de Tucumán expresa lo siguiente<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;">“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">El Gobernador y el Vicegobernador
duran cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos por un período
consecutivo. El Vicegobernador, aun cuando hubiese completado dos períodos
consecutivos como tal, podrá presentarse y ser elegido Gobernador y ser
reelecto por un período consecutivo. Si el Gobernador ha sido reelecto para un
segundo período consecutivo no puede ser elegido nuevamente, sino con el
intervalo de un período. Lo mismo resulta de aplicación para el cargo de
Vicegobernador</i>”.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Esta clase de
enunciado normativo, debido a su abierto entramado textual, deja abierta la
posibilidad de distintas interpretaciones constitucionales a la hora de
habilitar o inhabilitar ciertas candidaturas a gobernador y vicegobernador. Una
restrictiva consiste en aplicar como norma de cierre la imposibilidad de la
sucesión recíproca. La otra amplia deriva en habilitar la posibilidad, que
mediante la sucesión recíproca de los cargos de gobernador y vicegobernador,
una persona pueda permanecer ejerciendo el Poder Ejecutivo provincial<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>o bien siendo el reemplazante natural de
quien ejerce el Poder Ejecutivo provincial más allá del límite constitucional
fijado de una o dos reelecciones consecutivas. <o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Ante las
alternativas planteadas siempre debe prevalecer aquella que responda a la
lógica del límite republicano impuesta por el Convencional Constituyente
provincial al sancionar la Constitución local en consonancia con los artículos
1 y 5 de la Constitución argentina y los estándares interamericanos emergentes
de la Opinión Consultiva 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
especialmente, el referido al vínculo existente entre derechos humanos y
democracia sustancial.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">Siendo uno de
los instrumentos de garantía posible el control de constitucionalidad ejercido
por la Corte Suprema de Justicia tomando como parámetro los arts. 1 y 5 de la
Constitución argentina, como así también, las interpretaciones convencionales
emergentes de la Corte IDH su alcance se encuentra delimitado por los contornos
del federalismo argentino. El tribunal podrá inhabilitar una candidatura
habilitada en sede provincial cuando se haya usado para esto una interpretación
constitucional del texto constitucional local que rebalse los límites
republicanos impuesto por los Convencionales Constituyentes provinciales, pero
no puede en términos de federalismo constitucional, imponer una concepción
constitucional de republicanismo a las provincias que optaron por el sistema de
reelecciones indefinidas. En este punto, deseo expresar mi posición en torno a
las reelecciones indefinidas de cargos ejecutivos: <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">las considero nocivas para el sistema democrático por cuanto habilitan
la posibilidad de perpetuidad en el poder, impiden el desarrollo del pluralismo
político en una versión robusta y </b><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">ponen en
riesgo a las minorías</span></b><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">En la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Unión Cívica Radical
de la Provincia de Santiago del Estero c/<span style="mso-bidi-font-style: italic;">
</span>Santiago del Estero, Provincia de s/ <span style="mso-bidi-font-style: italic;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span>acción declarativa de
certeza</i>”<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> la
Corte Suprema de Justicia intervino para garantizar la interpretación
republicana del<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">articulo
152 y la cláusula transitoria sexta de la Constitución de la Provincia de
Santiago del Estero<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
respecto de la habilitación provincial de la candidatura a gobernador del
Doctor Gerardo Zamora resolviendo respecto del fondo del asunto -a pesar de la
renuncia de Zamora a su candidatura- que no estaba constitucionalmente
habilitado para competir por el cargo.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Los argumentos utilizados para justificar su intervención en competencia
originaria en relación al principio republicano fueron los siguientes:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">* No debe verse una intromisión indebida de la Corte Suprema de
Justicia puesto que el tribunal no está ejerciendo una facultad revisora de la
Constitución provincial, sino que <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">con
su intervención persi</span>gue el efectivo cumplimiento de las cláusulas
constitucionales provinciales que fueron vulneradas.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">* La intervención de la Corte Suprema de Justicia está
rigurosamente limitada a los casos en los que se evidencia un ostensible
apartamiento del inequívoco sentido que corresponde atribuir a las
constituciones locales, que en pleno ejercicio de la soberanía, se dieron los
pueblos de las provincias, y de esta manera, se lesionan instituciones fundamentales
de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema
representativo republicano y que las provincias se obligaron asegurar. Solo
ante situaciones de excepción, la actuación de la Corte Suprema de Justicia no
avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su
funcionamiento asegurando el acatamiento de aquellos principios superiores que
las provincias han acordado respetar en los términos previstos por la
Constitución argentina.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">¿Por qué
esta clase de planteos tramitan en la instancia originaria prevista por el
artículo 117 de la Constitución argentina? En primer lugar, porque una
provincia es el sujeto demandado y se plantea de “manera seria una cuestión
federal predominante”.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> En
segundo lugar, por cuanto de no admitirse la radicación de las actuaciones en
su instancia originaria –instituido como el ámbito procesal más idóneo- la afectación
del artículo 5 de la Constitución argentina quedaría irremediablemente
cristalizada con la realización del acto comicial provincial.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Esta lógica argumental utilizó la Corte Suprema de Justicia cuando
resolvió los casos “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y otro c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo</span></i><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">”<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Frente
para la Victoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/
amparo</span></i><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">”<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">En el primero estableció un conjunto de
argumentos complementarios a los invocados en “</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Unión Cívica Radical de la Provincia de
Santiago del Estero” </span></i><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">sobre el
alcance de la función jurisdiccional del tribunal cuando interviene en la
interpretación de normas constitucionales locales a la luz del principio
republicano, entre los que se destacan los siguientes<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="color: black; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></b></span><!--[endif]--></span></i></span></a><i style="mso-bidi-font-style: normal;">:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i></span><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">_ El sistema federal diseñado por la Constitución
argentina establece que las provincias conservan su autonomía absoluta en todo
lo relativo a los poderes no delegados, se dan sus propias instituciones y se
rigen por ellas sin intervención del gobierno de la Nación. Ellas deciden sus
regímenes electorales y eligen sus gobernadores, legisladores y demás
funcionarios y el gobierno central -en el que se incluye a la Corte Suprema
como autoridad federal- no puede intervenir en aquellos asuntos propios de la
autonomía provincial.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">_ La Constitución argentina sujeta la autonomía
provincial al aseguramiento del sistema representativo y republicano. Este
compromiso supone -entre otros rasgos constitutivos del orden republicano- el
ejercicio regular de las instituciones provinciales, de modo que las decisiones
del gobierno respondan a un mandato del pueblo evidenciado en procesos
electorales que deben buscar garantizar lo más fielmente posible <i>"la
efectiva vigencia del principio democrático de la representatividad
popular".<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: windowtext; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">En las causas </span><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-style: italic; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">“</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Evolución Liberal y otro c/ San Juan, Provincia de s/ acción
declarativa de certeza</span></i><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">”<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y
“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Partido por la Justicia Social c/
Tucumán, Provincia de s/ amparo</i>”<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, en
trámite ante la Corte Suprema de Justicia, el tribunal -en ejercicio de su
competencia originaria- debe resolver sendos planteos realizados sobre las interpretaciones
constitucionales de las normas provinciales que establecen límites a las
relecciones de los cargos de gobernador y vicegobernador efectuadas en el
ámbito local a la luz del principio republicano instituido por los
Convencionales Constituyentes provinciales. Ninguna novedad o anomalía si se
toman en cuenta los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en
los precedentes analizados. Aquello que distingue un caso del otro consiste en
que en “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Partido por la Justicia Social” </i>el
candidato a vicegobernador sobre el cual se basaba la impugnación
constitucional renunció a la su candidatura con lo cual resta esperar si el
tribunal declara abstracta la cuestión o considera que debido a los fundamentos
expresados en la contestación de la demanda debe dictar una sentencia de fondo
(tal como sucedió en el caso <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Unión Cívica Radical de la Provincia de
Santiago del Estero</i>”).</span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"> </i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Los antecedentes jurisprudenciales expuestos y las normas
constitucionales provinciales a ser interpretadas y resguardadas en sintonía
con el principio republicano, retornan los interrogantes sobre cuáles fueron
los motivos que llevaron a la Corte Suprema de Justicia a no resolver el fondo
de la cuestión antes de las elecciones provinciales que se realizarían el 14 de
mayo de 2023 cuando tuvo tiempo procesal suficiente <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>para hacerlo<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
y contrariamente, prefirió dictar una medida cautelar que suspendió las
elecciones para la categoría de gobernador y vicegobernador impidiendo a los
pueblos de San Juan y Tucumán ejercer plenamente la soberanía popular. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">Llegados a esta situación que la Corte Suprema de Justicia dicte
con celeridad las respectivas sentencias y posibilite que se realicen de forma
urgente las elecciones provinciales es un imperativo que también emerge del
principio republicano en sincronía con la autonomía provincial y la soberanía
popular.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Gil Domínguez, Andrés, “La Opinión Consultiva 28/2021 de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos: democracia sustancial, derechos
humanos y reelección presidencial indefinida”, Rubinzal-Culzoni online,
doctrina destacada gratuita, 6 de septiembre de 2021 y
http://underconstitucional.blogspot.com/2021/09/la-opinion-consultiva-2821-de-la-corte.html.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">CSJN Fallos 336:2148 (2013).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> Artículo 152: "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">El gobernador y vicegobernador ejercerán sus funciones por el término
de cuatro años, sin que evento alguno pueda motivar su prórroga. Podrán ser
reelectos o sucederse recíprocamente, por un nuevo período únicamente. Si han
sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para
ninguno de ambos cargos, sino con intervalo de un período</i>".
Disposición transitoria sexta: "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">El
mandato del Gobernador de la Provincia, en ejercicio al momento de sancionarse
esta reforma, deberá ser considerado como primer período</i>”.</span><span lang="ES" style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">La Corte Suprema de Justicia adoptó la decisión por
unanimidad y estuvo integrada por Fayt, Petracchi, Lorenzetti y Maqueda.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Considerando 10. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Considerando 20.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">CSJN </span><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Fallos: 336:1756; 342:171 (entre otros).</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> Op. cit.
2, co</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">nsiderando 10. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> CSJN
Fallos </span><span style="background: white; font-family: "Roboto",serif;">342:343
(2019).</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> CSJN
Fallos </span><span style="background: white; font-family: "Roboto",serif;">342:287
(2019).</span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Voto de Lorenzetti y Maqueda. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Considerando 8. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;">Considerando 9.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"> CSJ
561/2023 Originario. </span><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-family: Calibri; mso-bidi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"> CSJ 687/2023 Originario.</span><span lang="ES" style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/FEDERALISMO/REELECCION/Articulo%20Rubinzal%20Culzoni.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 10.0pt; line-height: 107%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Gil Dominguez, Andrés, <span class="MsoHyperlink"><a href="https://twitter.com/agildominguez/status/1656631509372092418">https://twitter.com/agildominguez/status/1656631509372092418</a></span>
y <span class="MsoHyperlink"><a href="https://twitter.com/agildominguez/status/1656716674773417988">https://twitter.com/agildominguez/status/1656716674773417988</a></span>.
<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div><br />agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-54805374017513691322023-04-29T06:15:00.001-07:002023-04-29T06:15:29.255-07:00Los límites constitucionales a la política económicaEn el amanecer de la campaña electoral que próximamente se desarrollará algunos precandidatos presidenciales ofertan un conjunto de medidas que chocan frontalmente con el modelo social y económico diseñado por la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, impedir que el Estado desarrolle políticas públicas activas en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales o que cumpla la función de regular los mercados son algunos de estos planteos.
En el paradigma argentino las normas que diseñan el orden socioeconómico no se ubican en un solo lugar, sino que por el contrario, se encuentran dispersas por distintos sectores de la Constitución y los IIDH. Debemos buscarlas, compaginarlas, interpretarlas y proyectarlas en temas concretos, teniendo especialmente en cuenta, las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y las decisiones adoptadas por los órganos que aplican los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Establecen un marco general habilitando distintas alternativas políticas dentro de un campo legalmente posible, y a la vez, fulminan con la invalidez a toda propuesta que se ubique por fuera de este radio normativo por más que alguna mayoría coyuntural intenta sostenerla. Veamos algunos ejemplos.
El art. 42 de la Constitución argentina le atribuye al Estado el deber de garantizar la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y el control de los monopolios legales y naturales. En este marco, tal como establece el art. 75 inc. 19 primer párrafo el Congreso al sancionar leyes debe proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social. Mientras que la Constitución de 1853-1860 acuñó un modelo liberal consagrando un orden socioeconómico con ausencia de regulación estatal, protección de la propiedad privada y garantía de libertad y comercio, la reforma constitucional de 1994 delimitó un paradigma de economía de mercado orientada a la satisfacción del sistema de derechos previstos en la Constitución y en los IIDH que incluye de manera indivisible e interdependiente a los derechos civiles y políticos, como así también, a los DESCA, lo cual descarta la idea de un mercado autosuficiente y un Estado ausente.
A lo expuesto se suma que el art. 2 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales establece que el Estado argentino está obligado a adoptar medidas “hasta el máximo de los recursos de que disponga” para logar progresivamente por todos los medios apropiados la plena efectividad de los DESCA contemplados en el tratado. El Comité de derechos económicos, sociales y culturales, interpretando el Pacto, sostuvo en la Observación General Nº 3 que un Estado para poder justificar el incumplimiento de las mínimas obligaciones internacionales contraídas alegando la falta de recursos disponibles tiene la carga de probar que realizó todo posible el esfuerzo para utilizar dichos recursos. Otro punto importante del tratado consiste en la progresividad de los DESCA lo cual implica que una vez alcanzado un estadio de reconocimiento se puede ampliar el radio de garantía pero no disminuir regresivamente su tutela; por ejemplo, la educación primaria y secundaria deben ser gratuitas, en tanto que, la educación superior si alcanzó la gratuidad no puede regresivamente ser arancelada.
Los DESCA son una materia que no podrá ser plebiscitada en el campo de la arena política como una opción o alternativa que permita elegir entre desarrollar políticas públicas con el objetivo de satisfacer las demandas sociales o no hacerlo. Se podrá debatir políticamente la manera en que se llevarán a cabo esta clase de acciones, pero queda fuera como opción constitucional y convencional posible, que la alternativa que se plantee sea: políticas públicas que desarrollen DESCA o ninguna clase de políticas públicas que efectivicen los DESCA. Los representantes del pueblo pueden elegir entre distintas alternativas, pero no están habilitados, a omitir toda clase de política pública.
En el ámbito de la Constitución socioeconómica argentina en referencia al valor de la moneda existen tres normas que determinan lo jurídicamente permitido y prohibido. El art. 75 de la Constitución instituye como atribución del Congreso en relación a la moneda los siguientes parámetros: a) establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda (inciso 6); b) Hacer sellar la moneda y fijar su valor (inciso 11); c) proveer lo conducente a la defensa del valor de la moneda (inciso 19). En este punto, la dolarización de la economía implicaría transferir las facultades otorgadas por el art. 75 de Constitución argentina al Congreso argentino al Congreso y al sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. La fórmula constitucional “Banco federal con facultad de emitir moneda + Facultad de sellar la moneda y fijar su valor + defender el valor de la moneda” arroja como resultado la obligación constitucional de tener una moneda propia. Por lo tanto, no es posible constitucionalmente hablando imponer como circulante obligatorio una moneda que no emite el Estado nacional, que no cuenta con el respaldo de las reservas locales y que implicaría la transferencia a un Estado extranjero de una herramienta vital para influir en los mercados y en la economía.
Juan Bautista Alberdi en su obra “El Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853” sostuvo que “…. Al legislador, al hombre de Estado, al publicista, al escritor, sólo toca estudiar los principios adoptados por la Constitución, para tomarlos como guía obligatoria en todos los trabajos de legislación orgánica y reglamentaria. Ellos no pueden seguir otros principios, ni otra doctrina económica que los adoptados ya en la Constitución, si han de poner en planta esa Constitución, y no otra que no existe” ¿Cuáles son actualmente algunos de estos principios en el ámbito del Estado constitucional y convencional de derecho argentino? Un Estado regulador del mercado que persigue el desarrollo humano con justicia social a través del sistema de derechos, defendiendo el valor de la moneda nacional mediante un Banco Federal y cumpliendo con las obligaciones internacionales contraídas en la materia. Dentro de esto todas las alternativas posibles que a los precandidatos presidenciales se les ocurra, fuera de esto la invalidez constitucional y convencional que descarta de plano toda clase de decisionismo anacrónico que desconoce la fuerza normativa de la supremacía constitucional y convencional.
agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-56569981552940244312023-04-17T11:16:00.002-07:002023-04-17T11:19:54.346-07:00Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y sistema electoral<p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">1._
Desde el albor autonómico establecido por la reforma constitucional de 1994, la
Ciudad de Buenos Aires desarrolló una práctica expansiva en varios frentes con
el objeto de consolidar su nuevo estatus.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en causa “<i>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad</i>”<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>, recogiendo precedentes
anteriores definió a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una “<i>ciudad constitucional federada</i>” y sujeto
del federalismo argentino. En consecuencia, la CABA ocupa junto a las
provincias el mismo lugar en la silueta del sistema federal argentino
titularizando idénticas potestades y competencias, y a la vez, teniendo
idéntica relación con el Estado federal.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
el ámbito de su autonomía política, la CABA ostenta plena competencia para disponer el sistema
electoral y los instrumentos de votación que considere más idóneos teniendo en
cuenta las particularidades locales.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
primera oportunidad posible fue en 1996 cuando se sancionó la Constitución
local donde estableció que una ley sancionada con mayoría de los dos tercios de
los miembros de la Legislatura debe establecer el régimen electoral (art. 69),
incorporó el ballotage para la elección del Jefe/Vicejefe o Jefa/Vicejefa de
Gobierno (art. 96) y determinó como deber del Jefa o Jefa de Gobierno convocar
a elecciones locales (art. 105 inciso 11). Nada dijo sobre el desdoblamiento, simultaneidad
pura o simultaneidad concurrente, ni tampoco sobre el instrumento de votación
que debía ser utilizado.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Recordemos
que el <i>desdoblamiento</i> habilita la
realización de las elecciones locales y nacionales en fechas distintas y
eventualmente con instrumentos de votación iguales o distintos, la <i>simultaneidad pura </i>posibilita la
realización de las elecciones locales junto con las nacionales a través del
mismo instrumento de votación (ej. boleta múltiple) y la <i>simultaneidad concurrente</i> viabiliza la realización de las elecciones locales junto
con las nacionales pero utilizando distintos instrumentos de votación (ej. para
la elección nacional boleta múltiple y para la elección local boleta única de
papel o electrónica). <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">2._
Algunas provincias establecieron a nivel constitucional la prohibición de la
simultaneidad de elecciones nacionales y locales. Otras lo hicieron a nivel legal.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a> <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
Constitución del Chaco determina que la elección del gobernador debe realizarse
en forma separada a las elecciones nacionales (art. 90 inc. 7). La Constitución
de Tierra del Fuego sostiene que las elecciones locales, en ningún caso, podrán
coincidir con elecciones nacionales a las que deberán anticiparse, por lo
menos, en tres meses (art. 202).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
ley electoral de la provincia de Tierra del Fuego ordena el desdoblamiento en
el supuesto que la lección local y la nacional coincidan (art. 43).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Otros
casos lo representan las provincias de Santa Fe y de Corrientes, en los cuales,
la simultaneidad de la elección del gobernador con la elección presidencial
está implícitamente impedida a partir de los plazos fijados para las
convocatorias y los de finalización de los mandatos.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">3._
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período 1996-2018 rigió el
sistema de desdoblamiento. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Las
primeras elecciones para Jefe o Jefa de Gobierno de 1996 y las elecciones de
2000 se realizaron de forma separa a las elecciones presidenciales por no
coincidir con el calendario nacional. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
2002 se sancionó la ley 875 que estableció lo siguiente: “<i>Artículo 1º. El Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de Jefe/a
de Gobierno, Vicejefe/a de Gobierno y Diputados/as de la Ciudad en fechas
distintas a la fijada por el Poder Ejecutivo Nacional<o:p></o:p></i></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><i><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">para elegir Presidente/a de la Nación
y Vicepresidente/a de la Nación</span></i><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">”. Esto posibilitó que en
2003, 2007, 2011 y 2015 las elecciones para Jefe/a de Gobierno se realizaran en
fechas diversas a las elecciones presidenciales.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
2018 se sancionó el Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
incorporó la posibilidad de realizar elecciones mediante el desdoblamiento, la
simultaneidad pura o la simultaneidad concurrente. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
art. 56 dispone que El Poder Ejecutivo local fija la fecha del acto electoral para todos
los cargos electivos locales y que CABA
puede celebrar los comicios locales en la misma fecha que otras
provincias y jurisdicciones de la República Argentina a fin de lograr el
establecimiento de una fecha federal común. Esto habilita al Jefa o Jefa
Gobierno a establecer de forma discrecional el sistema que considere oportuno y
conveniente.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
art. 60 establece que el Poder
Ejecutivo local podrá, en el decreto de convocatoria a elección de cargos
locales, adherir al régimen de simultaneidad de elecciones previsto en la Ley
Nacional Nº 15.262 y en el artículo 46 de la Ley Nacional Nº 26.571, o bien, si
lo considera necesario podrá suscribir los acuerdos pertinentes a efectos de
celebrar los comicios en la fecha prevista para las elecciones nacionales
utilizando un sistema de emisión del sufragio distinto al vigente a nivel
nacional.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;">Una primera conclusión consiste en que el </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Código
Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires faculta al Jefe o Jefa de
Gobierno a convocar a elecciones locales utilizado discrecionalmente el desdoblamiento,
la simultaneidad pura o la simultaneidad concurrente.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Llegado
a este punto: ¿Cuál de todos los sistemas es el que más robustece la autonomía
política de la Ciudad de Buenos Aires? Sin lugar a dudas aquel que garantice el
debate sobre los temas locales sin que estos queden subsumidos por las
cuestiones nacionales. En orden decreciente de importancia: el desdoblamiento y
la simultaneidad concurrente, ambos, con el mejor instrumento de sufragio que
se disponga. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
la República Argentina el sistema concurrente se utilizó en Salta (2017) cuando
convivieron la boleta partidaria en papel para las elecciones nacionales y la boleta
única electrónica para las elecciones provinciales y en Santa Fe (2013) donde
cohabitaron la boleta múltiple de papel para las elecciones nacionales con la
boleta única de papel para las elecciones para cargos municipales.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a> Se suma Santa Fe (2021) puesto que como
aporta Jorge Zárate la ley 13.333 habilita la posibilidad que el Poder
Ejecutivo local en caso de elecciones exclusivamente locales pueda adherir a la
elección nacional reservándose la potestad de utilizar la Boleta Única de Papel
entre otros instrumentos de sufragio.<a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></a> <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">4._
También el código electoral local dispone en el art. 111 como instrumento de
sufragio o votación local para todos los procesos electorales de cargos
públicos electivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (incluidos el
referéndum, la consulta popular y la revocatoria de mandato previstos por la
Constitución de la CABA) la Boleta Única tanto en la versión papel (BUP) o como
en la versión electrónica (BUE). Para la implementación de la BUE el Instituto de Gestión Electoral de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires debe cumplir con los requisitos impuestos por el art.
136 de código electoral loca que establece lo siguiente. “<i>Se denomina Sistema electrónico de emisión de Boleta al sistema de
emisión del sufragio mediante el cual el/la elector/a realiza la selección
mediante un dispositivo electrónico que permite la impresión y el registro
digital de dicha selección en una boleta papel, la cual deberá ser introducida
en la urna a los fines de la<o:p></o:p></i></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><i><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;">verificación
y el conteo de los votos</span></i><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;">”.<b> </b>Todo
esto en el marco regulado por el Capítulo III del Título Séptimo dedicado a la
oficialización de listas de candidatos y candidatas, instrumento de sufragio e incorporación de
tecnologías al proceso electoral. En este punto, es necesario aclarar que el
Instituto de Gestión Electoral como </span><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">ente autárquico creado en
el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
personería jurídica pública estatal, autarquía financiera e independencia
funcional (conforme lo establece el art. 1 de la ley 6031) titulariza solamente
la facultad de aprobar las tecnologías a ser incorporadas a los procedimientos
de emisión de sufragio con el sistema electrónico de emisión de boleta,
escrutinio, trasmisión y totalización de resultados (tal como lo dispone el
art. 4 inciso 9 de la ley 6031), pero bajo ningún punto de vista, tiene la
capacidad de disponer si se utiliza la boleta única electrónica que es una
competencia exclusiva el Jefe o Jefa de Gobierno.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNoSpacing"><o:p> </o:p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Una
segunda conclusión consiste en que la Boleta Única tanto en la versión papel
(BUP) o como en la versión electrónica (BUE) es el único instrumento de
sufragio o votación posible en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y esto implica, que sólo podrá haber simultaneidad de elecciones, en la medida
que, tanto en la elección nacional como en la elección local se utilice la Boleta
Única. En otras palabras, no puede haber elecciones simultáneas, si en la
elección nacional, no se utiliza como instrumento de sufragio la Boleta Única.
Lamentablemente, las elecciones de 2019 para Jefe o Jefa de Gobierno de la
Ciudad, legisladores locales y Juntas Comunales se realizaron simultáneamente
con las elecciones nacionales con boleta múltiple, lo cual constituyó una
objetiva conculcación del Código Electoral local que paso totalmente “desapercibida”.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">5._
Mediante el dictado del Decreto 109/23 del 11 de abril de 2023 el Jefe de
Gobierno dispuso convocar al electorado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y obligatorias, como así también, a
elecciones generales de forma concurrente con las elecciones generales
nacionales utilizando como instrumento de sufragio la Boleta Única Electrónica.</span></p><p class="MsoNoSpacing" style="text-align: justify;"><o:p> </o:p><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">¿Incurrió el Jefe de Gobierno en alguna transgresión constitucional o
legal? En ninguna por cuanto no excedió ninguna facultad, ni tampoco incumplió
la normativa vigente</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">¿Generó la decisión
del Jefe de Gobierno serias controversias políticas especialmente en el seno de
la colisión gobernante? Múltiples con efectos imposibles de pronosticar, pero
esto sucede cuando se conforman sistemas electorales e instrumentos de sufragio
que dependen de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y no están
constitucionalmente diseñados como una regla perdurable.</span></p><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><!--[if !supportFootnotes]-->
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;">
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;">CSJN 567/2021, 4 de mayo de 2021. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;">Pérez, Adrián,
Código Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Edición Comentada,
María Alejandra Perícola y Diego Sebastián Marías (Coordinadores), JUSBAIRES
Editorial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020, p. 206. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;">Ibídem, p.
203.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%;"><a href="file:///C:/Users/Andres/Documents/PROFESIONAL/GONZALEZ%20ADRIAN/2023/Art.%20Rubinzal-CABA-%20Autonom%C3%ADa%20y%20sistemas%20electorales.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 107%;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman",serif;"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman",serif; mso-ansi-language: ES;">Zárate, Jorge,
twitter: @JMZarate, 10 de abril de 2023 (10:06 horas).<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div><div style="mso-element: footnote-list;"><div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-67287471315819468372022-09-11T09:38:00.001-07:002022-09-11T09:38:49.578-07:00Libertad de expresión y discurso de odio<p> <span style="font-family: "Times New Roman", "serif"; font-size: 12pt; text-align: justify;">En
lo atinente a los límites razonables a la libertad de expresión e información
es posible distinguir dos modelos. El norteamericano sostenido por una intensa
defensa de los alcances de la libertad de expresión anclada en la Primera
Enmienda de su Constitución y el desarrollo de estándares muy rigurosos para
permitir alguna clase de restricción. El europeo que, en mayor o menor medida,
se basa en la protección de la dignidad humana como valor fundante del orden
constitucional lo cual habilita determinados límites a la libertad de
expresión.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
jurisprudencia de la Corte Suprema de EEUU presenta un estándar intenso de
protección de la libertad de expresión e información incluso ante manifestaciones
provocadoras, pudiendo ser sancionadas solo aquellas que tengan una intención
manifiesta de incitar a la violencia, y además, sean idóneas para hacerlo al
representar un peligro cierto e inminente de concreción.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">El
Consejo de Europa a través de la Recomendación Nº 97/1997 estableció que el
discurso de odio abarca “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">todas las formas
de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la
xenofobia, el antisemitismo y otras formas de odio racial y de intolerancia,
incluyendo: la intolerancia expresada a través de un nacionalismo agresivo y
etnocéntrico, la discriminación y la hostilidad contra minorías, los
inmigrantes y personas de origen inmigrante</i>”. La Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa en la<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Recomendación Nº 15/2015 definió al discurso
de odio como el “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">fo</i></span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">mento, promoción o instigación, en
cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una
persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de
estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona
o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de
“raza”, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad,
lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación
sexual y otras características o condición personales</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">”.
Es importante destacar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le otorgó un
contenido específico al discurso de odio diferenciándolo de aquellas conductas
encuadradas en el ámbito de la incitación a la violencia expresando que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“… la incitación al odio no requiere
necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto
delictivo…</i>” (caso “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Feret c. Bélgica</i>”/2009).
Por último, el modelo europeo, distingue entre el discurso intolerante (que se
subsume en la protección emergente de la <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>libertad de expresión) y el discurso de odio el
cual es sancionable penal, civil o administrativamente.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Si
bien existen puntos de contacto, el discurso de odio presenta características
distintas respecto del discurso negacionista. Este último es definido por
Teruel Lozano como el discurso manifestado por personas o grupos de personas
que por motivos ideológicos concretos y valiéndose de discutibles metodologías
académicas o pseudo-científicas pretenden negar o justificar graves genocidios
u otros crímenes contra la humanidad (siendo el movimiento del negacionismo del
Holocausto el más estructurado, lo cual motivó a países tales como Alemania,
Austria y Bélgica a penalizarlo).<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
el modelo constitucional argentino varios Instrumentos Internacionales sobre
derechos humanos que tienen jerarquía constitucional prohíben ciertas formas
del discurso de odio como límites a la libertad de expresión e información.
Vale la pena detenerse en dos de ellos. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos prohíbe expresamente toda “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">apología
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o
grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión,
idioma u origen nacional</i>” (art. 13. 4). El Pacto de Derechos Civiles y
Políticos prohíbe toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (art.
20.2). La Convención más cercana al modelo norteamericano. El Pacto más apegado
al modelo europeo.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
Relatoría de Libertad de Expresión (OEA), en el Informe Anual de 2004, sostuvo
en relación al discurso del odio que la Convención Americana presenta un
estándar mas alto de protección de la libertad de expresión e información que
el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en cuanto solamente habilita como
límite la <span style="color: black;">“incitación a una violencia ilegítima”</span>
(mientras que el Pacto abre el juego a la mera hostilidad). En este modelo, el
discurso de odio no habilita la censura previa y solo queda sometido a la responsabilidad
civil y penal ulterior. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Actualmente,
en el ámbito normativo argentino, existen provenientes del derecho penal dos
respuestas legislativas frente al discurso de odio. El art. 212 del código
penal reprime con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la
violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones (por el solo
hecho de la incitación). El art. 3 de la ley 23.592 reprime con <span style="background: white;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>prisión de un
mes a tres años a las personas que participen en una organización o realicen propaganda
basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de
personas de determinada religión, origen étnico o color, que tengan por objeto
la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en
cualquier forma. Además establece igual pena para quienes por cualquier medio
alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de
personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas.<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif";">El código penal
adopta, en general, una posición más cercana a las exigencias emergentes de la </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Convención Americana al establecer,
como única forma de limitación de la libertad de expresión, que se verifique una
conducta que incite a la violencia colectiva. La ley contra la discriminación,
en particular, se acerca más al modelo del Pacto de Derechos Civiles y
Políticos al habilitar como límite posible a la libertad de expresión el mero
aliento o incitación al odio. Ante un caso concreto: ¿Cuál prevalece? Por el
criterio de especialidad: la ley 23.592. Por el principio de la norma más
favorable a la persona: ¿el código penal?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
debate público sobre la libertad de expresión y el discurso de odio ofrece referencias
constitucionales, convencionales y legales que habilitan un marco deliberativo
razonable, destierra los temores de la trampa autoritaria y evita que algunos “defensores
de la libertad de expresión” caigan en el ridículo oxímoron de negarse al
intercambio argumental para proteger eficazmente la posibilidad de expresarnos.</span>
<o:p></o:p></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-14072322737521124772022-01-18T04:01:00.004-08:002022-01-18T04:01:43.581-08:00La reforma judicial como política pública<p> </p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Que el Poder Judicial federal y la Corte Suprema de
Justicia no funcionan como deberían funcionar es parte de un diagnóstico
compartido por múltiples sectores. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Una primera razón radica en el anclaje analógico de
su estructura que el impacto de la pandemia desnudó con sentida crudeza. Otro
motivo se visualiza en la obsesiva negativa de analizar la incorporación de las
distintas alternativas tecnológicas que ofrece la Cuarta Revolución Industrial.
También el mito endogámico basado en que las reformas solo pueden provenir del
propio Poder Judicial (cuando es el Congreso el órgano constitucional encargado
de diseñarlas) unido al tabú freudiano de que toda propuesta de estas
características violenta su existencia independiente. Por último, no advertir
en pleno siglo 21, que tal como lo sostiene Richard Susskind la administración
de justicia es un servicio y no un lugar físico sacralizado que se expresa con
un lenguaje “técnico” que no entiende nadie.</span><span style="font-family: "Cambria","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El problema del funcionamiento del Poder Judicial
radica en un sistema anacrónico no en quienes lo integran. No es un problema de
nombres, es un problema de sistema. Muchos jueces y juezas individualmente
generan a diario resultados positivos, pero al final del día, es el sistema el
que adolece de fallas terminales. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Si la Corte Suprema de Justicia no funciona como
debería funcionar, esto no responde a la actual integración sino al sistema
sobre la cual actúa; con otra integración de cinco miembros funcionaría igual. Un
tribunal ampliado no va a funcionar mejor si no se cambia el sistema, a la vez
que, la actual composición podría funcionar mejor con otro diagrama orgánico
incorporando innovación tecnológica. Por eso, es necesario evitar caer en la
trampa que propone la “falacia del mal funcionamiento”, la cual sobre la base
de un diagnóstico objetivo, en realidad, solo trata de cambiar la composición
de un tribunal para incorporar jueces y juezas afines en vez de modificar el
sistema en su totalidad.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Una reforma judicial en serio como política pública
basada en acuerdos políticos sustentables debe contemplar, con lógica
sincrónica, desde el momento que una persona se inscribe en un concurso para el
cargo de juez o jueza ante el Consejo de la Magistratura hasta el momento que
la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo en cualquier causa (las “relevantemente
públicas” o las “todos los días”).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Las personas individual o colectivamente titularizan
el derecho de expresarse y de peticionar ante la autoridades (incluido el Poder
Judicial) en plurales sentidos sin que esto puede discutirse desde la
perspectiva constitucional y del espectro irradiante de los derechos humanos.
Esto no inhibe que se pueda analizar con sentido crítico el sentido de la
convocatoria de una marcha contra la actual integración de la Corte Suprema de
Justicia y su aporte efectivo al mejoramiento del funcionamiento del Poder
Judicial. En términos prácticos, esta forma de ejercicio del derecho de
protesta no implica ningún aporte a una deliberación democrática medianamente
razonable puesto que sigue creyendo que el problema son los nombres y no el
sistema. En términos constitucionales, equivoca el camino por cuanto la estabilidad
de los jueces de la Corte Suprema de Justicia está otorgada por la Constitución
y solo mediante el juicio político pueden ser removidos. En términos políticos,
agiganta la irracionalidad de una “grieta” que alimenta el mal funcionamiento
del Poder Judicial, a la vez, que legitima respuestas formalistas sin
propuestas concretas de reformas integrales que, en el fondo y por diversos
motivos, se sienten cómodas con el actual funcionamiento de la justicia. En
términos simbólicos, abroquela aún más la endogamia del Poder Judicial ante el
desafío de la transformación. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Con marcha, contramarcha o solicitada no vamos a
hacernos cargo en serio de la actual disfuncionalidad del Poder Judicial. Eso
sí, los que no quieren de ambos lados de la “grieta” por distintos motivos
ninguna reforma podrán sentirse satisfechos. Seguimos discutiendo nombres,
lugares, formalismos “bobos” pero nunca un cambio sustancial e integral del
sistema de justicia. Así estamos, así nos va.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-39991962454884417842021-12-26T06:50:00.001-08:002021-12-26T06:50:23.174-08:00El caso “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires”: equilibrio, exhortaciones y plazos<p>S<span style="font-size: 12pt; text-align: justify;">umario: I._ Introducción. II._ El
“equilibrio” de los estamentos en la composición del Consejo de la
Magistratura. III._ ¿Sentencia exhortativa o decisión jurisdiccional mixta?
IV._ La Corte Suprema de Justicia y los plazos de resolución de las causas. V._
A modo de conclusión.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">I._ Introducción.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
Corte Suprema de Justicia en la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Colegio
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/ PEN –ley 26.080- dto 816/99
y otros s/ proceso de conocimiento</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en lo
referente a la regulación de la integración del Consejo de la Magistratura de
la Nación por ser contraria al mandato constitucional previsto por el art. 114
de la Constitución argentina respecto del “equilibrio” que debe verificarse
entre los distintos estamentos que la componen. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En lo atinente al aspecto
resolutivo de la sentencia, la mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
exhortó al Congreso de la Nación a que un plazo razonable dicte una nueva ley
que responda a la interpretación constitucional delimitada, y a la vez,
estableció un plazo de 120 días corridos para que se restablezca el sistema de
integración, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">quorum</i> y mayorías previsto
por la ley 24.937 (según el texto de la ley 24.939) que disponía una
integración de veinte miembros y la presidencia permanente del Consejo de la
Magistratura a cargo del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y que fuera
derogada en 2006 por la ley 23.068. En tanto que la minoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
exhortó al Congreso de la Nación a que un plazo razonable -que no puede exceder
el año- dicte una nueva ley que siga la interpretación constitucional
delimitada, y que si esto no ocurre, la Corte Suprema de Justicia quedará en
condiciones de decidir la manera de implementar la garantía de la independencia
del Poder Judicial.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
objeto del presente artículo consiste en analizar el alcance de la sentencia en
lo referente a la exigencia constitucional del “equilibrio estamental” previsto
por el 114 de la Constitución argentina, los alcances de las sentencias
exhortativas y la ausencia de plazos procesales de resolución de las causas que
llegan a su conocimiento de la Corte Suprema de Justicia.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II._ El “equilibrio” de los
estamentos en la composición del Consejo de la Magistratura.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II.1 Antes de la reforma
constitucional de 1994, la selección, designación y remoción de los jueces y
juezas federales, nacionales y de la Corte Suprema de Justicia estaba regida
por un sistema político puro que dependía exclusivamente de la voluntad del
Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. En este esquema, la gestión del Poder
Judicial quedaba en sus manos asumiendo una doble función: el dictado de sentencias
y la administración de su funcionamiento.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La reforma constitucional
de 1994 con la incorporación del Consejo de la Magistratura persiguió como
objetivos despolitizar el mecanismo de selección, designación y remoción de los
jueces y juezas incorporando aspectos profesionales tales como los concursos
públicos y la elaboración de una terna vinculante para el Poder Ejecutivo,
optimizar la administración del Poder Judicial y la ejecución presupuestaria
asignada por ley poniéndola en cabeza de dicho órgano, como así también, mejorar
la prestación eficaz del servicio de justicia mediante el dictado de las normas
necesarias y el eficaz ejercicio de las facultades disciplinarias respecto de
los jueces y juezas.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La incorporación de un
“órgano extraño” a la fisonomía constitucional argentina con facultades
innovadoras y trascendentes obligaba a que la integración tuviera una
composición que pudiera concretar los objetivos planteados. Utilizando la peor
alternativa de todas las que ofrece la “ingeniería constitucional” cuando se
redactan normas de organización del poder, los Convencionales Constituyentes,
en vez de sostener<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la integración del
Consejo de la Magistratura como una regla cerrada (tal como sucedió en 1996 con
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) establecieron que dicho
órgano se componía de modo tal que se procurara el equilibrio entre los
distintos estamentos (abogados y abogadas de la<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>matrícula federal, órganos políticos resultantes de la elección popular
y jueces y juezas de todas las instancias) y para agregar más incertidumbre
utilizaron el término “asimismo” al referirse al estamento de las personas
provenientes del ámbito académico y científico. Por último, para terminar de
cerrar el incierto paquete delegaron en el Poder Legislativo la tarea de
definir que se entendía por equilibrio mediante la sanción de una ley que al
requerir una mayoría agravada (la mayoría absoluta) obligaba a tener que
alcanzar acuerdos políticos en el Congreso (materia que no abunda en estas
tierras).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Con la sanción de las
leyes 24.937 y 24.939 fueron 19 y 20 los integrantes. Con la sanción de la
actual ley 26.080 son 13 los miembros que lo componen. La ley 26.855 que fue
declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el trascedente
caso “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Rizzo</i>” postulaba 19 miembros.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo elaborado durante la presidencia de
Mauricio Macri preveía 17 miembros. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo
elaborado durante la actual presidencia de Alberto Fernández propone 17 miembros
En todos los casos existieron o se propusieron integraciones compensadas o
descompensadas con sesgo corporativo pero jamás equilibradas en términos
constitucionales. Justamente una de las razones del fracaso del Consejo de la
Magistratura –pero no la única-<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>se
encuentra reflejada en haber errado una y otra vez con la integración
equilibrada del órgano.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En el Informe Final del
Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio
Público (ex “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Comisión Beraldi</i>”) la
mayoría del cuerpo propuso que el Consejo de la Magistratura estuviera
integrado por 16 miembros distribuidos de forma igualitaria entre sus cuatro
estamentos (con 4 cargos para cada uno) respetándose la paridad de género y el
federalismo. En relación a la representación del ámbito científico y
tecnológico se sugirió la integración del mismo con miembros que no solo
provengan del derecho sino también de otras profesiones y especialidades (por
ejemplo personas especializadas en tecnología, inteligencia artificial y blockchain)
que tanta falta hacen para modernizar un Poder Judicial analógico con aroma a
naftalina.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II.2
En la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Rizzo Jorge Gabriel
(apoderado Lista 3 Gente de Derecho) si acción de amparo cl Poder Ejecutivo
Nacional, ley 26.855, medida cautelar</i>” <a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
la mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
de la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar la inconstitucionalidad de
los artículos 2, 4, 18 y 30 de la ley 26.855 y del decreto 577/13 que reformando
la ley 23.068 había establecido una nueva composición del Consejo de la
Magistratura y un<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>mecanismo de
designación de los miembros de los estamentos sometido a la elección del cuerpo
electoral.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Al
analizar el alcance del término equilibrio la mayoría en su voto conjunto
sostuvo lo siguiente:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*….A
su vez, en el precepto no se dispone que esta composición deba ser igualitaria
sino que se exige que mantenga un equilibrio, término al que corresponde dar el
significado que usualmente se le atribuye de “contrapeso, contrarresto, armonía
entre cosas diversas” (…).<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*…La
concepción de los constituyentes que aprobaron el texto sancionado fue mantener
en el Consejo un equilibrio entre sectores de distinto origen sin que exista
predominio de uno sobre otros. Es decir que ningún sector cuente con una
cantidad de representantes que le permita ejercer una acción hegemónica
respecto del conjunto o controlar por sí mismo al cuerpo.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los
votos concurrentes también hicieron su aporte argumental expresando lo
siguiente:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*…
Al mismo tiempo establece que entre ellos debe existir un equilibrio, entendiéndose
por tal la situación en que ninguno de ellos tenga por sí solo un predominio
sobre los restantes.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">*… La idea de los
constituyentes fue, pues, que una representación no predomine sobre las otras,
es decir que no ejerza una acción hegemónica del conjunto o que no controle por
sí misma al cuerpo. Es éste el único modo de preservar el sistema organizado en
el artículo 114 de la Constitución para evitar la fractura del balance que la
Convención de 1994 juzgó apropiado para mantener el Poder Judicial a la
distancia justa de los otros dos poderes que expresan más directamente la
representación democrática.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II.3 En la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Monner Sans, Ricardo el EN - Secretaría
General Presidencia y otros si amparo le¥ 16.986</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
la mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el planteo de
inconstitucionalidad realizado contra la ley 26.080 por ser contraria al art.
114 de la Constitución argentina al no establecer una composición igualitaria
de los estamentos del Consejo de la Magistratura.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Al
analizar el alcance del término equilibrio la mayoría en su voto conjunto
sostuvo lo siguiente:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*…L</span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">a
tesis de la recurrente -que postula una hermenéutica que solo admite como
reglamentación legislativa válida la que exige una participación igualitaria de
todos los estamentos-<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>es
constitucionalmente objetable; y esta comprensión equivocada ha llevado a que
el demandante no haya realizado demostración alguna de que la composición del
órgano establecida por la ley 26.080 (…) legitime una acción hegemónica o
predominio de uno de los estamentos por sobre el otro, omisión argumentativa
que deja sin ninguna clase de sostén el planteo constitucional ventilado.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
voto concurrente de Argibay se extiende más allá del rechazo de planteo de
inconstitucionalidad por omisión de representación estamental igualitaria y
confirma la validez constitucional de la integración dispuesta por la ley
26.080 en los siguientes términos:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">*Sin embargo, la demostración de que la ley otorga predominio a un
sector, cuando tal circunstancia no es claramente manifiesta como lo era en
“Rizzo”, exige no solo mostrar la diferencia numérica de los componentes de
cada representación, sino también tomar en cuenta el peso que dicho número
puede tener en la toma de decisiones, es decir, en la conformación de las
mayorías necesarias. Las argumentaciones de la parte actora no son persuasivas
en este punto, pues no generan la convicción de que la ley 26.080 ha
transgredido la prohibición de acordar a uno de los sectores representados en
el Consejo de la Magistratura la posibilidad de ejercer por sí solo las
atribuciones de todo el cuerpo. En particular, han subestimado el hecho de que
la representación política, según la ley 26.080, está fragmentada en
representantes de la mayoría y de la primera minoría en la Cámara de Diputados
y en la Cámara de Senadores. Esta circunstancia y el hecho de que ciertas
decisiones exigen una mayoría calificada, determina la necesidad de que las
mayorías deban ser siempre el resultado de coaliciones cruzadas entre sectores
de las diversas representaciones.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*Es inocultable, por cierto, que la
ley 26.080 incrementa la exposición del Consejo de la Magistratura al riesgo de
funcionamiento anticonstitucional al acortar la distancia que debe recorrer el
sector político para alcanzar una mayoría consolidada, mediante, por ejemplo,
un acuerdo entre los representantes de mayoría y minoría que desdibuje su
independencia de actuación parlamentaria. Sin embargo, se trata ésta de una
situación hipotética que no demuestra la inconstitucionalidad manifiesta de la
ley, materia propia de una acción declarativa como la presente. En su texto, la
ley no traspone el límite establecido por esta Corte en el precedente “Rizzo”,
pues, al debilitar a la mayoritaria representación política, impide afirmar que
le adjudica a esa parcialidad el poder de tomar las decisiones del Consejo de
manera hegemónica respecto de las otras representaciones principales
mencionadas en el artículo 114 de la Constitución.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>II.4 En la causa “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos
Aires</i>”, la Corte Suprema de Justicia hospeda su decisión en los precedentes
existentes (salvo el voto de Argibay en “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Monner
Sans</i>”) al utilizar los siguientes argumentos: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">* El equilibrio no es lo mismo que la igualdad. El equilibrio implica
una tendencia </span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: Calibri;">una tendencia a compensar lo
que no es igual, estableciendo una relación en la que los diferentes
componentes se articulan para contrarrestar el peso de los demás. La igualdad
expresa de modo directo la conformidad o correspondencia de fuerzas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Conforme surge de los debates de
la Convención Constituyente de 1994, la jurisprudencia de la Corte Suprema, la
doctrina constitucional argentina (representada por Germán J. Bidart Campos) </span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: Calibri;">si bien pueden existir diferencias en
el número de representantes de los distintos estamentos -en tanto no se exige
una igualdad aritmética- esas diferencias no pueden permitir que ninguno de
ellos tenga predominio o se imponga sobre los demás lo cual derivaría en una
composición desequilibrada en favor de ese estamento. Por dicho motivo, la guía
o umbral que no puede ser transgredido por una ley se basa en el estándar de
interdicción de predominio o hegemonía que prohíbe que un estamento se imponga
a otro en las decisiones relevantes que adopte el Consejo de la Magistratura.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: Calibri;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>*
El art. 114 exige el equilibrio entre los distintos estamentos con
prescindencia de las afiliaciones partidarias o preferencias políticas de los
representantes de cada uno de ellos, lo cual se vincula con el aspecto estático
o estructural del órgano. Basta con que la composición del Consejo de la
Magistratura sea estructuralmente desequilibrada desde esta perspectiva para
que la Constitución sea transgredida. Es la mera posibilidad de que se
verifiquen acciones hegemónicas entre los estamentos la que rompe el equilibrio
constitucional.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
</span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;">II.5 </span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En el
marco constitucional expuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, el Congreso puede sancionar una ley orgánica del Consejo de la
Magistratura que le otorgue a todos los estamentos la misma cantidad de
miembros (equilibrio como igualdad) o bien que determine un número distinto por
estamento sin que ningún de estos pueda prevalecer sobre los otros (equilibrio
como evitación de la hegemonía estamental). Sin lugar a dudas, la primera
opción responde con mayor grado de racionalidad al equilibrio instituido por el
art. 114 de la Constitución tal como lo recomendó el Consejo Consultivo para el
Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público (ex “Comisión
Beraldi”) en su Informe Final. Si bien equilibrio no es sinónimo de igualdad,
la igualdad estamental es la fórmula que mayor garantiza el equilibrio.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II.7 La Corte Suprema de
Justicia analizó desde la perspectiva formal la integración del Consejo de la
Magistratura a la luz de la ley 26.080 concluyendo que respecto </span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: Calibri;">del régimen de integración, <i style="mso-bidi-font-style: normal;">quorum</i> y mayorías el estamento político
cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar acciones
hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos
conculcando el equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución argentina.
Nacional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: Calibri;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>El estamento político al contar con un total
de siete representantes -seis legisladores y un representante del Poder
Ejecutivo- tiene <i style="mso-bidi-font-style: normal;">quorum</i> propio y la
mayoría absoluta del cuerpo, lo que le permite poner en ejercicio, por sí solo
y sin la concurrencia de ningún representante de otro estamento, todas aquellas
potestades del Consejo de la Magistratura para las que no se ha fijado una
mayoría agravada, entre otras <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>a) dictar
su reglamento general; b) dictar los reglamentos que sean necesarios para ejercer
las facultades que le atribuye la Constitución<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>y la ley a fin de garantizar una eficaz prestación del servicio de
administración de justicia; c) designar los integrantes de cada comisión; d) reglamentar
los procedimientos de los concursos públicos para la cobertura de vacantes
judiciales; e) instruir a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela
Judicial para que proceda a la convocatoria a concursos con anterioridad a la
producción de vacantes; f) dictar los reglamentos, para la subrogancia de jueces;
designar a su presidente y vicepresidente; g) designar y remover al
administrador general del Poder Judicial y a otras autoridades del Consejo; h)
aplicar sanciones disciplinarias a los magistrados</span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>A dichos argumentos, se suma que el funcionamiento
concreto del órgano constitucional durante el período de vigencia de la ley
26.080 mostró una serie de falencias que ponen seriamente en riesgo la
independencia del Poder Judicial en varios aspectos concretos. <a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES-TRAD" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-TRAD; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">III._ ¿Sentencia exhortativa o
decisión jurisdiccional mixta?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Las
sentencias exhortativas pertenecen al género de la cosa juzgada constitucional
intermedia compuesto por las decisiones jurisdiccionales que exceden el binomio
de la validez/invalidez constitucional y convencional de una norma que ha sido
cuestionada mediante un proceso judicial. Esta tipología intenta dinamizar por
igual el principio de deferencia democrática al legislador por parte del Poder
Judicial, el diálogo deliberativo entre los poderes y la legitimidad argumental
que ostenta una Corte Suprema de Justicia. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una
de sus manifestaciones se concreta con el dictado de una sentencia en un caso
devenido abstracto pero mediante la cual el tribunal actuante desea fijar
determinados criterios a efectos de evitar reiteraciones inconstitucionales e
inconvencionales que puedan suscitarse en el futuro (tal como sucedió en los
casos </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">F.A.,L</i>.”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Acuerdo para el Bicentenario</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a></i>).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Otra forma de expresarse se verifica
con el dictado de una sentencia que declara la invalidez de una ley, el posterior
reenvío al Congreso para que sancione una nueva ley conforme a los parámetros
constitucionales y convencionales expresados por la Corte Suprema de Justicia
en un plazo razonable (indeterminado o precisado), y si el Congreso omite
cumplir con la exhortación de normar o lo hace de manera defectuosa, la Corte
Suprema de Justicia dicta un nuevo fallo donde, en base a su previa
argumentación, repara definitivamente la inconstitucionalidad y/o
incovencionalidad detectada (tal como aconteció en los casos “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Badaro I</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y
“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Badaro</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">II</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>).<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el presente caso, más allá que </span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">el voto de la minoría se encuadra con
mayor precisión en la lógica procedimental del modelo de sentencias
exhortativas desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, surge del voto mayoritario una objetiva inconsistencia en cuanto
establece un suerte de mixtura entre el esquema de sentencia exhortativa sumado
aun plazo fatal de restablecimiento normativo de una norma derogada en 2006 que
podría derivar en un esquema insustancial de razonable concreción.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Mucho más aún si el camino propuesto es volver a una integración de veinte
miembros que fracasó en el pasado donde el presidente de la Corte Suprema de
Justicia preside el Consejo de la Magistratura, lo cual vulnera el mandato
constitucional que dicho órgano se ocupe de la administración del Poder
Judicial justamente para despejar la tarea de la Corte Suprema de Justicia.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">IV._ La Corte Suprema de Justicia y los plazos de resolución
de las causas. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó sentencia
declarando la inconstitucionalidad de la ley 26.080 en la presente causa el 19
de noviembre de 2015 y la Corte Suprema de Justicia resolvió definitivamente el
tema el 16 de diciembre de 2021. En dicho período fueron resueltos los casos “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Rizzo</i>” y “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Monner Sans</i>”. En dicho contexto, no parece apropiado el exiguo
plazo de 120 días corridos otorgados al Congreso para sancionar una nueva ley
cuya imposibilidad de cumplir genera,<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>entre otras consecuencias, el significativo empoderamiento del
presidente de la Corte Suprema de Justicia (presidente del tribunal que tiene
la última palabra con tres votos de sus miembros sumado a presidente del
Consejo de la Magistratura que administra al Poder Judicial) cuando la Corte
Suprema de Justicia demoró caso seis años en dictar sentencia.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los
abogados y abogadas tenemos plazos procesales fatales. Los jueces y juezas
anteriores tienen plazos procesales determinativos. La Corte Suprema de
Justicia no tiene plazos, ni agenda de casos institucionales, ni orden
cronológico reglado ¿Es razonable en términos constitucionales y convencionales
que una Corte Suprema de Justicia pueda utilizar con tal grado de
discrecionalidad la cronoterapia procesal como un superpoder político? ¿Cómo se
sostiene la razonabilidad estructural de un sistema de control judicial que
demora tanto tiempo en declarar inválida una ley fundamental para que la
justicia funcione mejor generando las respuestas que la sociedad demanda? <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Una Corte Suprema de
Justicia sin plazos es como un sistema de derechos sin garantías.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">V._ A modo de conclusión.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
respuesta la tiene el Congreso: nueva ley en menos de 120 días sobre la base
del acuerdo político del oficialismo y la oposición o restablecimiento de la
ley 24.937 con su correctiva ley 27.939 para volver a un esquema disfuncional. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">CSJN Fallos CAF 29053/2006/CAI-CS1,
16 de noviembre de 2021.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Integrada por Maqueda, Rosenkrantz y
Rosatti.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Integrada por Lorenzetti.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">CSJN Fallos 336:760 (2013) <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Integrada por Lorenzetti, Fayt,
Highton de Nolasco, Maqueda (voto conjunto) más Petracchi y Argibay (cada uno
según su voto)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 18. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 25. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 7. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 9. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">CSJN Fallos 337: 166 (2014). <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Integrada por Lorenzetti, Fayt,
Highton de Nolasco, Maqueda, Petracchi (voto conjunto) más Zaffaroni<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y Argibay (cada uno según su voto)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 6.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 8.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 9.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 7 del voto conjunto. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 9 del voto conjunto. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 15 del voto conjunto.
En este punto, la Corte Suprema de Justicia descarta una versión<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>empírica de interpretación constitucional
como propone Mauro Benente en un interesante hilo expuesto en Twitter (@MauroBenente)
a través del cual sostuvo que según las investigaciones empíricas que realizó
no encontró ninguna resolución en las que los 7 representantes del estamento
político hayan votado en bloque y los restantes 6 en disidencia en 15 años de
vigencia de la ley 26. 080 (punto 7.3 del hilo).<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span></p></div><div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerandos 11 y 12 del voto
conjunto.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Considerando 9 del voto de
Lorenzetti.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
CSJN Fallos 335:197 ( 2012).<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn22" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">CSJN Fallos 340:914 (2017). <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn23" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
CSJN Fallos 334:809 (2021).<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn24" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
CSJN Fallos <span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">329:389 (2006).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn25" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">CSJN Fallos 330:4866 (2007).<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn26" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20DE%20LA%20MAGISTRATURA/Comentario%20al%20caso%20Colegio%20de%20Abogados-2021-CSJN.docx#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;">Rizzo, Jorge, “El fallo sobre el
Consejo: ¿nueva ley o nulidades?”, Infobae, opinión, 16 de diciembre de 2021.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-88545983228528010482021-09-07T07:37:00.002-07:002021-09-07T07:37:28.391-07:00La Opinión Consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: democracia sustancial, derechos humanos y reelección presidencial indefinida<p> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">I._
Introducción.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La República de Colombia presentó
una solicitud de Opinión Consultiva sobre la figura de la reelección
presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. Uno de los motivos de la consulta fue la diversidad de posturas
existentes en los países del continente en relación con la aplicación de la
figura presidencial, con lo cual la Corte IDH al habilitar la tramitación de la
Opinión Consultiva y resolver las cuestiones planteadas reafirmó, una vez más,
la doctrina de la fuerza normativa convencional respecto de la doctrina del
margen de apreciación nacional. En otras palabras, la falta de un “consenso
interamericano” sobre la materia no habilita a cada Estado a optar por
distintos sistemas, sino que por el contrario, a la luz de la normatividad
convencional la Corte IDH estableció un estándar preciso en el marco de la
triada “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Democracia-Estado de Derecho-
Protección de los Derechos Humanos</i>”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Las preguntas formuladas por la
República de Colombia y resignificadas por la Corte IDH que habilitaron la
consulta se agruparon en dos supuestos diferenciados. El primero referido a la
existencia o inexistencia de un derecho humano a la reelección presidencial
indefinida y los alcances de una posible restricción. El segundo vinculado con
la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. Las respuestas convencionales
que la Corte IDH realizó a cada uno de ellos produjo un efecto normativo
distinto, en cuanto que el análisis existencial del delimitación del derecho
humano a la reelección presidencial indefinida se ubica en la esfera de la
titularidad y ejercicio de los derechos de quien busca ser reelecto o del
cuerpo electoral, mientras que la verificación de compatibilidad genera
obligaciones convencionales de adecuación de los Estados parte en ejercicio del
control de convencionalidad interno.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Las
preguntas a ser evacuadas por la Opinión Consultiva fueron las siguientes:<o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><u><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Primer supuesto</span></u><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">: ¿Es la reelección presidencial
indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos?¿Resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección
presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que
busca ser reelegido o por restringir los derechos políticos de los votantes? ¿Es
la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de
los derechos políticos que resulta acorde a los principios de legalidad,
necesidad y proporcionalidad de conformidad con la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en la materia? <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><u><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p><span style="text-decoration: none;"> </span></o:p></span></u></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><u><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Segundo supuesto</span></u><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">: ¿Es la reelección presidencial
indefinida compatible con la existencia de la democracia representativa en el
sistema interamericano de protección de derechos humanos? <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
Corte IDH definió con precisión el alcance conceptual de la reelección
presidencial indefinida estableciendo que se la entiende en el marco de un
sistema político presidencial<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> -donde
la duración del mandato del Presidente no está condicionada al apoyo de otro
poder del Estado sino que depende del tiempo que la ley establezca- <a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>como “la<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>permanencia en el cargo de la persona que ejerza la Presidencia de la
República por más de dos períodos consecutivos de duración razonable. Esta
duración no podrá ser modificada durante la vigencia del mandato de aquél en el
marco de un sistema político presidencial”.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> La
Opinión Consultiva no se refiere a la relección indefinida de otros cargos
distintos a la Presidencia, ni a la posibilidad de la reelección presidencial
en general cuando no tenga carácter de indefinida.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Por
último, la Corte IDH estableció que la Opinión Consultiva no se refería a
sistemas parlamentarios.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> de
la Corte IDH al emitir la Opinión Consultiva 28/21 concluyó que:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">*
La reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano autónomo
protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">corpus iuris</i> del derecho internacional
de los derechos humanos. <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; margin-bottom: 10.95pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">* La
prohibición de la reelección indefinida es compatible con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre y la Carta Democrática Interamericana. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">*
La habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los
principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones
establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II._
Las Opiniones Consultivas y el control de convencionalidad externo e interno.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Antes de ingresar en la cuestión de
fondo, la Corte IDH se hizo cargo de las objeciones recibidas respecto de su
competencia para emitir la Opinión Consultiva planteada. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Quizás
la más sustancial de todas sus respuestas fue la que se relaciona con la
existencia de determinadas peticiones en trámite ante la Comisión
Interamericana por cuanto dicha objeción le permitió a la Corte IDH reafirmar y
ampliar el alcance del control de convencionalidad externo a través de las
Opiniones Consultivas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
sola existencia de peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos o casos contenciosos ante la Corte IDH relacionados con un tema
sometido a una consulta en el marco de la competencia consultiva, no impide a
la Corte IDH emitir una Opinión Consultiva. Se trata de dos modalidades
diferenciadas de ejercicio de control de convencionalidad externo que se
traduce en un sistema dual o paralelo. El<i style="mso-bidi-font-style: normal;">
control de convencionalidad externo contencioso</i> tiene por objeto resolver
un litigio concreto. El control de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">convencionalidad
externo consultivo</i> tiene por objeto establecer una interpretación judicial
sobre una o varias disposiciones de la Convención Americana </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">sobre Derechos Humanos </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">o
de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los
Estados americanos<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Este último, a través de interpretaciones normativas convencionales generales
que no son una mera especulación abstracta<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
contribuye a fortalecer el sistema de protección de los derechos humanos
coadyuvando a sus integrantes a efectos de poder cumplir los compromisos
internacionales asumidos en la materia.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">control de convencionalidad externo dual
o paralelo</i> funciona sincrónicamente, de forma tal, que es posible que una
misma materia sea tratada tanto en el ámbito del control de convencionalidad
externo contencioso como en la esfera del control de convencionalidad externo
consultivo, en la medida que, sea promovida una denuncia o petición que arribe
a la Corte IDH para su resolución o sea planteada una consulta especifica por
parte de un Estadio miembro de la Organización de Estados Americanos.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">¿Qué
relación existe entre el control de convencionalidad externo en sus distintas
variantes y el control de convencionalidad interno? La Corte IDH responde dicho
interrogante expresando lo siguiente:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">41.
La Corte estima necesario, además, recordar que, conforme al derecho
internacional, cuando un Estado es parte de un tratado internacional, como la
Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos los
poderes judicial y legislativo, por lo que la violación por parte de alguno de
dichos órganos genera responsabilidad internacional para aquél. <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">Es por tal razón que estima necesario que
los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de
convencionalidad, también sobre la base de lo que señale en ejercicio de su
competencia no contenciosa o consultiva, la que innegablemente comparte con su
competencia contenciosa, el propósito del sistema interamericano de derechos
humanos, el cual es, “la protección de los derechos fundamentales de los seres
humanos</b>” (el resaltado me pertenece).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">III._
Democracia sustancial y derechos humanos.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte IDH sobre la base de sus
precedentes convencionales contenciosos y consultivos desarrolló en la OC/28
una estructura argumental que solidificó su posición en términos de la relación
existente entre democracia y derechos humanos afirmando la idea de una
democracia sustancial sustentada por el tríptico interdependiente “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Democracia-Estado de Derecho- Protección de
los Derechos Humanos</i>”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La legitimidad democrática en una sociedad
está limitada por las normas y obligaciones internacionales establecidos por
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de modo tal, que la
existencia de un “verdadero régimen democrático” está determinado por sus
características formales y sustanciales.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el plano de la democracia
sustancial existen límites a lo “susceptible de ser decidido” por parte de las
mayorías en las instancias democráticas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
La única forma de otorgarle a los derechos humanos eficacia normativa es
reconociendo que ellos no pueden estar sometidos al criterio de las mayorías,
puesto que precisamente dichos derechos, fueron concebidos como limitaciones al
principio mayoritario.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> La
Corte IDH resalta que la protección de los derechos humanos constituye un
límite infranqueable a la regla de mayorías o bien a la esfera de lo
“susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias
democráticas. No puede condicionarse la validez de un derecho humano reconocido
por un instrumento internacional sobre derechos humanos a los criterios de las
mayorías y a su compatibilidad con los objetivos de interés general por cuanto
implicaría quitarles toda eficacia a los tratados internacionales de derechos
humanos.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte IDH sostiene una posición democrática
sustancial basada en los derechos humanos tomando como referencia la concepción
desarrollada por Luigi Ferrajoli a lo largo de su extensa obra filosófica
constitucional que comenzó por <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Derechos y
garantías. La ley del más débil</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
pasando por <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Los fundamentos de los
derechos fundamentales</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
transitó por <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Garantismo. Una discusión
sobre derecho y democracia</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
alcanzó su máxima expresión en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Principia
iuris. Teoría del derecho y de la democracia</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>,
revisitó varios conceptos en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">La
democracia a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como
modelo teórico y como proyecto político</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y
fue resignificada en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Iura paria. Los
fundamentos de la democracia constitucional</i>.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Antes de comenzar dicho recorrido, Ferrajoli realizó un adelanto de lo que
sería dicha construcción teórica en <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Derecho
y razón. Teoría del garantismo penal</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> sosteniendo
lo siguiente: “La primera regla de todo pacto constitucional sobre la
convivencia civil no es, en efecto, que se debe decidir todo por mayoría, sino
que no se puede decidir (o no decidir) sobre todo, ni siquiera por mayoría.
Ninguna mayoría puede decidir la supresión (o no decidir la protección) de una
minoría o de un solo ciudadano. En este aspecto, el estado de derecho,
entendido como un sistema de límites sustanciales impuestos legalmente a los
poderes públicos en garantía de los derechos fundamentales, se contrapone al
estado absolutista, sea autocrático o democrático. Incluso la democracia
política más perfecta, representativa o directa, sería un régimen absoluto y
totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado. Sus reglas son sin
duda las mejores para determinar quién puede y cómo debe decidir, pero no
bastan para legitimar cualquier decisión o no decisión. Ni siquiera por
unanimidad puede un pueblo decidir (o consentir que se decida) que un hombre
muera o sea privado sin culpa de su libertad, que piense o escriba, o no piense
o no escriba, de determinada manera, que no se reúna o no se asocie con otros,
que se case o no se case con cierta persona o permanezca indisolublemente
ligado a ella, que tenga o no tenga hijo, que haga o no haga tal trabajo u
otras cosas por el estilo. La garantía de estos derechos vitales es la condición
indispensable de la convivencia pacífica...”.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La adscripción de la Corte IDH a la
teoría de la democracia sustancial sostenida por los derechos humanos fue
inaugurada en el caso </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;">“<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Gelman vs Uruguay</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
(Gelman I) cuando <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>al analizar la
compatibilidad de la ley de caducidad que impedía la investigación y sanción de
graves violaciones de derechos humanos como la desaparición forzada de personas
sostuvo:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">238. El hecho de que la Ley de
Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o
respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni
por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional. La participación de la
ciudadanía con respecto a dicha Ley, utilizando procedimientos de ejercicio
directo de la democracia –recurso de referéndum (párrafo 2º del artículo 79 de
la Constitución del Uruguay)- en 1989 y –plebiscito (literal A del artículo 331
de la Constitución del Uruguay) sobre un proyecto de reforma constitucional por
el que se habrían declarado nulos los artículos <st1:metricconverter productid="1 a" w:st="on">1 a</st1:metricconverter> 4 de la Ley- el 25 de
octubre del año 2009, se debe considerar, entonces, como hecho atribuible al
Estado y generador, por tanto, de la responsabilidad internacional de aquél.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">239. La sola existencia de un régimen
democrático no garantiza, <i>per se</i>, el permanente respeto del Derecho
Internacional, incluyendo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, lo
cual ha sido así considerado incluso por la propia Carta Democrática
Interamericana. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en
una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de
protección de los derechos humanos reconocidos en tratados como la Convención
Americana, de modo que la existencia de un verdadero régimen democrático está
determinada por sus características tanto formales como sustanciales, por lo
que, particularmente en casos de graves violaciones a las normas del Derecho
Internacional de los Derechos, la protección de los derechos humanos constituye
un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo
“susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias
democráticas, en las cuales también debe primar un “control de
convencionalidad” (…)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>que es función y
tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial….</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ferrajoli en el desarrollo de su
teoría sobre la democracia constitucional, adoptó como punto partida, una
crítica concreta sobre la concepción dominante de democracia, la cual consiste
en un método para la formación de decisiones públicas atribuyéndole a la
mayoría del pueblo el poder directo o mediado de los representantes para
adoptar tales decisiones y reconoce como única fuente de legitimación
democrática de los poderes públicos a la auto-nomía (entendida en términos rousseaunianos
como la potestad de “gobernarse por sí mismos”). Esa noción de democracia puede
denominarse formal o procedimental y se identifica con reglas idóneas para
garantizar que las decisiones producidas sean una expresión directa o indirecta
de la voluntad popular.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Lo formal o procedimental es para Ferrajoli
una condición necesaria pero no suficiente para poder hablar de una democracia
constitucional puesto que sin límites sustanciales difícilmente pueda
sobrevivir. De allí que existe un nexo estructural entre democracia y
constitucionalismo mediante el cual para que un sistema sea democrático es
necesario que a las mayorías le haya sido constitucionalmente arrebatado el
poder de suprimir o limitar la posibilidad de que las minorías lleguen a
convertirse en mayorías por medio de límites o vínculos que determinen la
esfera de lo no decidible sustraída a la potestad de cualquier mayoría. Estos
límites o vínculos impuestos a las mayorías por medio de las estipulaciones
constitucionales previstas por los derechos fundamentales y por las respectivas
garantías son normas sustanciales que obran como parámetro de validez formal
contradiciendo la tesis según la cual la democracia consistiría únicamente en
un método guiado por reglas procedimentales que aseguran la representatividad popular
por medio del sufragio universal y el principio de las mayorías descartando que
los contenidos constitucionales sean vinculantes en el juego democrático. Por
dicho motivo, la fórmula “la soberanía popular pertenece al pueblo” significa
que la misma pertenece al conjunto de ciudadanos que forman parte del pueblo y
que ella es la suma de los poderes y contrapoderes que la Constitución
establece como derechos fundamentales, los cuales no solo configuran un límite
a la democracia política, sino que también, establecen la sustancia democrática
en cuanto se refieren a todos y cada uno de los miembros de carne y hueso –el
pueblo- en un sentido mucho más concreto y denso que la propia representación
política. De allí que toda violación de los derechos no solo lesiona a las
personas que los titularizan, sino que también, se proyecta como una violación
de la soberanía popular.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ferrajoli se encargó enfáticamente
de negar que su postura iusfilosófica sea asimilable al neoconstitucionalismo
(o constitucionalismo no positivista y/o principalista) asumiendo que el
constitucionalismo positivista y garantista que pregona se diferencia del no positivista
en el rechazo de tres tesis centrales: a) la conexión entre Derecho y moral; b)
la contraposición entre reglas y principios y la centralidad asignada a su
distinción cualitativa; c) el rol de la ponderación en oposición a la
subsunción en la práctica jurisdiccional.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Aunque posteriormente morigeró su posición al admitir la existencia de
“ponderaciones equitativas” vinculada a la argumentación práctica relativa a
los casos singulares y a las irrepetibles circunstancias de cada caso.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En
el marco expuesto, la Corte IDH sostiene que el proceso democrático requiere de
ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en la urnas para
proteger a las minorías, por lo tanto, la identificación de la soberanía
popular con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a
un régimen el carácter democrático, el cual se justifica realmente en el
respeto de las minorías y la institucionalización del ejercicio del poder
político sujeto a límites jurídicos y sometido a un conjunto de controles<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn27" name="_ftnref27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
entre los que se destaca el control de convencionalidad que es función y tarea
de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. <a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn28" name="_ftnref28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
La perpetuación de una persona en el ejercicio de un cargo público conlleva al
riesgo de que el pueblo deje de ser debidamente representado por sus elegidos y
que el sistema de gobierno se asemeje más a una autocracia que a una democracia
(esto puede suceder incluso existiendo elecciones periódicas y límites
temporales para los mandatos).<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn29" name="_ftnref29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[29]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">En el marco de una democracia
sustancial la realización de elecciones para escoger a los representantes del
pueblo es uno de los fundamentos principales de las democracias representativas,
lo cual implica indirectamente que los mandatos de la Presidencia de la República
deben tener un período fijo y los presidentes no pueden ser elegidos por plazos
indefinidos.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn30" name="_ftnref30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[30]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
El sistema democrático implica que la persona con la mayor cantidad de votos
asume el cargo de elección popular, sin embargo, siempre se debe garantizar el
derecho de las minorías a plantear ideas, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>proyectos alternativos y la oportunidad de ser
electos. El pluralismo político implica la obligación de garantizar la
alternancia en el poder posibilitando que una propuesta de gobierno pueda ser
sustituida por otra distinta tras haber<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>obtenido
la mayoría necesaria en las elecciones. Esta debe ser una posibilidad real y
efectiva de que diversas fuerzas políticas y sus candidatos puedan ganar el
apoyo popular y reemplazar al partido gobernante.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn31" name="_ftnref31" style="mso-footnote-id: ftn31;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[31]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Este punto es profundizado
particularmente por la Corte IDH en relación a la incompatibilidad existente
entre la reelección presidencial indefinida y los derechos humanos como
dimensión sustancial de la democracia cuando sostiene que la <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>permanencia en funciones de un mismo
gobernante en la Presidencia de la República por un largo período de tiempo
tiene efectos nocivos en el régimen plural de partidos y organizaciones
políticas, propio de una democracia representativa, porque favorece la
hegemonía en el poder de ciertos sectores o ideologías y propicia tendencias
hegemónicas que resultan en el menoscabo de los derechos políticos de los
grupos minoritarios y que, en consecuencia, minan el régimen plural de partidos
y organizaciones políticas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn32" name="_ftnref32" style="mso-footnote-id: ftn32;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[32]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Como cierre argumental, la Corte
IDH advierte que el mayor peligro actual para las democracias de la región no
es la ruptura abrupta del orden constitucional, sino por el contrario, una
erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un
régimen autoritario incluso si este es designado mediante elecciones populares.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn33" name="_ftnref33" style="mso-footnote-id: ftn33;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[33]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">IV._
Derechos humanos y reelección presidencial indefinida.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En lo atinente a la existencia o
inexistencia de un derecho humano autónomo a la<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>reelección presidencial indefinida, la Corte IDH realizó un relevamiento
de distintas fuentes de derecho internacional (tratados, derecho internacional
consuetudinario, principios generales del derecho) para arribar a la conclusión
de la inexistencia de un derecho humano que pudiera ser formulado en dichos
términos. En primer lugar, no surge de la literalidad de las disposiciones
relevantes aplicables previstas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la
OEA y la Carta Democrática, ni tampoco emana de los trabajos preparatorios de los
dos primeros instrumentos internacionales. En segundo lugar, tampoco se
desprende de los tratados internacionales de derechos humanos de los sistemas
universal, europeo y africano. En tercer lugar no existe un reconocimiento
consuetudinario americano de dicha figura puesto que solo cuatro Estados (Bolivia,
Honduras, Nicaragua y Venezuela) permiten la reelección presidencial
indefinida. Por último, la ausencia de regulación en el derecho internacional y
en el derecho nacional permite descartarlo como un principio general del
derecho.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn34" name="_ftnref34" style="mso-footnote-id: ftn34;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[34]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La Corte IDH advierte
que la prohibición presidencial indefinida constituye una restricción al
derecho a ser electo distinguiendo en el inciso 2 del artículo 23 de la
Convención Americana sobre derechos humanos entre las limitaciones basadas
exclusivamente en causales basadas en una sanción (ej. la condena penal por
juez competente) y las demás restricciones de carácter general que deben ser
interpretadas a la luz del inciso 1 del art. 23 respecto del resto de los
principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los
principios básicos que la inspiran para interpretar dicha norma.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn35" name="_ftnref35" style="mso-footnote-id: ftn35;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[35]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
sistema electoral que los Estados partes establezcan de acuerdo a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos debe hacer posible la celebración de elecciones
periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto
secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Para
asegurar el funcionamiento de un sistema electoral no es posible aplicar
solamente las limitaciones del párrafo 2 del artículo 23 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Por dicho motivo, la previsión y aplicación
de requisitos generales para ejercitar los derechos políticos no constituyen una
restricción indebida a los derechos políticos. Por el solo hecho de no estar
incluida explícitamente en el artículo 23.2 la restricción a la reelección
presidencial indefinida no es incompatible con la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn36" name="_ftnref36" style="mso-footnote-id: ftn36;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[36]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>¿Cumple la restricción de la
reelección presidencial indefinida respecto del ejercicio de los derechos
políticos de las personas y la comunidad con los estándares interamericanos de
legalidad formal y material, persecución de un fin legítimo y cumplimiento del
principio de proporcionalidad interamericano (idoneidad, necesidad y
proporcionalidad en sentido estricto?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Las restricciones a la reelección
presidencial deben estar previstas claramente en una ley en sentido formal y
material.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn37" name="_ftnref37" style="mso-footnote-id: ftn37;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[37]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La prohibición de reelección
presidencial indefinida persigue como finalidad evitar que una persona se
perpetúe en el poder con el objeto de proteger <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>el pluralismo político, la alternancia en el
poder y el efectivo funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos que garantizan
la división de poderes.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn38" name="_ftnref38" style="mso-footnote-id: ftn38;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[38]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
restricción es idónea puesto que asegura que una persona no se perpetúe en el
poder afectando los principios constitutivos de la democracia representativa.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn39" name="_ftnref39" style="mso-footnote-id: ftn39;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[39]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La restricción en
necesaria en la medida que no se verifican otras medidas igualmente idóneas
para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y que de esta forma no
resulten afectados la separación de poderes, el régimen plural de partidos y
organizaciones políticas, como así también, la alternancia en el ejercicio del
poder.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn40" name="_ftnref40" style="mso-footnote-id: ftn40;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[40]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el ámbito tensional de la
ponderación en sentido estricto suscitada entre el derecho de la persona que
ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta y el respecto al derecho de los
demás ciudadanos a votar y de participar en la dirección de los asuntos
públicos por medio de representantes libremente elegidos versus la prohibición
de la<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>reelección presidencial indefinida
para garantizar la alternabilidad democrática, la Corte IDH infiere
argumentalmente que el sacrificio que implica esta restricción es menor y
justificado para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y, con
esto, prevenir que se degrade la democracia representativa.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn41" name="_ftnref41" style="mso-footnote-id: ftn41;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[41]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> A
esto agrega que el derecho a votar no subsume la potestad de tener opciones
ilimitadas de candidatos a la presidencia por cuanto los derechos de cada
persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todo
y por las justas exigencias del bien común que requieren que se establezcan
salvaguardas a la democracia como lo es la reelección presidencial indefinida.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn42" name="_ftnref42" style="mso-footnote-id: ftn42;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[42]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">V._
Reflexiones convencionales.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La OC/28 implica una consolidación
de la postura desarrollada por la Corte IDH en el ámbito contencioso y en la
esfera consultiva sobre la relación existente entre democracia y derechos
humanos que deriva en una democracia sustancial convencional donde las mayorías
están limitadas por la normatividad emergente de los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos entendidos como “instrumentos vivos” y
las interpretaciones realizadas por los órganos de aplicación de los mismos.
Las decisiones adoptadas por las mayorías de manera agregativa o numérica (a
través del voto), negocial (a través de los acuerdos políticos) o deliberativa
(mediante mecanismos epistémicos diversos) no pueden desconocer el contenido
normativo e interpretado de los derechos humanos. Un Estado constitucional y
convencional de derecho se nutre de la democracia constitucional y convencional
reflejada en los derechos fundamentales y en los derechos humanos cuyo vector
de aplicación es el principio <i style="mso-bidi-font-style: normal;">pro persona</i>.<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> </i><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el ámbito del Estado constitucional
y convencional de derecho argentino la “cuestión democrática” o los
cuestionamientos teóricos epistémicos sobre el alcance de la convencionalidad
interpretada proyectada en una democracia sustancial encuentran una respuesta
argumental dogmática intensa en el art. 75 inciso 22 de la Constitución
argentina y en la articulación realizada por la Corte IDH. Siguen cumpliendo un
importante papel como críticas planteadas desde la teoría general y la
filosofía moral o política pero no <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>encuentran alojamiento concreto en la
dimensión del paradigma vigente en términos constitucionales y convencionales. Lo
mismo sucede con el principio de proporcionalidad como canon de interpretación
y aplicación de los derechos humanos respecto de los eventuales mecanismos
deliberativos aplicables a la hora de zanjar las diferencias expresadas en
colisiones de derechos o límites razonables del ejercicio de los derechos.
Estos podrán expresar una forma de manifestación social en busca de acuerdos
ejerciendo en dicha oportunidad una especie de control de convencionalidad
deliberativo no definitivo que en caso de lesionar derechos humanos será
susceptible del control de convencionalidad judicial interno y del control de
convencionalidad externo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La legitimidad democrática
sustancial convencional está sostenida en la esfera de aquello que las mayorías
no pueden decidir (en relación a los derechos civiles y políticos) o que no
pueden dejar de decidir (en relación a los derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales) respecto de pretensiones subjetivas y colectivas
esgrimidas por las personas (humanas, no humanas y en breve digitales o
algorítmicas) como consecuencia de la trasformación de la indignidad del dolor
en derechos constructores de un sistema democrático donde sería intolerable que
se repitiese el esquema de mayorías devorando minorías, infligiendo dolor,
destruyendo el pluralismo y acabando con la diversidad.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El control de convencionalidad
externo en sus distintas modalidades solventa su legitimidad mediante la
racionalidad del discurso argumental multiplicando de forma reflexiva los modos
de representación, enriqueciendo la calidad de la deliberación democrática y
produciendo nuevos sentidos.<a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftn43" name="_ftnref43" style="mso-footnote-id: ftn43;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[43]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> En
la OC/28, la Corte IDH reconoce <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>distintas modalidades de representación: a) la
que se concreta a través del voto de las personas eligiendo a un representante
que adoptará decisiones cumpliendo un mandato general a través de una decisión
mayoritaria; b) la que se viabiliza mediante procedimientos de participación
deliberativa donde las personas dialogan para llegar a ciertos acuerdos, y si
no se alcanza la unanimidad, se adopta una decisión mayoritaria; c) la que se
concreta por medio de la argumentación convencional donde las personas se
observan representadas en los contenidos y decisiones adoptadas por los órganos
encargados del control de convencionalidad interno y por el control de
convencionalidad externo por unanimidad o mayoría de los integrantes de los
órganos competentes. La Corte IDH escoge como postrero bastión de defensa del
sistema democrático y la protección efectiva de los derechos humanos a la
última alternativa, no porque tenga una mayor relevancia moral que las otras modalidades,
sino porque considera que es el paradigma más efectivo para proteger a las
minorías, a los derechos humanos y a un sistema democrático sustancial.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El estándar interamericana
delimitado por la Corte IDH pone en crisis convencional a los Estados miembros
de OEA (ej: Venezuela) y a los Estados partes de la Convención Americana sobre
derechos humanos (ej: Bolivia, Honduras, Nicaragua) que tienen un sistema de
reelección presidencial indefinida en el marco de un sistema presidencialista
por cuanto que en la medida que no produzcan reformas normativas que se adapten
a la OC 28/21 sus modelos democráticos estarán signados por la baja calidad que
representan y permanentemente abiertos hacia las opciones autocráticas por más
que sean apoyadas por eventuales mayorías que perduren en el tiempo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La consolidación del esquema
democrático sustancial extingue como opciones posibles para la interpretación y
protección de los derechos humanos a la teoría del margen de apreciación
nacional y al principio de la no intervención en los asuntos internos de los
Estados. Surge con nitidez la construcción de una regla de reconocimiento
convencional sostenida por la fuerza normativa <i style="mso-bidi-font-style: normal;">pro persona</i> basada en la legitimidad argumental de la tutela
útil<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y efectiva de los derechos humanos
que puede provenir de la fuente nacional o de la fuente internacional en
igualdad de condiciones. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte IDH y la OC/28, un binomio
que reafirma posiciones, dispara reformas internas, auspicia debates, nutre a
la convencionalidad y consolida la idea de la democracia sustancial como la
herramienta más idónea para proteger los derechos humanos.<o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">En el
Considerando 143 con cita de los argumentos expuestos por la Comisión de
Venecia, la Corte IDH también incluye a los sistemas
semipresidencialistas.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">87.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerandos</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">38 y 39. <o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">39.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Nota 89, p.
25.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por Elizabeth Odio Benito, Eduardo Vio Grossi, Humberto Antonio Sierra Porto,
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Ricardo C. Pérez Manrique. La minoría estuvo
integrada por Eugenio Raúl Zaffaroni y L. Patricio Pasmiño Freire.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Las demás
objeciones realizadas estuvieron dirigidas a el requisito formal de especificar
las disposiciones que deben ser interpretadas, la competencia sobre los
instrumentos internacionales regionales involucrados, la procedencia de la
solicitud de Opinión Consultiva y el requisito formal de formular las preguntas
con precisión y la facultad de la Corte IDH de reformular las preguntas
planteadas.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerandos </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">23 y
24.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">32<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">40.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">44.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ibídem.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">70.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">70.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ferrajoli
Luigi, </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Derechos y
Garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999, p. 23 y ss.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, Los
fundamentos de los derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2001, p. 35 y ss. </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi Garantismo. Una
discusión sobre derecho y democracia, Trotta, Madrid, 2006, p. 99 y ss.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, Principia
iuris. Teoría del derecho y de la democracia, Tomos 1 y 2, Madrid, 2011.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, La democracia
a través de los derechos. El constitucionalismo garantista como modelo teórico
y como proyecto político, Trotta, Madrid, 2014, p. 17 y ss.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, Iura paria.
Los fundamentos de la democracia constitucional, Trotta, Madrid, 2020, p. 51 y
ss.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ferrajoli
Luigi, Derecho</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> y
razón. Teoría del garantismo penal, Trotta, Madrid, 1995.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn22" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ibídem, p.
859.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn23" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
Corte IDH “Gelman vs Uruguay”<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>(fondo y
reparaciones), 24 de febrero de 2011.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn24" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, op. cit. 20,
p. 51 y ss.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn25" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, “Constitucionalista
principalista y constitucionalismo garantista”, Doxa Nº 34, Marcial<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Pons, Madrid, 2012, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>p. 28</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn26" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ferrajoli, Luigi, Los derechos y
sus garantías. Conversación con Mauro Barberis, Trotta, Madrid, 2016, pp. 75/77.
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn27" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">71. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn28" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref28" name="_ftn28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">44.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn29" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref29" name="_ftn29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[29]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">73. <o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn30" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref30" name="_ftn30" style="mso-footnote-id: ftn30;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[30]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">72.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn31" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref31" name="_ftn31" style="mso-footnote-id: ftn31;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[31]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">78.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn32" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref32" name="_ftn32" style="mso-footnote-id: ftn32;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[32]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">133.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn33" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref33" name="_ftn33" style="mso-footnote-id: ftn33;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[33]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">145.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn34" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref34" name="_ftn34" style="mso-footnote-id: ftn34;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[34]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Considerandos </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">92/102.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn35" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref35" name="_ftn35" style="mso-footnote-id: ftn35;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[35]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerandos </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">106,
107, 108.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn36" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref36" name="_ftn36" style="mso-footnote-id: ftn36;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[36]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerandos </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">111
y 112.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn37" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref37" name="_ftn37" style="mso-footnote-id: ftn37;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[37]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">115.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn38" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref38" name="_ftn38" style="mso-footnote-id: ftn38;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[38]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">119.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn39" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref39" name="_ftn39" style="mso-footnote-id: ftn39;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[39]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">120.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn40" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref40" name="_ftn40" style="mso-footnote-id: ftn40;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[40]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">121.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn41" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref41" name="_ftn41" style="mso-footnote-id: ftn41;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[41]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Considerandos </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">123/124.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn42" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref42" name="_ftn42" style="mso-footnote-id: ftn42;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[42]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
125.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn43" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/DERECHOS%20POLITICOS/2021/Art%20sobre%20la%20Opini%C3%B3n%20Consultiva%2028%20CorteIDH.docx#_ftnref43" name="_ftn43" style="mso-footnote-id: ftn43;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[43]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gil
Domínguez, Andrés, Derechos, racionalidad y última palabra, Ediar, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2014, p. 131 y ss.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-6471743560891614142021-05-11T05:30:00.001-07:002021-05-11T05:30:14.979-07:00El caso “GCBA”: federalismo, pandemia y derechos<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">1._
Ante la llegada a nuestro país de la “segunda ola” del COVID-19 y las medidas
adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional para intentar enfrentarla
eficazmente, la mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/2021/Comentario%20al%20fallo%20GCBA-CSJN.docx#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a> de
la Corte Suprema de Justicia en la causa “<i>Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de
inconstitucionalidad</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/2021/Comentario%20al%20fallo%20GCBA-CSJN.docx#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a>,
ejerciendo su competencia originaria, estableció los alcances de la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires en relación a lo dispuesto por el art. 2 del DNU 241/2021
(cuya vigencia había culminado el 30 de abril de 2021 por vencimiento del plazo
estipulado y por la derogación producida por el dictado del DNU 287/2021
publicado 1 de mayo de 2021) en cuanto a la suspensión de las clases
presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado
urbano delimitado por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> El tribunal abordó de forma expresa
o implícita varios aspectos vinculados al tríptico federalismo-pandemia-derechos
(en este caso el derecho a la educación presencial y el derecho a la salud
individual y colectiva) que pueden ser enunciados de la siguiente manera:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * La tipología de la sentencia dictada. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">*
El estatus constitucional de la Ciudad de Buenos Aires.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * El federalismo argentino alojado
por el modelo constitucional.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * La salud y la educación como
competencias concurrentes.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * El principio de proporcionalidad
como canon de interpretación de validez de las restricciones de los derechos en
tiempos de pandemia. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * La inexistencia constitucional de
la región AMBA.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * El COVID-19 como contexto de
aplicación de las normas de emergencia. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> *
El uso de los DNU como instrumento formal idóneo para enfrentar la
pandemia.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> * La adecuación del DNU 287/2021 a
los estándares generales dispuestos por el fallo. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> En los siguientes puntos analizaré
cada uno de estos temas. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">2._
A pesar de la pérdida de vigencia de la norma impugnada y sin que exista un
caso o controversia, la Corte Suprema de Justicia siguiendo la lógica no
habitual expresada en precedentes tales como “<i>F.A.L</i>.” y “<i>Acuerdo por el
Bicentenario</i>” dictó un fallo indicativo, institucional o exhortativo sin
efectos dirimentes para las partes fundado en el rol de garante supremo de la
Constitución y en la necesidad desde lo jurídico –y no desde lo sanitario- de
establecer los alcances de las futuras decisiones que pudieran adoptar el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, o bien, en establecer ciertos parámetros argumentales
aplicables a futuros planteos judiciales que se promuevan.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> ¿Podía el tribunal aferrarse al
formalismo de la abstracción para sumirse en el silencio jurisdiccional? Era
una opción imposible por cuanto la sociedad necesitaba escuchar sus argumentos
en una situación controversial de derechos en tiempos de pandemia que la
política no había podido resolver a través del consenso y que seguramente se
repetiría en un futuro cercano (con relación al derecho a la educación u otros
derechos).<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">3._
También siguiendo la lógica de
precedentes dictados de forma reciente el tribunal reafirmó el carácter de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como “ciudad constitucional federada” y sujeto
del federalismo argentino. En consecuencia, la CABA ocupa junto a las provincias
el mismo lugar en la silueta del sistema federal argentino titularizando las
mismas potestades y competencias y teniendo idéntica relación con el Estado
federal.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">4._
El federalismo alojado por el modelo constitucional argentino se basa en el
principio de "lealtad federal" o "buena fe federal",
conforme al cual en el juego armónico de competencias, debe evitarse el abuso
de las atribuciones de un sujeto federado en detrimento de los otros teniendo
en cuenta que el federalismo argentino debe entenderse como “un sistema
cultural de convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente, sino
que interactúan en orden a una finalidad que explica su existencia y
funcionamiento, el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas
debe ser ponderado como una interacción articulada”. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
este punto, existen competencias propias de cada jurisdicción que se ejercen
sin ninguna intromisión por parte de los restantes sujetos federados y
competencias concurrentes con o sin piso mínimo (en las primeras el Estado
federal fija un orden jurídico marco y las provincias y la CABA están
facultadas para ampliarlo, en las segundas el Estado federal fija un orden
jurídico marco y las provincias y la CABA pueden adherir o adoptar una decisión
distinta). El punto de eventual conflicto en este deslinde de competencias se
presenta respecto de las facultades concurrentes, y especialmente, cuando no
hay un acuerdo o consenso entre los distintos órganos. Es en dicho supuesto de
conflicto donde si no se les reconoce a las provincias y a la CABA una cláusula
que las habilite a tomar decisiones contextuales y se le impone una legislación
uniforme los argumentos del Estado federal deben ser robustos, suficientes y
cumplir con el principio de proporcionalidad. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> En el voto concurrente de Maqueda y
Rosatti se observa claramente este aspecto cuando sostienen:<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">El reconocimiento de
las atribuciones regulatorias sanitarias de la Nación no significa que alcance
con la mera invocación de la salud para sellar la validez de su pretendido
ejercicio. En efecto, en un sistema como el de nuestra Constitución Nacional,
para que una norma federal constituya el válido ejercicio de una atribución
propia del Estado Nacional debe contar con una debida justificación que lo
respalde en relación a las medidas concretas adoptadas con ese objetivo la
adecuada motivación del acto adquiere en el caso especial importancia, pues la
Administración se encontraba obligada a explicar, más que en cualquier otro
acto dado el contenido concreto de su regulación, los antecedentes que la
llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando además la adecuada
proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad, que debe
hallarse en necesaria correspondencia con la de las normas competenciales
invocadas por el órgano emisor…El debido resguardo del federalismo
constitucional exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente
el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria en relación a la
concreta orden de suspender del dictado de clases educativas presenciales en
todos los niveles y en todas sus modalidades en la jurisdicción de la actora</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/2021/Comentario%20al%20fallo%20GCBA-CSJN.docx#_ftn3" name="_ftnref3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">5._
Una definición importante de tres miembros de la Corte Suprema de Justicia
(Maqueda, Rosatti y Lorenzetti) fue establecer que la educación y la salud es
una facultad concurrente entre el Estado federal, las provincias y la CABA, a
la cual, se le debe aplicar el marco general de distribución de competencias
previsto por la Constitución argentina. En tanto que, Rosenkrantz considera que
la educación y la salud son facultades propias de las provincias y la CABA, y
que solo cuando el Estado federal acredite fehacientemente y no de manera
conjetural que las mismas tienen un efecto interjurisdiccional puede dictar una
normativa general que respete el principio de proporcionalidad. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Especialmente el voto de Lorenzetti remite
a la ley 26.206 la cual establece en el art. 12 que “<i>el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la
planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo
Nacional. Garantizan el acceso a la educación en todos los niveles y
modalidades, mediante la creación y administración de los establecimientos
educativos de gestión estatal</i>” y a la Resolución 387/21 dictada el 12 de
febrero de 2021 por el Consejo Federal de Educación en su carácter de “<i>organismo interjurisdiccional, de carácter
permanente, como ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política
educativa nacional</i>” (art. 116 de la ley 26.206) que había resuelto apostar
por la educación presencial como ámbitos y normas concurrentes que habían
acordado una modalidad respecto del derecho a la educación. Vale la pena
remarcar que las decisiones que adopte la Asamblea Federal (conformada por
el/la ministro del área del Poder Ejecutivo nacional como presidente, por
los/as ministros o responsables del área educativa de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tres (3) representantes del Consejo de
Universidades) tal como lo establece el art. 118 de la ley 26.206 son
obligatorias cuando dicho órgano así lo establezca.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">6._
Todos los votos –pero especialmente en profundidad el voto de Lorenzetti- consideran que, aún en tiempos de pandemia, el
principio de proporcionalidad debe ser utilizado como el canon de
interpretación para analizar la validez o invalidez de las restricciones de los
derechos que se adoptan en procura de ganarle a los efectos calamitosos que
produce el COVID-19.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> Según dicho principio toda norma
debe perseguir un fin constitucional y convencionalmente posible (la protección
del derecho a la vida y a la salud en tiempos de COVID-19 lo es), utilizar el
medio más idóneo de todos los que disponga para cumplir con dicho propósito (y
esto es revisable judicialmente) y en caso de tener que limitar o restringir un
derecho para poder satisfacer el fin perseguido a mayor intensidad de la
limitación de un derecho mayor debe ser la importancia del derecho que
prevalece y que a mayor intensidad en la limitación de un derecho mayor deben
ser las premisas empíricas y científicas que lo avalen.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"> La Corte Suprema de Justicia remarca
con énfasis que el Poder Judicial no está capacitado para definir cuál es el
mejor sistema educativo (presencial o digital) en tiempos de pandemia o evaluar los indicadores
relevantes sobre los que se sostienen las decisiones que se adoptan ¿Se
contradice el tribunal en este aspecto cuando descalifica al DNU 241/2021 por
no tener fundamentos empíricos que sostengan la validez de la restricción
establecida y a la vez considerar que el Poder Judicial no está capacitada ni
tiene los instrumentos idóneos para evaluar la veracidad de los indicadores que
se asuman como justificantes de una norma de emergencia COVID-19? Es un buen
punto de un debate que lejos está de concluir habida cuenta que el Estado
federal, las provincias y la CABA seguirán dictando normas de estas
características para enfrentar las distintas olas pandémicas. <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">7._
Específicamente en los votos de Maqueda y Rosatti la Corte Suprema de Justicia
estableció que el AMBA no constituye una región en los términos previstos por
el art. 124 de la Constitución argentina, no es un sujeto constitucional del
sistema federal argentino, ni su existencia puede implicar una alteración de
las potestades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto no
obsta que el AMBA es una zona geográfica conformada por lazos culturales,
sociales, económicos y deportivos que necesariamente debe ser considerada a
los efectos sanitarios y epidemiológicos
¿O acaso existe alguna diferencia entre Núñez y Vicente López o entre Barracas
y Avellaneda? <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">8._
En los argumentos vertidos en los distintos votos, el COVID-19 no aparece
descripta o tratada como pandemia global e inédita que demanda medidas
excepcionales que ni siquiera fueron aplicadas otras situaciones de emergencia
vernáculas (y en este rubro los argentinos y las argentinas somos campeones
mundiales) y donde la división territorial sobre la que se basa el Estado
federal se torna insustancial ante el avance de un virus que no se frena ante
los límites provinciales o de la CABA ¿Es posible en el contexto de aplicación
pandémico aplicar un derecho constitucional como si el COVID-19 no existiera o
es necesario un derecho constitucional “dúctil” que sin desconocer el paradigma
de Estado constitucional y convencional de derecho argentino intente articular
las mejores respuestas ante un fenómeno que no sabemos ni cuándo ni como
finalizará en el mundo y en nuestro país? En esta materia, el fallo otorga
algunas pistas pero no del todo claras y esto es un déficit de la sentencia,
especialmente, pensando en una ley marco que sancione el Congreso.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">9._
A pesar del planteo realizado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo
dictaminado por el Procurador General, la totalidad de los votos del tribunal no
descalificaron la constitucionalidad del uso de los decretos de necesidad y
urgencia desde la perspectiva de la habilitación formal del instrumento. Es más
del voto de Maqueda y Rosatti surge que lo resuelto en el DNU 241/2021 también
podría concretarse mediante una ley, siempre y cuando, se cumpla con la
distribución de competencias del sistema federal.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">10._
Al momento del dictado del fallo estaba
vigente el DNU 287/2021 que anticipándose a la sentencia hospedó entre sus
fundamentos y en la parte dispositiva varios de los argumentos expuestos por la
Corte Suprema de Justicia ¿Siendo una decisión jurisdiccional exhortativa no
hubiera sido conveniente que el tribunal hiciera alguna referencia a dicho
decreto de necesidad y urgencia en términos de federalismo de concertación y
diálogo constructivo? Esto se complejiza aún más si se toma en cuenta que el
Consejo Federal de Educación mediante el dictado de la Resolución 394/2021
adoptó los mismos parámetros que el DNU
287/2021 en cuanto dispone que en caso de alarma epidemiológica las clases
presenciales se suspenden y que en dicha situación se encuentra la CABA y
ciertos municipios de la Provincia de Buenos Aires que limitan con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">11._
Los más importante del fallo fue el efecto narcótico que produjo sobre la
grieta y la irrazonable confrontación política habilitando el diálogo y
acelerando los tiempos de un proyecto de ley marco que significará un desafío
concreto en términos de acuerdos políticos en un país donde la adolescencia
institucional parece no tener fin. <o:p></o:p></span></p><p>
</p><div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/2021/Comentario%20al%20fallo%20GCBA-CSJN.docx#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por el voto concurrente de Maqueda y Rosatti y los votos singulares de
Lorenzetti y Rosenkrantz.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/2021/Comentario%20al%20fallo%20GCBA-CSJN.docx#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">CSJN 567/2021, 4 de mayo de 2021. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/2021/Comentario%20al%20fallo%20GCBA-CSJN.docx#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerado
19 del voto de Maqueda y Rosatti.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div><div><div id="ftn3">
</div>
</div><div style="mso-element: footnote-list;"><div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-24443538264642020212021-05-04T11:36:00.004-07:002021-05-04T11:36:42.160-07:00El fallo "GCBA c/ Estado Federal": estándares frente al COVID-19 <p> <span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">La CSJ en el caso “</span><i style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">GCBA c/ Estado Nacional</i><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">” en modo exhortativo
o indicativo estableció que el DNU 241/2021 violó la autonomía de la CABA y
dejó sentado una serie de estándares en relación a las regulaciones vinculadas
al COVID-19.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Primero: La CABA es una
“ciudad constitucional federada”, comparte con las provincias el mismo escalón
en la estructura del Estado federal y tiene las mismas facultades propias y
concurrentes,<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Segundo: La regulación
de la salud y la educación es una facultad concurrente entre el Estado federal,
las provincias y la CABA.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Tercero: El Estado federal
puede adoptar toda clase de medidas de alcance general con el objeto de
proteger el derecho a la salud y el bienestar general en el marco de
distribución de competencias emergentes del modelo federal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Cuarto: Cuando el Estado
federal le impone a las provincias y a la CABA una regulación de máxima
intensidad para proteger la salud en ámbitos concurrentes tiene la carga de
justificar dicha medida con parámetros razonables.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Quinto: Las provincias
y la CABA tienen un ámbito de apreciación o titularizan facultades propias
contextuales para tomar decisiones ante las regulaciones del Estado federal
respecto de materias concurrentes.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Sexto: Las restricciones
de los derechos, aún en tiempos de pandemia, están regidas por el principio de
proporcionalidad y el juicio de ponderación.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Séptimo: La intromisión
infundada del Estado federal en la CABA y en las provincias no solo viola su autonomía,
sino también, exime injustificadamente de responsabilidad política a los gobernadores
respecto de la administración razonable de la pandemia.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Octavo: La decisión de
la CSJ no avala el sistema educativo presencial o digital sino que establece la
distribución de competencias en la adopción las decisiones respecto del derecho
a la educación.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Noveno: La justicia no
cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los
indicadores sanitarios y epidemiológicos que tomen como referencia los sujetos
del Estado federal. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Décimo: El derecho a la
educación en tiempos de COVID-19 tiene una regulación concurrente razonable en
la ley 26.206 y en la Resolución 387/21 del
Consejo Federal de Educación. <o:p></o:p></span></p>
<b><u><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Bonus</span></u></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">: Este fallo demuestra la necesidad de una ley
marco que regule las restricciones con sentido federal y basada en el principio
de proporcionalidad mientras dure la pandemia.</span>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-19269762057372618262021-04-26T10:05:00.001-07:002021-04-26T10:05:12.775-07:00Soberanía popular y derechos de los pueblos originarios<p></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Conforme
surge del art. 75 inciso 17 de la Constitución argentina, el art. 21 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y los arts. 6 y 7 del Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>1. ¿Deben los pueblos originarios ser
consultados y participar con carácter previo a la creación de un municipio en
los territorios que las comunidades indígenas habitan? <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>2. ¿Deben las leyes de creación de
un municipio reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
originarios y garantizar su derecho a la participación?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los dos interrogantes se plantearon
en la causa "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Comunidad Mapuche
Catalán y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de
inconstitucionalidad</i>" resuelta por la Corte Suprema de Justicia el 8
de abril de 2021<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en la cual de la
plataforma fáctica surgió que la Provincia del Neuquén tiene facultades
constitucionales para crear el Municipio de Villa Pehunia y que las comunidades
mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel viven en el territorio que ha quedado
comprendido dentro de los límites del nuevo municipio.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La segunda pregunta fue respondida
de forma positiva y por unanimidad por la Corte Suprema de Justicia. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El primer cuestionamiento generó una
mayoría (integrada por Highton, Lorenzetti, Maqueda y Rosatti con un voto
propio) que optó por una respuesta positiva y una minoría (integrada por
Rosenkrantz) que eligió una respuesta negativa; más allá que al fin de cuentas
la mayoría resolvió admitir la validez de la creación del Municipio de Villa
Pehuenia y de todos los actos jurídicos que celebraron sus autoridades hasta
tanto la provincia adecúe las normas impugnadas a efectos de garantizar los derechos
de participación de los pueblos indígenas.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La mayoría se remitió a
los fundamentos expuestos oportunamente por la Procuradora General de la Nación
los cuales adoptan respecto de los derechos constitucionales y convencionales
de los pueblos originarios una postura de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">salvaguarda
preventiva</i> <i style="mso-bidi-font-style: normal;">general</i> que se traduce
en la necesidad de garantizar la consulta y la participación de los mismos<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>ante<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>la posibilidad -y no la certeza- de que sean alterados los derechos,
intereses o la forma de vida de las comunidades indígenas. Y esto justamente considera
que sucede con la creación de un Municipio que -entre otras cosas- puede a través
de la demarcación territorial afectar la integridad, valor, uso o goce de los
territorios habitados por las comunidades indígenas colocándolos bajo jurisdicciones
municipales diversas. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> L</span>a minoría elaboró una línea
argumental respecto de los derechos constitucionales y convencionales de los
pueblos originarios basada en una posición de <i style="mso-bidi-font-style: normal;">verificación objetiva de un daño directo</i> que adquiere, en el marco
del resguardo de la soberanía popular, un carácter excepcional. El principal
punto de sostén del entramado argumental expuesto fue considerar que como la
soberanía reside en el pueblo que es uno solo y constituye el único sujeto
colectivo con derecho a la autodeterminación colectiva, las comunidades
indígenas no pueden pretender derechos políticos que ningún colectivo diferente
al pueblo de la Nación y de las provincias tiene, y que solo ante la existencia
de una medida estatal que pudiese generar un daño directo, se debe garantizar
la consulta y la participación. Esto no aconteció con la creación del municipio
de Villa Pehuenia, el cual no constituye una amenaza a la vida interna de las
comunidades indígenas en el marco de la forma representativa y republicana de
gobierno establecida por la Constitución argentina. Por dicho motivo, la
minoría remarca especialmente que el art. 75 inciso 17 no asigna a los pueblos
indígenas derechos políticos por encima de los derechos del resto de los
ciudadanos que impongan al estado provincial la obligación de respetar una
manera de tomar decisiones que, como las del sistema asambleístico, es extraña
a la forma de gobierno representativa y republicana. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los argumentos de la mayoría y la
minoría ofrecen varios puntos de reflexión conjunta. Acierta la minoría cuando
sostiene que la creación de un municipio responde a la idea de soberanía
popular alojada por la Constitución argentina sin que pueda generarse ninguna
posición de privilegio a favor de los pueblos originarios. También cuando
expresa que los efectos de su creación no generan, por sí mismo, un gravamen a
los derechos de las comunidades aborígenes. Y por último cuando manifiesta que
la existencia del municipio no debe sujetarse a la consulta y participación
previa de las comunidades indígenas.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Ahora bien: ¿cómo se conjuga la
soberanía popular con la reversión efectiva de la situación de desigualdad en
la que se encuentran los pueblos indígenas con el objeto de impedir que la
identidad indígena se diluya en concepciones asimilacionistas e
integracionistas? Desde el punto de vista constitucional y convencional con la
consulta y participación de las comunidades aborígenes en todos los casos que
sus derechos estén en juego. De allí que la propuesta de la mayoría tenga un
mayor efecto útil como garantía: si el principio normativo es la participación
y consulta en términos deliberativos como garantía de la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos originarios, cuanto antes opere más efectiva será. No
para generar ningún privilegio sino para reparar desigualdades estructurales
que fueron sostenidas históricamente por la opacidad de un concepto de
soberanía popular bajo el cual los indios eran "objetos" (nunca
sujetos) obligados a ser convertidos al catolicismo para ser considerados sujetos
soberanos.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">La creación de un municipio no
depende de la decisión que adopten las comunidades indígenas pero, en garantía
efectiva de sus derechos, deben ser escuchados de forma previa como una forma
de participación en la construcción de dicho entramado normativo que estructura
la organización nacional prevista por la Constitución argentina.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">La reforma constitucional de 1994
indudablemente generó una protección especial respecto de las comunidades
aborígenes debido a su condición de vulnerabilidad que impacta en el concepto
de soberanía popular, no para modificarlo instrumentalmente sino para resignificarlo
sustancialmente. De esta manera, es posible conjugar el mandato constituyente
de una Nación "única, integrada e indivisible" donde </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">florezca una "sociedad multiétnica y
pluricultural”.</span></p><br /><p></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-57679688638409576372021-03-18T14:51:00.003-07:002021-03-18T14:52:39.693-07:00La competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia y la acción declarativa de inconstitucionalidad pura o abstracta.<p><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">Sumario:
I._ Introducción. II._ La competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia: ¿es un techo o un piso? III._</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">
</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">La acción declarativa de inconstitucionalidad y las antinomias
normativas. IV._ Una propuesta posible.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;"> </span></p><p><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">I._
Introducción.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La competencia originaria de la
Corte Suprema de Justicia ha sido durante mucho tiempo un "segmento
sacramental" de la jurisdicción constitucional no susceptible de ser cuestionado,
ni aún bajo el influjo procedente de la jerarquía constitucional otorgada a
determinados Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos o la necesaria
búsqueda de aflojar las tensiones entre la Constitución y la Democracia en el
plano de la racionalidad deliberativa.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una posibilidad deconstructiva concreta
es analizar la procedencia de una acción declarativa de inconstitucionalidad
pura o abstracta en el marco de la competencia originaria de la Corte Suprema
de Justicia, para instaurar de esta manera, un control de constitucionalidad y
de convencionalidad interno dual o paralelo que desagote la politización del
sistema difuso y otorgue respuestas racionales a las antinomias normativas abstractas.
Desafío interesante puesto que el sistema de control judicial dual o paralelo,
es en la actualidad, el que presenta mayores notas de racionalidad argumental
deliberativa ante el desafío que emerge de los derechos como objeto central del
constitucionalismo del siglo XXI.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">II._
La competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia: ¿es un techo o un
piso?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La competencia originaria de la
Corte Suprema de Justicia está prevista en la conjugación de los arts. 116 y
117 de la Constitución argentina. El primero establece las causas y los asuntos
que corresponden en general a la jurisdicción federal. El segundo determina la
jurisdicción apelada y originaria de la Corte Suprema. Respecto de esta última
establece que en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y
cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuera parte, la misma será
ejercida de manera "originaria y exclusiva". <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Autores como Bidart Campos sostienen
que como el art. 117 es una norma operativa, el Congreso no puede ni ampliar ni
restringir la competencia originaria añadiendo otras o retaceando las
dispuestas por la Constitución argentina y la Corte Suprema no puede
declinarla, disminuirla o ampliarla.</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>¿En el campo de las leyes y la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se verificó la postura
doctrinaria de la competencia originaria dispuesta por el art. 117 como un concepto
taxativo? El propio Bidart Campos reconoce que no.</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
Veamos algunos ejemplos. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El art. 1 de la ley 48 amplió la
competencia originaria "a las personas que compongan la Legación, a los
individuos de su familia, o sirvientes domésticos" (inciso 3) y a los
"Vicecónsules extranjeros" (inciso 4).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El decreto ley 1285/58 también
amplió la competencia originaria al establecer en el artículo 24 inc. 1° lo
siguiente "La Corte Suprema de Justicia conocerá: 1°) Originaria y
exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos (2) o más provincias
y los civiles entre una (1) provincia y algún vecino o vecinos de otra o
ciudadanos o súbditos extranjeros; de aquellos que versen entre una (1)
provincia y un (1) Estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores
u otros ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que compongan la
legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte de justicia
puede proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen
sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter
público...".<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La minoría de la Corte Suprema de
Justicia en el emblemático caso "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Sojo</i>"</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
sostuvo respecto de la competencia originaria lo siguiente: "<span style="color: black;">La vital importancia de los casos enumerados en la segunda
parte, relacionadas estrictamente con la paz pública, y los intereses políticos
y diplomáticos de la nación, explica la disposición especial y expresa de que
ellos son objeto, pero de ahí no resulta a la verdad que solo en esos casos y
no en otros sea posible el ejercicio de la jurisdicción originaria, ni que
quede el Congreso privado por tal medio de extender esa jurisdicción a
cualesquiera otros de los casos a que se extiende el poder judicial de la
Nación. Dejando, al contrario, la disposición constitucional con facultad á
aquel cuerpo para hacer excepciones a la jurisdicción de apelación,
virtualmente lo habilita para ampliar la jurisdicción originaria. Lo ha
entendido así el Congreso, y lo ha practicado esta Corte sin oposición no solo
en el caso en cuestión...".</span></span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="color: black; font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La mayoría</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="color: black; font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> de la Corte Suprema de Justicia en la causa "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Barreto, Alberto, Damián y otra c/ Buenos
Aires, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios</i>"</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="color: black; font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>modificando la
jurisprudencia desarrollada desde 1992 en el caso "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">De Gandia</i>"</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="color: black;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="color: black; font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> resolvió reformulando el concepto de "causa civil"
declinar la competencia originaria en los siguientes supuestos: a) </span><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">los asuntos en los que una provincia es parte, en que pese a
estar en tela de juicio de modo predominante una cuestión federal la decisión
del caso también impone el tratamiento de puntos del derecho público local, b)
el examen de un caso que se califica como de responsabilidad civil de un Estado
provincial se atribuya a la falta de servicio o remita al examen de materias no
regladas por disposiciones dictadas por el Congreso de la Nación sino por las
autoridades locales de gobierno, en ejercicio de una atribución no delegada a
la Nación. Este nuevo concepto excluyó de la competencia originaria a todos
aquellos casos en los cuales quiera hacerse responsable patrimonialmente a una
provincia por los daños y perjuicios que crean sufrir los habitantes de otro
Estado local o un extranjero por la actuación o por la omisión de los órganos
estatales en el ejercicio de sus funciones administrativas, legislativas y
jurisdiccionales</span><span face=""Arial","sans-serif"" style="color: #333333; font-size: 10.5pt; line-height: 150%;">.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Arial","sans-serif"" style="color: #333333; font-size: 10.5pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> </span><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El fundamento estructural que expresó la Corte Suprema fue "...</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">profundizar
los instrumentos apropiados para mejorar el funcionamiento de esta Corte,
concentrando sus decisiones de modo preferente en el responsable ejercicio de
su jurisdicción constitucional más eminente y de mayor trascendencia
institucional</span>".<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="color: #333333; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La mayoría</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
de la Corte Suprema de Justicia en el caso<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>"<i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="background: white;">Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, provincia de s/
ejecución fiscal</span></i><span style="background: white;">” interpretó que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un sujeto aforado de la competencia
originaria a pesar de no figurar expresamente en el texto del art. 117. Los
principales argumentos expuestos en torno a dicho tema fueron los
siguientes:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>* El carácter estricto con el que la
Corte Suprema interpreta el art. 117 de la Constitución argentina no debe
postularse como un obstáculo para conceder a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
el privilegio federal de litigar en instancia originaria. Si bien a lo largo de
la historia se rechazó la inclusión en esa competencia de supuestos distintos a
los taxativamente precisados por el art. 117, ese rigor no debe llegar al punto
de afectar la vigencia de otras normas constitucionales como el art. 129.</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* En otros casos la Corte Suprema
abrió la competencia originaria a determinados supuestos no incluidos
literalmente en el texto de la Constitución entendiendo que al hacerlo mejoraba
el funcionamiento del federalismo pues abría un mecanismo de solución de
conflictos de las provincias con el estado federal.</span><span class="MsoFootnoteReference"> <a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></a></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Un ejemplo de ampliación de
competencia originaria son los asuntos que tienen como parte a una provincia
puesto que el art. 117 no incluye a las causas que se plantean entre una
provincia y el Estado nacional, y en consecuencia, el caso debería corresponder
a los jueces federales de primera instancia. Si se decidiese de esta manera las
provincias verían comprometido su derecho a no verse sometidas a los tribunales
federales (salvo que sea la jurisdicción la Corte Suprema). El problema fue
resuelto admitiendo que la Corte Suprema tiene competencia originaria en la
convicción de que ello es la única forma de conciliar ambas prerrogativas
constitucionales: el derecho del estado nacional al fuero federal y el de las
provincias a no verse sometidas a tribunales federales diferentes a la Corte Suprema
(Fallos: 114:315 y 339; 128:106 y, más recientemente, Fallos: 307:2365;
308:2054; 312:1875; 313:825; 335:1521, entre muchísimos otros) y ello así a
pesar de que el artículo 117 no incluye entre aquellas que tramitarán por la
jurisdicción originaria de esta Corte Suprema a las causas en las que las
provincias y el Estado Nacional son parte.</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el caso "Sojo" se
enfrentaron dos concepciones sobre la competencia originaria establecida por el
art. 117. La primera defendida por la mayoría de carácter estático proyectada
como un techo. La segunda de carácter dinámico sostenida por la minoría definida
como un piso. Tal como surge de los ejemplos mencionados en el ámbito
jurisprudencial de la Corte Suprema de justicia ha prevalecido un concepto
dinámico de la competencia originaria establecida por el art. 117 (al cual a veces
se sumó la idea del piso) afincado en<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la
"mejora del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia con el objeto
de que se ocupe en el ejercicio de la jurisdicción constitucional de la
adopción de decisiones jurisdiccionales de trascendencia institucional",
en "la garantía de la vigencia de otras normas constitucionales" y en
"la mejora del funcionamiento del federalismo".<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la actualidad el modelo argentino
de Estado constitucional y convencional de derecho hace que el concepto
dinámico y de piso mínimo de la competencia originaria se profundice a efectos
de posibilitar alternativas jurisdiccionales que garanticen la plena vigencia
del artículo 75 inciso 22 (y con ello el control de convencionalidad interno)
en temas de trascendencia institucional y que en términos democráticos acerque
a la Corte Suprema de Justicia a la sociedad. En este sentido, Amaya sostiene
que si bien la competencia originaria dispuesta por el art. 117 de la
Constitución argentina no puede ser restringida por disposición legal dado que
es dispuesta por la Constitución y constituye una garantía jurisdiccional, esto
no significa que no pueda ser ampliada por el Congreso en beneficio de una
mayor y mejor protección de los derechos de las personas, y fundamentalmente,
en consonancia con el principio <i style="mso-bidi-font-style: normal;">pro
persona</i> emergente del otorgamiento de jerarquía constitucional a un
conjunto de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos y de sus reglas
de interpretación y aplicación.</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Otro punto a tener en cuenta es que
el art. 117 de la Constitución argentina se refiere a las antinomias normativas
concretas entre los sujetos aforados pero nada dice sobre las antinomias
normativas en abstracto ni tampoco establece una prohibición expresa sobre la
intervención de la Corte Suprema de Justicia mediante la competencia
originaria.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">III._<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La acción declarativa de inconstitucionalidad
(ADI) y las antinomias normativas.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Es posible distinguir dos clases de
acciones declarativas de inconstitucionalidad. La ADI controversial exhibe como
presupuesto la existencia de una afectación de derechos subjetivos o derechos
colectivos representada por antinomias normativas concretas entre un acto u
omisión estatal o privada y la regla de reconocimiento constitucional y
convencional. La ADI pura tiene como objeto sanear el ordenamiento jurídico ante
la verificación de antinomias normativas abstractas que se observan en la
confrontación existente entre normas secundarias generales (por ejemplo una
ley) y la regla de reconocimiento constitucional y convencional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La ADI controversial responde a un
modelo de control de constitucionalidad difuso. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La ADI pura se ubica en modelos de control de
constitucionalidad concentrado, Cuando a un modelo de control de
constitucionalidad difuso se le agrega una ADI pura en la competencia
originaria de la Corte Suprema de Justicia que ejerce en última instancia<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>por vía de apelación el control difuso emerge
el control de constitucionalidad dual o paralelo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES">Un claro ejemplo
del modelo dual o paralelo lo encarna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde
el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en consonancia
con el sistema, cumple un rol dual. Es simultáneamente la máxima instancia y
último intérprete en el esquema de control de constitucionalidad difuso, y a la
vez, es un Tribunal Constitucional cuando ejerce la jurisdicción constitucional
concentrada. </span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES">En este esquema
la acción declarativa de inconstitucionalidad es una acción abstracta pura que
tiene como objeto esencial preservar la supremacía constitucional y
convencional, y a la vez, constituye una de las más genuinas manifestaciones de
la democracia deliberativa en el ámbito de <st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on"><st1:personname productid="la Ciudad" w:st="on">la Ciudad</st1:personname> Autónoma</st1:personname> de Buenos
Aires.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
El inciso segundo del artículo 113 de <st1:personname productid="la CCBA" w:st="on">la CCBA</st1:personname> dispone que es competencia del Tribunal
Superior de Justicia conocer: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">“Originaria
y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes,
decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades
de <st1:personname productid="la Ciudad" w:st="on">la Ciudad</st1:personname>,
contrarias a <st1:personname productid="la Constitucin Nacional" w:st="on">la
Constitución Nacional</st1:personname> o a esta Constitución. La declaración
de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma salvo que se trate de
una ley y <st1:personname productid="la Legislatura" w:st="on">la Legislatura</st1:personname>
la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría
de los dos tercios de los miembros presentes. La ratificación de <st1:personname productid="la Legislatura" w:st="on">la Legislatura</st1:personname> no altera
sus efectos en el caso concreto ni impide el posterior control difuso de
constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior</i><span style="mso-bidi-font-style: italic;">”. </span>Las principales notas
características del sistema de control de constitucionalidad que se desarrolla
por medio de la acción declarativa de inconstitucionalidad son las siguientes:
a) jurisdiccional, b) concentrado, c) posterior, d) basado en el principio de
rogatoria o impulsatorio, e) con cosa juzgada constitucional con efecto <i style="mso-bidi-font-style: normal;">erga omnes ex nunc</i>, d’) salvo que se
trate de una ley y <st1:personname productid="la Legislatura" w:st="on">la
Legislatura</st1:personname> la ratifique dentro de los tres meses posteriores
a la emisión de la sentencia por mayoría de los dos tercios de los miembros
presentes. La acción declarativa de inconstitucionalidad <i style="mso-bidi-font-style: normal;">no tiene plazo de caducidad</i>.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>En torna a su la legitimación procesal, el artículo 18 de <st1:personname productid="la Ley N" w:st="on">la Ley N</st1:personname>º 402 enuncia: “Se
encuentran legitimados para interponer la acción declarativa de
inconstitucionalidad: 1) Las personas físicas; 2) Las personas jurídicas, 3) <st1:personname productid="La Defensor■a" w:st="on">La Defensoría</st1:personname> del Pueblo
de <st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on">la Ciudad Autónoma</st1:personname>
de Buenos Aires; 4) Los/las titulares de cada uno de los tres organismos que
componen el Ministerio Público de <st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on">la Ciudad Autónoma</st1:personname> de Buenos Aires”. La formula
lexical<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>“<i>las personas físicas y las
personas jurídicas</i>” remite de manera inmediata al modelo más amplio posible
de legitimación procesal deliberativa. La acción declarativa de
inconstitucionalidad <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-bidi-font-weight: bold;">es una acción popular</span></i> por voluntad
del constituyente porteño y por voluntad del legislador de <st1:personname productid="la Ciudad" w:st="on">la Ciudad</st1:personname> de Buenos Aires. La
promoción de una acción declarativa de inconstitucionalidad se sustenta sobre
la existencia de un caso constitucional y convencional cuyas notas más
destacadas son: a) resuelve cuestiones abstractas, b) no existen dos partes en
función contradictoria, c) defiende la supremacía constitucional y
convencional, o sea, la adecuación de normas generales locales a una regla de
reconocimiento de constitucionalidad y convencionalidad que sirve como
parámetro o canon de control, d) los efectos del caso se difuminan <i style="mso-bidi-font-style: normal;">erga omnes</i> a toda la sociedad.</span></p>
<p class="MsoBodyText" style="text-indent: 35.4pt;"><span lang="ES"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En
resumidas cuentas, el modelo dinamizado en <st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on">la Ciudad Autónoma</st1:personname> de
Buenos Aires por la acción declarativa de inconstitucionalidad presenta
nutridas características de racionalidad dialógica que pueden resumirse de la
siguiente manera: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
Es una acción popular que puede interponer cualquier habitante de <st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on">la Ciudad Autónoma</st1:personname> de
Buenos Aires.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
No tiene plazo de caducidad.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
Es gratuita.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
No impone costas del proceso en caso de rechazo de la acción declarativa de
inconstitucionalidad. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
Habilita de forma muy amplia la participación de Amigos del Tribunal (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Amicus Curiae</i>). <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
Antes de la sentencia se celebra una audiencia pública, que permite a las
partes debatir y refutar los argumentos expuestos, y en la cual también exponen
su postura los Amigos del Tribunal. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
Si una ley se declara inconstitucional, la misma se reenvía a la Legislatura de
<st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on">la Ciudad Autónoma</st1:personname>
de Buenos Aires para su tratamiento.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">*
La Legislatura tiene un plazo máximo de tres meses para aceptar el fallo
dictado por el Tribunal Superior de Justicia, o bien, para ratificar la ley
dictada debiendo para ello conseguir el voto de <i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i>los dos tercios de los
miembros presentes<i style="mso-bidi-font-style: normal;">. <o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">* Si la Legislatura
ratifica la ley declarada inconstitucional, dicho acto no altera sus efectos en
el caso concreto ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad
ejercido por todos los jueces inferiores y por el Tribunal Superior de
Justicia.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Respecto del funcionamiento de la
ADI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los trabajos de campo realizados por
Saavedra</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
y Barraza</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">
sobre la evolución jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia en torno a
la ADI posibilitan conocer la evolución e involución de la misma. <span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">IV._
Una propuesta posible.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;">Ante
la permanente imputación de falta de legitimación electoral o ante la
insuficiencia epistémica que genera la legitimidad indirecta derivada de la
participación de los órganos de representación popular en la designación de los
jueces, el control de constitucionalidad intenta mediante diversos caminos
construir un fundamento de legitimidad que ofrezca un matiz diferenciador a
afectos de elaborar una idea de qué se entiende por democracia cuando el pilar
fundamental que la sostiene proviene directamente del sistema de derechos. Por
ello, diversos autores vinculan la legitimidad del control de
constitucionalidad con las notas de racionalidad que emergen del discurso
judicial argumental.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la
definición de la última palabra debe primar la construcción de un diseño
institucional que intente disolver la dialéctica entre democracia y
constitución mediante una fórmula que se afinque en la racionalidad argumental
práctica. Lo cual necesariamente implicará un tránsito de la defensa de una </span><i style="mso-bidi-font-style: normal;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">legitimidad democrática<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>estática</span></i><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES;">, basada exclusivamente en la
forma de designación o elección de los detentadores de la última palabra, hacia
la postulación de una <i style="mso-bidi-font-style: normal;">legitimidad
democrática dinámica</i>, basada en la racionalidad de aquellos que deciden. </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
racionalidad propuesta se compone de la sumatoria de los siguientes elementos:
a) la garantía de la mayor deliberación posible a efectos de dotar a los
procedimientos que se instituyan del mayor valor intrínseco posible; b) la
garantía de la mayor protección sustancial posible de los derechos; y c) el
respeto por el contexto. En este punto, la máxima respuesta racional que puede
ofrecer un modelo sería aquella que pudiera conjugar sincrónicamente (que no es
lo mismo que diseñar un modelo basado en mezclas o mixturas) la deliberación
dialéctica, la argumentación jurídica y la respuesta particular e inmediata,
aliviando de esta manera la influencia de la contextualidad. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
modelo dual o paralelo posibilita este juego sincrónico o de sincronicidad<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>por cuanto permite el desarrollo: a) de la
deliberación argumental legislativa más el control de constitucionalidad
concentrado más el reenvío al parlamento para que revise, mediante una nueva
deliberación argumental, los fundamentos expuestos por la argumentación
judicial y resuelva si los acepta o los rechaza; y b) de la deliberación
argumental legislativa más el control de constitucionalidad difuso que
posibilita respuestas inmediatas, concretas y particulares en torno a los
derechos. En esta relación, la tensión por la titularidad de la última palabra
se diluye, reafirmándose la plena efectividad de los derechos que constituyen
el eje central tanto de la democracia como de la Constitución.</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 11pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el
marco expuesto, una alternativa posible es establecer mediante una ley del
Congreso una acción declarativa de inconstitucionalidad pura o abstracta en la
competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia que tenga por objeto
exclusivo la impugnación constitucional y convencional de leyes, instrumentada
como una acción popular, sin plazo de caducidad, con reenvío al Congreso en
caso de declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad para que dicho
órgano en un plazo máximo de tres meses acepte la sentencia o ratifique la ley
con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes y sin procedencia de
medidas cautelares ni de efecto suspensivo resultante de la mera
interposición.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Bidart
Campos, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional, Tomo II-B,
Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005, p. 698.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ibídem,<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> CSJN Fallos 32:120.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Voto del
juez De la Torre.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Integrada por </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Petracchi,
Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti, Argibay. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Fallos<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>329:759.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Fallos 315:2309.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Considerando 14.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Considerando 18. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
15. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
16.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ibídem.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Amaya, Jorge Alejandro,
Democracia y minoría política, Astrea, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2014,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>p. 343.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gil
Domínguez, Andrés, </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Superior
Tribunal de Justicia de <st1:personname productid="la Ciudad Autnoma" w:st="on">la
Ciudad Autónoma</st1:personname> de Buenos Aires. Régimen procesal. Derecho
procesal constitucional, Fondo Editorial La Ley, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2001</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Saavedra, Heriberto V., "La acción declarativa de
inconstitucionalidad porteña. Diez años de ejercicio", La Ley Suplemento
de Derecho Constitucional, 22 de noviembre de 2008, p.3. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Barraza, Javier Indalecio,
"La acción declarativa de inconstitucionalidad", El Derecho 23 de
octubre de 2015. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/CSJN/ORIGINARIA/La%20competencia%20originaria%20de%20la%20Corte%20Suprema%20de%20Justicia%20y%20la%20acci%C3%B3n%20declarativa%20de%20inconstitucionalidad.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span face=""Calibri","sans-serif"" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gil Domínguez, Andrés, Derechos, racionalidad y última
palabra, Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, p. 157.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-85311905402722993372021-03-08T12:59:00.003-08:002021-03-08T12:59:39.104-08:00El art. 125 de la Constitución argentina y la creación del Tribunal federal de revisión de sentencias arbitrarias (o Tribunal federal de garantías)<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
actual art. 125 de la Constitución argentina es una versión remozada del
antiguo art. 107, el cual en la reforma constitucional de 1994 recibió el
agregado del segundo párrafo quedando el siguiente texto definitivo:</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"> <span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;">Las
provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de
justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con
conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la
construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras
de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas
industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus
ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios.</span></p>
<p style="line-height: 150%; margin-bottom: 10.5pt; margin-left: 21.0pt; margin-right: 21.0pt; margin-top: 5.25pt; text-align: justify;"><span style="color: black; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-style: italic;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Las provincias y la ciudad de Buenos Aires
pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y
los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la
generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.<i><o:p></o:p></i></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
potestad de las provincias de celebrar tratados parciales excluye por imperio
del art. 126 de la Constitución argentina la posibilidad de celebrar tratados
parciales de carácter político. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
art. 125 primer párrafo parece aludir únicamente a los tratados parciales que
las provincias celebran entre sí (denominados tratados interprovinciales) pero
autores como Bidart Campos sostienen que también se subsume en dicha norma la
celebración de tratados parciales de las provincias con el gobierno federal
(denominados tratados interfederales). En ambos casos, forman parte del derecho
intrafederal.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/Art.%20125%20y%20tribunal%20de%20sentencias%20arbitrarias.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Desde
la perspectiva de Bidart Campos los tratados interprovinciales autorizados por
el art. 125 parecen consentir que, mediante su celebración, las provincias
transfieran competencias que les son propias a organismos (también
interprovinciales) que dichos convenios creen. En el supuesto de erigirse un
tribunal de justicia común a más de una provincia, el tratado respectivo solo
puede conferirle las facultades judiciales que las constituciones locales
prevén para la instancia propia del equivalente órgano judicial provincial.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/Art.%20125%20y%20tribunal%20de%20sentencias%20arbitrarias.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Mucho
más acotado es el margen otorgado por Ekmekdjian cuando al interpretar el
alcance de la potestad de las provincias de celebrar tratados parciales para
fines de administración de justicia la reduce al ámbito de la uniformidad de ciertos
trámites judiciales suprimiendo recaudos burocráticos entre las requisitorias
de los respectivos poderes judiciales provinciales.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/Art.%20125%20y%20tribunal%20de%20sentencias%20arbitrarias.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
creación de un Tribunal federal de revisión de sentencias arbitrarias o
Tribunal federal de garantías no puede concretarse mediante la utilización del
mecanismo de celebración de tratados parciales por parte de las provincias por
cuanto la arbitrariedad es materia federal no disponible como competencia
propia de las provincias transferible a un órgano supra provincial. Estando ante
materia federal el único mecanismo constitucionalmente posible de creación de
un tribunal de estas características es mediante una ley sancionada por el
Congreso Nacional en el campo de las atribuciones previstas por los arts. 75
inciso 20 y 108 de la Constitución argentina en cuanto establecen la potestad de
crear tribunales anteriores a la Corte Suprema de Justicia. </span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;">Aún en el hipotético caso que pudiera
considerarse viable la creación de esta clase de tribunal mediante la
celebración de un tratado interfederal, se necesitaría la ratificación de la
totalidad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que el
mismo se tornara operativo. Un supuesto de imposible concreción a la luz de la
experiencia observada en la imposibilidad de sancionar la ley de
coparticipación federal.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span></p><div style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 115%; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: left;"> </span></div><div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]-->
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/Art.%20125%20y%20tribunal%20de%20sentencias%20arbitrarias.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Bidart
Campos, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional argentino, Tomo
I-A, Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2000, pp. 664/5.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/Art.%20125%20y%20tribunal%20de%20sentencias%20arbitrarias.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ibídem.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/Art.%20125%20y%20tribunal%20de%20sentencias%20arbitrarias.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ekmekdjian,
Miguel Ángel, Tratado de derecho constitucional, Tomo V, Depalma, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 1999,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>p. 751.<o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-88979941275459460322021-03-04T12:55:00.004-08:002021-03-04T12:55:59.081-08:00Reformar para transformar: la creación de un tribunal federal de revisión de sentencias arbitrarias. Por Andrés Gil Domínguez y Marisa Herrera<p><span style="background-color: white; font-size: 10pt; text-align: justify;">Sumario: 1. Introducción. </span><span style="background-color: white; font-size: 10pt; text-align: justify;"> </span><span style="background-color: white; font-size: 10pt; text-align: justify;">2. Un diagnóstico posible. 3. Las alternativas
intentadas. 4. La opción nunca aplicada: un Tribunal Federal de Revisión de Sentencias
Arbitrarias. 5. Las objeciones a la creación de un tribunal federal de revisión
de sentencias arbitrarias. 6. Nuestra propuesta. 7. A modo de conclusión</span><b style="background-color: white; font-size: 10pt; text-align: justify;">. </b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 1.0cm;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">1. Introducción<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En 1909 a partir del
caso "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Rey c Rocha</i>" la Corte
Suprema de Justicia de la Nación mediante la herramienta de la creación
jurisprudencial abrió la compuerta de la sentencia arbitraria. Si bien en
principio su aplicación fue aislada, en la segunda mitad del siglo XX comenzó una
robusta utilización del instituto que cambió la naturaleza del tribunal y
progresivamente, incrementó de modo irrazonable el volumen de las causas que
arribaron al tribunal generando una disfuncionalidad operativa que se intentó
superar sin ningún éxito.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte Suprema de
Justicia de la Nación pasó de ser un tribunal dedicado exclusivamente a
controlar mediante el recurso extraordinario la validez constitucional de las
normas a ser un tribunal, que además de dicha potestad, entraba al análisis de
cuestiones de hecho, prueba, de derecho común, de cuestiones procesales a todo
aquello englobado como el "alma de la causa".<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Con el devenir de los
años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió funciones propias de un
tribunal de casación pero utilizando herramientas procesales que dejan sin
respuestas fundadas a las personas que intentan arribar a sus estrados en
procura de justicia.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Tal como lo afirma Morello la inquietud de la sobrecarga que aqueja a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y que se halla enquistada en la rémora de la
casi totalidad de los superiores tribunales (sean del derecho continental o los
del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">commonlaw</i>) requiere
perentoriamente "hacer algo" innovador al respecto.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El objeto del presente
trabajo consiste en analizar las distintas alternativas que se han planteado, y
a la vez, proponer una opción que se viene construyendo desde hace más de
treinta años en la doctrina constitucional y procesal argentina: <i style="mso-bidi-font-style: normal;">la creación de un tribunal federal de
revisión de sentencias arbitrarias</i>.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">2.
Un diagnóstico posible<o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hay
datos que son elocuentes. Nos envuelve un poder judicial cuyo diseño se gestó a
fines del siglo XIX y se desarrolló en el siglo XX para enfrentar y dar
respuestas a conflictos socio-jurídicos del siglo XXI; más precisamente, en la
era de la cibernética, la robótica, la biotecnología, la nanotecnología y de
manera más reciente, los bitcoins y los “Tesla” y el VAR -por citar alguno de
tantos conceptos que empiezan a formar parte de nuestra cotidianeidad, al menos
desde el discurso para algunas clases sociales porque es sabido que a los más
vulnerables sus preocupaciones básicas siguen siendo las mismas, a las que
tampoco la justicia logra darle respuesta de manera precisa y rápida.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la actualidad, la Corte Suprema
de Justicia recibe anualmente entre 20.000 y 27.000 causas, de las cuales
resuelve aproximadamente 7.000, rechazando sin expresar ningún fundamento en un
alto porcentaje. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En 2018 la Corte Suprema de Justicia
de la Nación dictó 8.067 fallos y en 2019 7.237 fallos. En 2018, el 99,2%de las
causas de la competencia apelada resueltas definitivamente correspondió a la
tramitación de un recurso extraordinario federal (REF) o de una queja por REF
denegado. En ese mismo año, el 68,5% de los recursos rechazados en la esfera de
la competencia por apelación se sostuvieron en la aplicación del “certiorari
criollo” basado en el art. 280 del CPCCN (un porcentaje mayor al de 2016 que
fue del 81%) y el 11,8 % fundado en las formalidades que exige la Acordada
4/2007. En síntesis, un<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"> 80,3% de las
causas son rechazas sin fundamentación alguna</b>.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte Suprema de Justicia de la
Nación en 2018 resolvió sólo en 224 causas mediante una decisión fundada sin
remitirse a sentencias anteriores o al dictamen del Procurador General de la
Nación. No muy lejos de los 80 casos que resuelve la Corte Suprema de Justicia
de EEUU de los 7000 que recibe anualmente, aunque con reglas más precisas entre
las que se encuentran una etapa previa de admisibilidad y selección de los
casos a ser tratados con un costo de acceso mucho menor (USD 300 contra USD
1.100 USD que es lo cuesta acceder al máximo tribunal argentino).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Tal como señalamos, la gran mayoría
de los casos que arriban a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen
como objeto que se revise una sentencia que adolece de arbitrariedad fáctica o
normativa. Este camino procesal fue habilitado por la jurisprudencia del
tribunal para salvaguardar el debido proceso y consolidar el objetivo preambular
de afianzar la justicia ante situaciones en las cuales una sentencia debido a
sus graves defectos de fundamentación o razonamiento no pude ser considerada
una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias de
una causa concreta (por ejemplo: cuando se aplica una ley derogada o se invoca
una prueba nunca producida). La revisión de las sentencias arbitrarias es
derecho federal, por dicho motivo, no se ve afectada la autonomía de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más allá del notable
trabajo interno que realizan los secretarios letrados del tribunal mediante
frondosos "memos" que nunca se conocen, lo cierto es que un altísimo
porcentaje de estas causas son rechazadas sin que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación invoque algún argumento sobre la base de la invocación del art. 280
del CPCCN. Si esto implica en sí mismo un serio problema de funcionamiento
formal y sustancial, la cuestión se complejiza mucho más aún cuando esta
potestad de resolver sin fundar colisiona frontalmente con la Convención
Americana sobre Derechos Humanos tal como lo expresó la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los casos "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Mohamed
vs. Argentina</i>" (2012) y "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">López
y otros vs. Argentina</i>" (2019). Cada vez que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación rechaza un caso sin expresar ningún argumento, el Estado
argentino viola el derecho humano que titularizan las personas a que lasdecisiones
que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben
estar debidamente fundamentadasy permitir conocer cuáles fueron los hechos,
motivos y normas en los cuales se basó la autoridad para tomar una decisión.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.45pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">3. L<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">as alternativas intentadas<o:p></o:p></span></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></span></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;">Desde la aparición de la patología expuesta se intentaron distintas
alternativas para poder superar la sobredimensión de causas y la consecuente
afectación del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia<b>.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></b></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;">3.1 Un primer intento de superar el problema
expuesto fue establecer una serie de filtros dentro de la Corte Suprema de
Justicia vinculados a la tramitación de las causas. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El primero fue definir
el concepto de "tribunal superior de la causa" mediante la doctrina
sentada en los casos “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Strada</i>” y “<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Di Mascio</i>” estableciendo que para
acceder a la Corte Suprema de Justicia había que transitar inexorablemente las
vías de la justicia provincial.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El segundo fue </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">sancionar
la ley 23.774 (1990) mediante la cual se amplió el número de integrantes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación de cinco a nueve y se le otorgó a dicho
tribunal la facultad de rechazar “<i>según su sana discreción</i>” las causas
que llegaran a su conocimiento sin la obligación de esgrimir ningún fundamento
cuando evaluase que no son trascedentes, sustanciales o bien que aun existiendo
violaciones de derechos estas no son lo suficientemente intensas para
justificar su intervención ¿Cuál fue el principal argumento esgrimido por los
legisladores en el debate? La necesidad de desahogar a la Corte Suprema de
Justicia de la cantidad de expedientes que arribaban a sus estrados
(aproximadamente 6.000 al año) para que pudiera cumplir eficazmente con la
función de ser el máximo y último intérprete de la Constitución argentina. En
el debate parlamentario suscitado en la Cámara de Senadores<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> es
posible rescatar una serie de argumentos relacionados directa o indirectamente
con la interpretación del art. 280 del CPCCN.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En primer lugar y de manera directa
el Senador Brasesco sostuvo: “<i>Pero al margen de ello, esta otra propuesta
contribuirá, indudablemente, a aliviar el trabajo referido a la cantidad de
expedientes que se encuentran a estudio de la Corte ya que, por vía del
certiorari, podrán ser rechazadas lacónicamente las causas que no tienen tanta
trascendencia, que son poco sustanciales. Es decir, éste es el trámite, la
esencia del certiorari: no abundar en fundamentos explícitos sobre la causa,
sino <b style="mso-bidi-font-weight: normal;">expresarse en párrafos
sentenciosos, breves, escuetos, que resuman todo un pensamiento, una decisión
del tribunal</b>...”</i><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En segundo lugar y de forma
indirecta el Senador De la Rúa expresó: “<b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><i>En
cuanto al certiorari como facultad para seleccionar las causas o desechar
aquellas a las que encontrara gravedad suficiente, sostuve como lo voy a
explicar enseguida que no debía hacerse sin crear al mismo tiempo un tribunal y
un recurso de casación para la justicia federal</i></b><i>. Es decir un
instancia intermedie que posibilite la revisión de las sentencias cuando se
denunciaren vicios, sobre todo de carácter formal, capaces de invalidarlas...
Ahora bien, este tribunal de casación no es el del proyecto del diputado
Vanossí ni tampoco el proyecto de Santiago Fassi de 1964 en este Senado. Es
decir, no se trata del famoso Tribunal Nacional de Casación del que se ha
hablado muchas veces: la casación nacional con potestad para juzgar y revisar
las sentencias de cualquier tribunal de la República respecto de cualquier
punto de derecho como instancia superior unificadora de la aplicación del
derecho común y procesal. No; solo debe ser una casación para la justicia
federal limitada al examen de las sentencias definitivas en el mérito de los
tribunales con esta competencia para examinar el acatamiento a la ley de esas
sentencias y uniformar así la jurisprudencia y asegurar la observancia de las reglas
formales para su validez...”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a>.</i><o:p></o:p></span></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el
debate producido en la Cámara de Diputados no prosperó la propuesta del
Diputado Gentile de incorporar al <i>certiorari </i>algunas modificaciones
tales como permitir “<i>una sucinta y rápida fundamentación a fin de que la sentencia
tenga el carácter de tal. Además debe establecerse una serie de principios en
virtud de los cuales se excepcione el writ of certiorari, dado que cuestiones
tales como contradicciones entre la jurisprudencia de distintas cámaras
federales de apelación, por ejemplo, no pueden quedar al arbitrio de la Corte</i>”.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
tercer intento fue el dictado de la Acordada 4/2007 mediante la cual la Corte
Suprema de Justicia de la Nación estableció con carácter dirimente una serie de
requisitos formales para la tramitación de los recursos extraordinarios
federales o de las quejas por REF denegado que también implica un rechazo sin
fundamento de las cuestiones planteadas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Al
día de la fecha las opciones descriptas no generaron un resultado mínimamente positivo.
</p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">3.2
Una segunda alternativa es considerar dogmáticamente que el actual
funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia es óptimo y nada debe cambiar. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>3.4 Una tercera alternativa consiste
en afirmar que la patología verificada se remedia mejorando la calidad de las
sentencias dictadas por los jueces y las juezas anteriores.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Esta opción, atractiva desde lo teórico, es desde lo práctico de imposible
concreción en un tiempo razonable por cuanto supone una exhaustiva coordinación
de Consejos de la Magistratura (el federal y los locales) pero aún en el
hipotético caso que estuviera ejecutándose los resultados al día de la fecha
demuestran un total fracaso. A lo expuesto es posible agregar razones de índole
cultural tal como lo destaca con precisión Horacio Rosatti de la siguiente
manera: “<i>La creciente litigiosidad, o —para decirlo de un modo más técnico—
la creciente judicialización de los conflictos, es el reconocimiento de la
incapacidad para resolver un problema antes de pisar un tribunal de justicia. Y
lamentablemente (y tal vez paradójicamente) es un problema que no ha podido
resolver la vigencia continuada del sistema democrático, pues los números de
causas ingresadas y resueltas se ha incrementado notoriamente desde —cuando
menos— 1991 hasta la fecha</i>”<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>3.4 Una cuarta alternativa es
animarse a intentar actualizar los debates, las ideas y las propuestas
ensayadas por otros autores y autoras que observaron la misma preocupación aquí
planteada en un contexto en el que la cantidad de causas y las críticas razonadas
y razonables al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
eran menos acuciantes.<o:p></o:p></span></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 42.55pt; vertical-align: baseline;"><b>4. La opción nunca aplicada: un
tribunal federal de revisión de sentencias arbitrarias<o:p></o:p></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><span style="mso-tab-count: 1;"> </span></b>Desde
hace treinta años maestros del derecho constitucional, procesal y privado <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>como Bidart Campos, Morello, Vanossí,
Belluscio y Rosales Cuello vienen trabajando la propuesta de crear un Tribunal
Federal de revisión de sentencias arbitrarias dictadas por las Cámaras
Federales (excepto la Cámara Federal de Casación Penal), las Cámaras Nacionales
y los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en los términos previstos por el art. 108<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de la Constitución argentina el cual habilita
al Congreso a establecer tribunales anteriores a la Corte Suprema de Justicia
en todo el territorio nacional.</p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.1.
La propuesta de Belluscio<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; vertical-align: baseline;">La idea planteada por Belluscio fue
la creación de un órgano judicial con una jerarquía intermedia entre la Corte
Suprema de Justicia y las Cámaras Federales con el objeto de revisar las
sentencias a través de un recurso de casación y las sentencias arbitrarias a
través del recurso extraordinario de nulidad. El tribunal debe estar dividido
en salas y sus decisiones son irrecurribles. También contempla la competencia
en el recurso de queja por denegación de justicia.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.2.
La propuesta deVanossi<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La propuesta
de Vanossi se plasmó en dos proyectos de ley (1987 y 2007) presentados ante la
Cámara de Diputados en su carácter de diputado nacional con una sólida y
docente exposición de motivos y consistió en la creación de un Tribunal Federal
de Casación que revisara las sentencias dictadas por los tribunales
provinciales y nacionales respecto de: a) el derecho común y b) las sentencias
arbitrarias. El tribunal debe estar integrado por siete jueces y juezas
provenientes de seis regiones federales, sus miembros deben reunir las
condiciones exigidas para ser miembros de la Corte Suprema de Justicia y ser
designados por el procedimiento previsto por los arts. 99 inciso 4 segundo
párrafo y 114 de la Constitución argentina. Contra la sentencia dictada por el
Tribunal Federal de Casación solo se puede articular el recurso de aclaratoria.
</p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.3.
La propuesta de Morello-Rosales Cuello<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
alternativa elaborada por Morello-Rosales Cuello plasmada en un proyecto de ley
fue crear un Tribunal Intermedio de Control de Sentencias cuya competencia
fuera revisar a través del recurso por arbitrariedad de sentencia de las
decisiones jurisdiccionales definitivas o equiparables a definitivas dictadas
por los Tribunales Superiores de Provincia y por las Cámaras Nacionales y
Federales (excluida la Cámara de Casación Penal) contra las cuales se invoque
alguna causal de arbitrariedad, absurdo o exceso ritual. Contra la sentencia
dictada por el Tribunal Intermedio de Control de Sentencias solo procede el
recurso de aclaratoria y la interposición del recurso por arbitrariedad de
sentencia no suspende el plazo para interponer el recurso extraordinario federal
basado en el art. 14 de la ley 48, el cual tramita por separado y de admitirse
el recurso por arbitrariedad de sentencia para su tratamiento, el REFqueda en
suspenso hasta que se resuelva el primero. En este sentido, Rosales Cuello
expresa que la inapelabilidad no lesiona el debido proceso previsto por la
Constitución argentina puesto que en virtud de lo dispuesto por el art. 117, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación conoce en grado de apelación sobre la
base de reglas y excepciones previstas por la ley<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.También
establece que debido a la particular competencia que detentará el Tribunal
Intermedio de Control de Sentencias, en el supuesto de que en el plazo de cinco
años desde el comienzo de su funcionamiento se demostrase por razones objetivas
que no es necesario su continuidad, se debe disolver no pudiendo los jueces y
juezas que la conforman invocar la estabilidad en el cargo lo cuales pasarán a
desempeñar funciones de igual jerarquía en otros tribunales federales. Por
último, no establecen la forma de designación de sus integrantes puesto que
consideran que es una cuestión delicada de política legislativa reservada al
Congreso de la Nación según el perfil que se le asigne al tribunal; de este
modo, dejan abierta la posibilidad de que sean designados mediante el
procedimiento previsto para la designación de los jueces y juezas de la Corte
Suprema de Justicia<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>.</p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.4.
La posición de Germán Bidart Campos<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ante
el debate sobre si la posibilidad de unificar la jurisprudencia en materia de
derecho común implicaría una casación federal lesiva de la “reserva” de
jurisdicción local que hacen los arts. 75 inc. 12 y 116 de la Constitución
argentina, Bidart Campos sostuvo que era constitucionalmente posible y también
necesario que por vía del recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia de
la Nación unifique la interpretación jurisprudencial contradictoria de las
leyes nacionales de carácter común porque la jurisprudencia contradictoria
lesiona la igualdad jurídica garantizada por la Constitución. Para sostener su
postura distingue aplicación de la ley (que debe ser local) de interpretación
pura de la ley (que debe ser federal); esto es, los tribunales locales aplican
la ley al caso concreto, pero cuando la aplican, deben acoger la interpretación
que sobre ella efectuó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para uniformar
la jurisprudencia opuesta. Esta facultad casatoria podría recaer en la Corte
Suprema de Justicia de la Nación o bien, en un tribunal federal de casación
inferior a ella.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>También
Bidart Campos consideraba posible otorgarle a dicho tribunal federal de
casación la potestad de revisar las sentencias arbitrarias.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.5.
Eventos académicos<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El tema
en estudio fue debatido en el marco de los VIII Jornadas Bonaerenses de
Derecho, Civil, Comercial, Procesal y Tributario de Junín de octubre de 1998 en
el que la creación de un tribunal intermedio recibió la aprobación de la
respectiva comisión y en los XXII y XXIII Congreso Nacional de Derecho (Paraná,
junio de 2003 y Mendoza, septiembre de 2005), aprobándose en este último en las
conclusiones emitidas por la Comisión de Derecho Procesal Constitucional la
posibilidad de la creación de tribunales intermedios como una de las
alternativas posibles en el rediseño de la competencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Asimismo, en el ámbito de la Asociación Argentina de
Derecho Constitucional se produjo un interesante debate que se vio reflejado en
la revista "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Debates de Actualidad</i>"
(año XVIII, nº 189, pp. 16/19).</p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.6.
La propuesta de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos
Aires<o:p></o:p></i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el
marco del trabajo realizado por el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento
del Poder Judicial y el Ministerio Público creado por el Decreto 635/2020, en
fecha01/09/2020 expuso en representación de la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Buenos Aires, el académico Jorge Vanossi quien recomendó
la creación de Tribunal Federal de Casación con el alcance establecido en los
proyectos de ley presentados oportunamente en su carácter de diputado nacional.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><i><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>4.7
La propuesta del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial
y el Ministerio Público</i></b></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el
ámbito del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el
Ministerio Público, la creación de un tribunal federal intermedio fue un tema
arduamente debatido por sus integrantes. En el Informe Final elevado al presidente
Alberto Fernández es posible observar distintas recomendaciones sobre el tema.</p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt; vertical-align: baseline;">Los autores del presente trabajo recomendaron
la creación de un Tribunal Federal de Sentencias Arbitrarias con el objeto de revisarlas
decisiones jurisdiccionales dictadas por las Cámaras de Apelaciones Federales,
la Cámara de Casación Penal y los Superiores Tribunales de Justicia. El
tribunal estaría dividido en salas por materia (penal, civil, comercial,
laboral, contencioso administrativo, tributario y seguridad social) y los jueces
y juezas integrantes de este Tribunal serán designados conforme lo establece
elartículo 99 inciso 4 de la Constitución argentina respecto de los jueces
anteriores.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>El consejero Palermo propuso crear un
Supremo Tribunal Federal competente para el tratamiento de sentencias arbitrarias
y para realizar una tarea de genuina casación penal y no penal, además de tener
la tarea de unificar la jurisprudencia. La función de revisión de la
arbitrariedad de las sentencias definitivas debe limitarse a las dictadas por los
tribunales federales de todo el país y a la unificación de la interpretación
del derecho federal. La composición de este tribunal debería garantizar el
pluralismo que se encuentra presente en la sociedad civil.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
consejero Arslanian postuló la creación de una segunda Cámara Federal de
Casación en materia no penal, dividida en salas temáticas, con la finalidad
que, junto con la existente (de competencia penal), mediante la sanción de la
respectiva ley, revise las decisiones jurisdiccionales dictadas por las Cámaras
de Apelaciones Federales. Como se dijo, la nueva Cámara de Casación estará
dividida en salas por materia (civil, comercial, laboral, contencioso
administrativo, tributario y seguridad social). Tales tribunales, amén de las
funciones propias de toda casación tendrán, también, la función de controlar la
arbitrariedad de las sentencias, y dicha decisión será irrecurrible ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, salvo que se encuentren involucradas
cuestiones federales. Ello debería ser dispuesto por la propia ley, que
establezca el carácter final y definitivo de las sentencias que dicte la cámara
de casación en las que se haya alegado la arbitrariedad del fallo recurrido
que, como se dijo, no podrá ser motivo de recursoextraordinario. El mismo rol
cumpliría la Cámara Federal de Casación Penal en el marcode su competencia.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
consejero Beraldi recomendó la creación de un tribunal que sería competente en
los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra
las sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por las Cámaras
Federales de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en lo Contencioso
Administrativo Federal y de la Seguridad Social, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en
el interior del país. El Tribunal de Casación Federal debería estar dividido en
Salas, según los criterios de competencia ya establecidos, a saber: civil y
comercial, contencioso administrativo y seguridad social.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La
consejera Sbdar considero que es conveniente la creación de un tribunal de
casación intermedio, como instancia de unificación de la jurisprudencia
respecto del derecho federal y también del derecho común que deban aplicar los
jueces federales, cuya actividad jurisdiccional habrá de estar ceñida a toda la
competencia no penal del fuero federal.El tribunal de casación no penal podrá
dividirse en tantas salas de acuerdo a las distintas competencias de las
Cámaras federales de apelaciones. Este nuevo tribunal intermedio no podrá
conocer de las sentencias de los superiores tribunales de Provincia porque al
funcionar como cámara de casación se apartaría del REF del art.14 Ley 48.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El
consejero Bacigalupo compartió la propuesta de creación de un Tribunal de
Casación Federal cuya competencia esté orientada a mantener la unidad del orden
jurídico, dividido en Salas especializadas (civil, penal, administrativo,
social y laboral).<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Las
consejeras Battaini, Kogan y Weinberg rechazaron toda iniciativa tendiente a la
implementación de tribunales intermedios entre las Supremas Cortes Provinciales
y de la Ciudad de Buenos Aires y la Corte Suprema de Justicia Nacional en tanto
son contrarios a la Constitución Nacional (artículos 5 y 121). Asimismo, de
implementarse únicamente en el fuero federal, sostuvieron la duda que agregar instancias
beneficie al justiciable que se vería obligado a transitar por los estrados judiciales
durante largo tiempo en la búsqueda del reconocimiento de sus derechos.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p></o:p></span></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; vertical-align: baseline;"><b><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>5.
Las objeciones a la creación de un tribunal federal de revisión de sentencias
arbitrarias.<o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 18.0pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una primera objeción es que dicho tribunal
solamente sería un filtro temporal sin efecto práctico alguno puesto que todos
los casos llegarían igualmente al máximo tribunal. Al respecto, es dable tener
en cuenta que una revisión integral de planteos de arbitrariedad disminuiría
los casos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como aconteció
con la creación de la Cámara Federal de Casación Penal que según información
que se ha obtenido de manera informal en el marco de la labor desarrollada por
el Consejo Consultivo, en 2019, de la totalidad de las causas que resolvió la
Corte Suprema de Justicia de la Nación solo el 1,9 % provino de este tribunal;
en contraposición con el 28,46% que procedían de la justicia nacional, el
45,62% de la justicia federal (que aquí como se dijo, solo el 1,90 % lo fue de
la mencionada Casación Federal) y el 23.70% de los Superiores Tribunales de
Justicia provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de los
casos que se plantean por competencia originaria. Además, establecer estándares
precisos influiría en una mejora de la calidad de las sentencias de los demás
tribunales intervinientes, los cuales en la actualidad están en una posición
muy cómoda en la medida que al rechazar la Corte Suprema de Justicia de la
Nación la gran mayoría de los planteos, las eventuales arbitrariedades quedan
atrapadas en el lado oscuro de la luna, lo cual siempre es perjudicial para
los/as justiciables principales destinatarios de las normas y los tribunales
que las interpretan con una clara función social como el resto de los dos
poderes del Estado. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una segunda objeción se vincula con el
tiempo o duración de los procesos los cuales supuestamente se incrementarían
como consecuencia de la intervención del tribunal. En primer lugar, una
respuesta jurisdiccional fundada emitida por un tribunal especializado en un
plazo legal fijado es mucho más célere que el actual esquema. En segundo lugar,
en la medida que la sentencia del tribunal sea irrecurrible o que la concesión
del REF por sentencia arbitraria tenga efecto devolutivo de forma definitiva o
transitoria, la actuación del <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">tribunal
federal de revisión de sentencias arbitrarias acotaría notablemente los tiempos
del proceso. Por último, </span>la incorporación de innovación tecnológica
basada en inteligencia artificial (como por ejemplo la IA <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Pretoria</i> utilizada por la Corte Constitucional de Colombia) agilizaría
y transparentaría la circulación y resolución de las causas. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Una
tercera objeción se vincula a la supuesta afectación de la autonomía de las
provincias en relación a la aplicación del derecho común. La revisión de las
sentencias arbitrarias es derecho federal, por dicho motivo, no se ve afectada
la autonomía de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tal como
lo señala laCorte Suprema de Justicia de la Nación en constante y consolidada
jurisprudencia en la materia. La creación de un tribunal intermedio de ninguna
manera significa transgredir los dispuesto en el art. 75 inciso 12 de la
Constitución argentina puesto que el mismo no ejerce funciones de casación de
derecho común, sino que solo ejerce el control de control de razonabilidad de
las sentencias que se objetan por arbitrariedad, competencia que en razón de la
materia es propia e improrrogable de la justicia federal.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Por
dicho motivo, consideramos conceptualmente equivocada la postura sostenida por
Bayle cuando sostiene que “<i>la arbitrariedad, por lo menos como se ha entendido
hasta hoy, consiste en tener por nula, por padecer de vicios que impiden
tenerla como un acto válido aquella decisión judicial que resuelve el pleito.
Esta regla alcanza a todas las materias del derecho salvo aquellas que, por
federales, la CSJN trata con arreglo a la competencia que le acuerda las leyes
48 o la 4055, reglamentarias de la CN en este aspecto</i>”.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una cuarta objeción es la supuesta impunidad
que generaría la creación del tribunal respecto de ciertos funcionarios
sometidos a procesos penales acusados de delitos de corrupción utilizando un
significante vacío que asocia una reforma de estas características al “<i>intento
de manipulación de la justicia y la violación de la división de poderes”</i>
aunque no existe ningún elemento normativo que lo justifique. De esta manera,
se juega con el tabú freudiano como un ariete descalificador: quienes realizan
un diagnóstico o proponen una reforma adquieren de forma automática el carácter
de cómplices de proyectos que pretenden destruir al Poder Judicial.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una quinta objeción invocada es que
la propuesta de creación de un tribunal <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">federal
de revisión de sentencias arbitrarias e</span>ncierra una forma de “elitismo
judicial” puesto que si el Poder Judicial es por naturaleza “elitista” más
tribunales implica “más elitismo”.<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Tal como surge del Informe Final del Consejo Consultivo, el tribunal se inserta
en un nuevo diseño del Poder Judicial y el Ministerio Público sostenido por
cuatro ejes transversales (paridad de géneros, federalismo, democratización del
servicio de justicia, agenda digital y de innovación tecnológica) que persiguen
desde el momento que una persona se inscribe a un concurso para acceder al
cargo de juez o jueza hasta el dictado de un sentencia final por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación establecer diferentes mecanismos
institucionales que permitan una mayor participación y deliberación democrática
que deconstruya en forma concreta tales estructuras elitistas. Entre ellos -por
citar alguno de las tantas propuestas y recomendaciones esgrimidas en el
mencionado Informe Final elaborado en el marco del Decreto 635/2020- que el
recurso de revisión por sentencia arbitraria sea gratuito. En realidad, quienes
se oponen a esta clase de reforma invocando un inexistente elitismo sin
propuestas concretas, operan a favor del mantenimiento de un Poder Judicial
anclado en una sala de máquinas conservadora, analógica, patriarcal y claramente
elitista.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>6. Nuestra propuesta <o:p></o:p></span></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Tomando como punto de partida el
diagnóstico realizado y lo expuesto en el Informe Final aludido, nuestra
propuesta consiste en la creación de unTribunal <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">Federal de Revisión de Sentencias Arbitrarias que observe las siguientes
notas estructurales:<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* <u>Integración</u>:
juezas y jueces provenientes de distintas regiones del país con el objeto de
garantizar el federalismo y la diversidad ideológica.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 18.0pt;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* <u>Designación</u>:
mediante el mecanismo previsto por la Constitución argentina para los jueces
anteriores o bien el mecanismo previsto para la designación de los jueces y
jueces de la Corte Suprema de Justicia. </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Quedan abiertos
interesantes debates constitucionales y convencionales en torno al proceso de
designación de los/as integrantes del tribunal intermedio. ¿Es posible cumplir
con los tres elementos mencionados que son sustanciales para su correcto
funcionamiento si se adoptara el modo de selección “ordinario”? ¿El proceso de
selección que recepta la legislación vigente a cargo del Consejo de la
Magistratura de la Nación está en consonancia y puede dar respuesta a estas
exigencias, máxime cuando se trata de resolver planteos que hasta la actualidad
lo viene realizando la cabeza jurisdiccional del Poder Judicial de la Nación cuya
modalidad de selección es otra, bien diferente tal como lo establece la
Constitución Nacional en art. 99 inciso 4 reforzado en clave democrática por el
decreto 222/2003? En otras palabras, cabría preguntarse si es posible que los
jueces y juezas que lo integren puedan ser designados a propuesta del presidente
con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes del Senado tal como
sucede con los miembros de la Corte Suprema de Justicia para lo cual, es
evidente que se debería lograr un fuerte consenso y diálogo político de
carácter federal. ¿Qué mayor federalismo podría observar un tribunal que ser
integrado por un representante de cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires? Claramente, un tribunal intermedio con las características que aquí se
explicitan a modo de lineamientos y estructura básica, obliga a repensar
diseños institucionales bien diferentes a los que ostenta el Poder Judicial de
la Nación -y también las administraciones de justicia locales- que siguen
receptando lógicas perimidas, que conculcan principios fundamentales como el de
igualdad/diversidad -de género, territorial/cultural e ideológico-.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* <u>Costo del recurso</u>:
gratuito.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* <u>Competencia</u>:
revisión de sentencias definitivas o equiparables subsumidas en causales de arbitrariedad
dictadas por Cámaras Federales, Cámaras Nacionales (hasta tanto opere la
transferencia de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o por ley se establezca que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA
es el último tribunal de la causa a los efectos de la interposición y
tramitación del REF)<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn27" name="_ftnref27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
y Superiores Tribunales de Provincia.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* <u>Alcance de la
sentencia:</u> en este tema caben tres posibilidades: 1) que la sentencia solo
tenga un efecto negativo lo cual significa que sólo está facultado para
descalificar la sentencia impugnada pero no para resolver el litigio; 2) que la
sentencia tenga un efecto positivo lo cual implica que el tribunal pueda
resolver definitivamente el conflicto y 3) que el tribunal ostente ambas potestades.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Recurribilidad de la
sentencia: en este punto se abren dos opciones. La primeraque la sentencia sea
irrecurrible salvo en lo atinente a la interposición de un REF en los términos
dispuestos por el art. 14 de la ley 48. La segunda que se puede interponer un
REF por arbitrariedad contra la sentencia pero que la interposición y concesión
(si tramita ante el último tribunal de la causa) o la mera interposición (si se
revuelve que el REF se presente directamente ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación) tenga solamente un efecto devolutivo.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* <u>Recursos mixtos</u>:
cuando en una causa se presente una cuestión federal y una causal de
arbitrariedad se pueden promover sendos recursos (el recurso de revisión de
arbitrariedad ante el tribunal y el REF ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación) y solicitar a esta última que hasta tanto el </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">tribunal
<span style="mso-bidi-font-weight: bold;">federal de revisión de sentencias
arbitrarias resuelva se suspenda la tramitación del REF.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><o:p></o:p></span></p>
<p class="contentap" style="background: white; line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify; text-indent: 42.55pt; vertical-align: baseline;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;">7.
A modo de conclusión<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></b></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>El diagnóstico es preciso y tiene
larga data. Si no se intenta un camino alternativo en unos años volveremos a
debatir el tema y la Corte Suprema deJusticia de la Nación habrá incrementado
el número de expedientes que recibe anualmente; esta tendencia en franco
aumento es elocuente e ineludible.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Junto a la creación del Tribunal Federal
de Revisión de Sentencias Arbitrarias, tendría que modificarse la forma de
acceso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con una presentación directa
del recurso extraordinario, una etapa de admisibilidad para su tratamiento o
rechazo fundado de las causas, una agenda mínima anual de los casos que van a
ser resueltos, un plazo razonable para dictar sentencia, la correcta regulación
de la figura de los amigos del Tribunal y las audiencias públicas como
herramientas básicas -entre tantas otras- para transparentar y a la par, rendir
cuentas de la máxima autoridad de uno de los tres poderes del Estado, el único
que no pasa de forma directa por el tamiz o control popular. Como dato
relevante conclusivo, solo basta recordar que la vigente y tan citada ley 48
data de 1868 a pesar de haber operado una reforma constitucional integral como
la 1994.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Lo paradojal de la actual situación
es que el esquema y procedimiento de la excepcionalidad es más efectivo que el
de la normalidad. El recurso extraordinario por salto de instancia regulado por
los arts. 257 bis y 257 ter del CPCCN establece que el REF se presenta
directamente ante la Corte Suprema de Justicia sin tener que pagar ningún
depósito, existe una etapa de admisibilidad de la tramitación, si no se lo
admite se dicte una resolución fundada y si se lo admite el tribunal resuelve
el fondo del asunto.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 6.0pt; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Si por un momento dejáramos de lado
los prejuicios emergentes de la grieta que automáticamente inhibe toda forma de
deliberación racional, quizás el debate sobre la creación de un Tribunal
Federal de Revisión de Sentencias Arbitrarias podría arrojar beneficiosas
conclusiones con el objeto de mejorar el funcionamiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a efectos de prestar un adecuado servicio jurisdiccional
que respete el debido proceso que exige, entre otras condiciones, el dictado de
una sentencia debidamente motivada<a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftn28" name="_ftnref28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>, y
con ello, poder superar los actuales niveles de satisfacción de los derechos que
titularizan las personas cuando estas acuden a un órgano jurisdiccional en
procura de justicia.<o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Rosales Cuello, Ramiro, "Un tribunal necesario (factible creación
de un tribunal para el control de las sentencias viciadas de
arbitrariedad)", La Ley 1993-E-994. <o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Morello, Augusto M., "La casación nacional. Estado de la cuestión
(la creación de un tribunal intermedio), La Ley 1989-C-970. <o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Morello, Augusto M., <i>El recurso extraordinario</i> (con la
colaboración de Ramiro Rosales Cuello), LexisNexis-Librería Editora Platense,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2006, p. 764. </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Giannini, Leandro J., "La producción jurisdiccional de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (2018)", Revista Anales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata (UNLP), año 17,Nº
50, 2020, p. 791. El destacado nos pertenece.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Diario de Sesiones de la Cámara
de Senadores, </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">22ª Reunión 18ª Sesión Ordinaria (Continuación), 28 y 29
de septiembre de 1989.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ibídem, </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 2612. El
destacado nos pertenece.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> Ib.
p. 2617 y ss. El destacado nos pertenece.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Diario de Sesiones de la Cámara
de Diputados, Reunión 58°, 4 y 5 de abril de 1990, pp. 7627 y 7628.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Gil Domínguez, Andrés, </span></span><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Técnica
del Recurso Extraordinario Federal y del Recurso de Queja</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">, Ediar, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, 2011.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Giannini, Leandro J., "Los recursos y la
reforma a la justicia nacional. Inconveniencia de los tribunales de casación o
intermedios", La Ley 24 de agosto de 2020.<span style="mso-spacerun: yes;">
</span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Rosatti, Horacio D., "La
Corte Suprema. Entre Escila y Caribdis", LA LEY 16/04/2018 ,1, 2018-B ,
986, Cita Online: AR/DOC/735/2018.</span><span lang="ES-MX" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES-MX;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Rosales Cuello, Ramiro, "Un
tribunal necesario (factible creación de un tribunal para el control de las
sentencias viciadas de arbitrariedad)", La Ley 1993-E-994.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Morello, Augusto M. y Rosales
Cuello, Ramiro, "La Corte Suprema, el tribunal intermedio y los
justiciables", Jurisprudencia Argentina 1998-II-888.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional
argentino, Tomo II-B, Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2005, pp. 120/22.
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Postura expuesta por Germán J.
Bidart Campos en el marco de una entrevista personal con el Doctor Andrés Gil
Domínguez.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">
Informe Final del </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">Consejo
Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Propuestas y Recomendaciones, 2020, </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 892.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Ibídem, p. 893.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ib., </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 893.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ib., </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 893.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ib., </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 894.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ib., </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 894.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn22" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Ib., </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">p. 895.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn23" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Morello, Augusto, M., op. cit.
3, p. 778.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn24" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Bayle, Juan Pablo, “Algunas reflexiones en
torno al “Tribunal intermedio” cuya creación ha propuesto el Consejo Consultivo
instaurado por Decreto 635/2020” en </span><a href="https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-civil-y-obligaciones-nro-247-08-02-2021/"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-civil-y-obligaciones-nro-247-08-02-2021/</span></a><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">. </span></span><span lang="ES-MX" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES-MX;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn25" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Gil Domínguez, Andrés, "Un tabú
eterno", Diario Perfil, 14 de febrero de 2021.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn26" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Gargarella, Roberto, "El
problema de la "objeción democrática" al Poder Judicial", Diario
La Nación, 19 de febrero de 2021.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn27" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Gil Domínguez, Andrés, </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES; mso-bidi-font-size: 12.0pt;">“´Levinas
vs. Levinas´: un nuevo capítulo en la saga por la autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires”, LA LEY, 02/09/2020, 1. Cita on Line: AR/DOC/3619/2020.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn28" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/CONSEJO%20CONSULTIVO/TRIBUNAL%20INTERMEDIO/2021%20La%20Ley%20tribunal%20intermedio%20AGD%20MH%20FINAL-FINAL.docx#_ftnref28" name="_ftn28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES">Morello, Augusto M., op. cit. 3, p. 777.<o:p></o:p></span></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-22059842630543014462021-02-24T07:52:00.007-08:002021-02-24T08:06:33.090-08:00La vacuna no se mancha<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se vinculan
directamente con la prestación de bienes y servicios que son escasos. En este sentido,
el art. 2.1 del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y
culturales conmina a los Estados a disponer "hasta el máximo de los
recursos disponibles" para cumplir con las obligaciones internacionales asumidas
en torno a la satisfacción y concreción de dichos derechos. <o:p></o:p></span></p><p>
</p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Esta
característica estructural se agudizó notablemente ante la irrupción del
COVID-19 respecto de la atención hospitalaria y la aplicación de las vacunas.
Por dicho motivo, el Estado estableció la prioridad de atención y de vacunación
de ciertos grupos debido a su vulnerabilidad y además agregó de forma
excepcional una categoría indeterminada "personas con funciones
estratégicas" para responder a la dinámica de la epidemia.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Esto
se vio plasmado en el “<i>Plan Estratégico
para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina</i>” dictado en el marco del
DNU 260/2020 y la ley 27.573 y diseñado por el Ministerio de Salud de la Nación
teniendo en cuenta la información y recomendaciones de organismos
internacionales disponibles hasta el momento donde se estableció un orden de prioridades
en la vacunación conforme al siguiente esquema:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Personal de salud (escalonamiento
en función de la estratificación de riesgo de la actividad.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> *
Adultos de 70 años y más. Personas
mayores residentes en hogares de larga estancia. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Adultos de 60 a 69 años. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Fuerzas Armadas, de Seguridad y
Personal de Servicios Penitenciarios.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> *
Adultos 18 a 59 años de Grupos en Riesgo Personal Docente y No Docente
(inicial, primaria y secundaria). <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Otras poblaciones estratégicas
definidas por las jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El
"Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina”
configura una garantí</span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">a primaria del derecho a la vida, el derecho a la salud y
el derecho a la integridad física, psíquica y social previstos por la
Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos
humanos que ostentan jerarquía constitucional.
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El
art. 36 de la Constitución argentina establece en el último párrafo que el
Congreso dictará una ley de ética pública para el ejercicio de dicha función. Cumpliendo
dicho mandato, la ley 25.188 tiene por objeto establecer un conjunto de deberes, prohibiciones e
incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma
permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por
concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos
los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Los
sujetos comprendidos (entre los que se encuentran el Presidente, el Jefe
de Gabinete de Ministros, los ministros, secretarios y subsecretarios del Poder
Ejecutivo nacional, los legisladores y los jueces) <b>tienen la
obligación de cumplir determinados deberes éticos bajo apercibimiento de ser </b><b>sancionados o removidos por los
procedimientos establecidos en el régimen propio de su función</b> tales como:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Cumplir y hacer cumplir
estrictamente Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos que en su
consecuencia se dicten y defender el sistema republicano y democrático de
gobierno.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Desempeñarse con la observancia y respeto de
los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad,
probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Velar en todos sus actos por los
intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general,
privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> * Fundar sus actos y mostrar la
mayor transparencia en las decisiones adoptadas sin restringir información, a
menos que una norma o el interés público claramente lo exijan.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> Quienes estando comprendidos en el marco
de la ley de ética pública desconociendo el orden de prelación previsto por el “<i>Plan
Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina</i>” se vacunaron
o permitieron que personas no incluidas en la categorías establecidas lo hagan violaron
los deberes impuestos por dicha norma, y consecuentemente, le corresponde la sanción
o remoción prevista para cada función. A los legisladores removerlos por inhabilidad
moral (art. 66 de la Constitución argentina), a los jueces removerlos mediante juicio
político, a los funcionarios públicos removerlos previo sumario administrativo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> <b><u>COVID-19</u>
= Ética pública + Vacunación transparente e igualitaria</b>. <o:p></o:p></span></p>
<span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">Una fórmula que no se
puede obviar ni negociar. </span>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-11410881465765670122021-01-19T14:49:00.000-08:002021-01-19T14:49:05.144-08:00Libertad de expresión, sátira y caricatura (el caso Pando vs Barcelona)<p><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">Sumario:
I._ Introducción.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;">II._ La libertad de
expresión y el debate público. III._ La sátira crítica como género literario.
IV. La caricatura digital. V. A modo de conclusión.</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; text-align: justify;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>I._ Introducción. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En la causa "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Pando de Mercado, María Cecilia c/ Gente
Grossa S.R.L. s/ daños y perjuicios</i>"<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> la
mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> de
la Corte Suprema de Justicia resolvió revocar la sentencia dictada por la Sala
D de la Cámara Nacional en lo Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
rechazar la demanda de daños y perjuicios promovida por la actora contra la
Revista Barcelona.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> E</span>n la contratapa de la edición del
13 de agosto de 2010 de la Revista Barcelona se realizó un fotomontaje
caricaturesco y satírico de la señora Pando de Mercado respecto de sus posturas
publicas críticas vinculadas con los procesos penales por crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la última dictadura militar y de las políticas
llevadas a cabo por las autoridades del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas
armadas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ante dicha situación, la señora
Pando de Mercado promovió una acción<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de
daños y perjuicios contra la Revista Barcelona. La pretensión resarcitoria fue
favorablemente receptada en primera instancia<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y
en el tribunal de alzada<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
que posteriormente intervino.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La cuestión puesta en debate por la
Corte Suprema consistió en analizar si el montaje fotográfico y las leyendas
que lo acompañaban gozaban de la tutela de la libertad de expresión, o bien, se
encontraban más allá del ámbito de protección delineado por el tribunal<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>través de su jurisprudencia dando lugar a la
responsabilidad civil ulterior generada por su publicación.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La sentencia de la mayoría de la
Corte Suprema de Justicia establece un estándar preciso y actual sobre la
sátira y la caricatura como integrantes de los contenidos constitucionales<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y convencionales protegidos emergentes de la
libertad de expresión que se proyecta por encima del caso resuelto en el campo
del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></b></span><!--[endif]--></span></span></a></i>
<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II._
La libertad de expresión y el debate público. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte Suprema recuerda que según
consolidada jurisprudencia la libertad de expresión goza de un lugar
preeminente en el marco del sistema de derechos por su importancia para el
funcionamiento del sistema democrático y para el ejercicio del autogobierno
colectivo del modo establecido por la Constitución argentina. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>¿Esta "posición
preferencial" que ocupa la libertad de expresión implica que <i style="mso-bidi-font-style: normal;">a priori</i> y en todos los casos "vale
más" o tiene mayor "peso ponderado" que el resto de los derechos
adquiriendo el estatus de derecho absoluto? De ninguna manera. Al igual que el
resto de sus derechos presenta límites respecto de otros derechos que pueden
colisionar<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
(como sucede en el presente caso con el derecho al honor y a la imagen) o en
torno a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionales. <a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La posición preferencial o
privilegiada de la libertad de expresión determina<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>que en la medida que se verifiquen ciertos
supuestos vinculados con el pleno funcionamiento del sistema democrático su
peso ponderado se refuerza ante otros derechos con los que puede llegar a
colisionar. Uno es la presencia de un funcionario público o de una figura
pública. El otro que el tema tratado sea de interés público o relevancia
pública.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el presente caso se cumplieron
las dos exigencias. La señora Pando de Mercado es una figura pública debido a
su activa intervención en el debate público sobre los procesos judiciales y las
políticas públicas adoptadas respecto de los delitos de lesa humanidad
cometidos durante la última dictadura militar en su carácter de presidenta de
la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina. La
publicación se refirió a un tema de interés público como fue la protesta
realizada en 2010 por esposas y familiares de militares que se encontraban
presos por causas en las cuales se investigaba la comisión de crímenes de lesa
humanidad de la cual participó la señora Pando de Mercado asumiendo una postura
pública crítica en un espacio público.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">III._
La sátira crítica como género literario. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La sátira como género literario
constituye una de las herramientas a través de las cuales se comunican críticas,
opiniones y juicios de valor sobre asuntos públicos funcionando como un
instrumento de denuncia social que se expresa bajo la forma de un mensaje
“oculto” detrás de la risa, la jocosidad o la ironía.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>¿Cual es la característica principal
de la sátira?<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Exagerar y deformar agudamente la
realidad de modo burlesco. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Generar<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>en quien lo lee u observa la percepción de
“algo” que no es verídico o exacto. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Utilizar un tono o forma socarrona,
punzante, virulenta o agresiva para transmitirlo, y de esta manera,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>provocar en el receptor del discurso crítico
risa, sorpresa, estupor, rabia, agitación, bronca.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Abordar bajo esa metodología temas religiosos,
sociales, políticos, económicos o culturales.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>¿Qué clase de sátira utiliza la
Revista Barcelona?<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>No difunde noticias o publicaciones
enmarcadas en un clima de neutralidad.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Exhibe un periodismo de opinión
crítico realizado con humor caricaturesco y satírico que no intenta reflejar la
realidad tal cual se presenta -o se ha presentado- sino falseando, modificando
o desfigurando el escenario que analiza, de modo que, las noticias e imágenes
que se insertan en ese ámbito son habitual y notoriamente alteradas. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La sátira social o política al<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>utilizar el humor o lo grotesco para
manifestar una crítica o expresar un juicio de valor constituye un modo de
expresión de ideas, por lo tanto, está incluida en la tutela
constitucional<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y convencional de la
libertad de expresión puesto que amplia los márgenes del debate democrático en
temas de interés público.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Los funcionarios públicos y las
personas que participan en cuestiones de interés público están expuestos a la
crítica ríspida e irritante respecto de su desempeño público por cuanto esto
habilita un debate robusto e indispensable para el desarrollo de la vida<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y democrática. Por dicho motivo, la
Constitución argentina protege por igual las expresiones inofensivas o bien
recibidas y las formuladas de forma agresiva, con vehemencia, dureza o
causticidad o que apelan a expresiones irritantes, ásperas, hostiles y molestas
para los funcionarios o figuras públicas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
No obstante esto, la posición preferencial o privilegiada de la libertad de
expresión crítica no habilita las manifestaciones injuriantes que no tengan
relación con las ideas u opiniones que se expongan. No hay un derecho al
insulto o a la vejación gratuita e injustificada. No existe una "patente
de corso", ni tampoco un salvoconducto de impunidad de quienes obran
excediendo el marco del ejercicio regular del derecho a criticar.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>En el caso se observa una aplicación
concreta del estándar precedente cuando la Corte Suprema de Justicia analiza la
eventual colisión suscitada entre la libertad de expresión y el derecho a la
igualdad de la mujer (en los términos previstos por el art. 1 de la Convención
sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>plantada por la señora Pando de Mercado al
sentirse agraviada respecto de la manera sexualizada que la revista Barcelona
la presenta cuando ella no apareció de esta manera en público. Al analizarlo,
la Corte Suprema de Justicia concluye que no se advierte que esta clase de
expresión configure un insulto discriminatorio desvinculado de la crítica
política que proyecta o bien que utilice el perfil femenino como un modo de
reafirmar estereotipos y/o roles de género que subordinan a las mujeres.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">IV.
La caricatura digital. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La caricatura constituye desde hace
siglos una de las vías más frecuentes de expresar mediante la burla y la ironía
críticas sociales o políticas que como elemento de participación y control
público coadyuvan a la formación de la opinión pública libre como factor
estructural del sistema democrático.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La revista Barcelona publicó una
foto del rostro de la señora Pando de Mercado adosada a la de un cuerpo
femenino anónimo desnudo lo cual derivó en un planteo sobre la vulneración de
derecho a la imagen. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La Corte Suprema de Justicia sostuvo
que dicho fotomontaje puede ser considerado una manipulación de la imagen
asimilable a una caricatura. En este punto afirmó que la esencia de la creación
satírica no se pierde por la "tecnología" con <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la que finalmente se concreta: <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>inicialmente se presentó como dibujo u obra de
arte, luego mediante <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>la manipulación
fotográfica, actualmente a través de la tecnología digital que reelabora las
fisonomías.<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Con cita directa del caso "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Hustler
Magazine</i>" resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos recordó
que <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>" la caricatura política es un
arma de ataque, de desprecio, ridiculización y sátira; es menos efectiva cuando
intenta dar una palmada en la espalda a un político. Suele ser tan bien
recibida como la picadura del aguijón de una abeja, y siempre despierta
controversias en algún lugar".<a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">V.
A modo de conclusión.<span style="mso-tab-count: 1;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>La conclusión general a la que es
posible arribar es que las expresiones satíricas integradas por imágenes y
leyendas están inmersas en la protección constituvencional deparada a la
libertad de expresión, lo cual refleja una fuerte tradición desarrollada en
nuestro país a través de publicaciones tales como El Mosquito, Don Quijote,
Caras y Caretas (en el siglo 19) y Tía Vicenta y Humor Registrado (en la
segunda mitad del siglo 20).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Una mención especial final al <i style="mso-bidi-font-style: normal;">obiter dictum</i> donde la Corte Suprema de
Justicia invoca el "contrato de escritura" expuesto por el entrañable
Eliseo Verón que relaciona el discurso con los lectores, y través del cual, es
posible afirmar que la enunciación ("las modalidades del decir") es
tan solo una parte de la historia y que en ciertos casos -muy frecuentes en los
dominios de la prensa escrita- es la parte de menor importancia en la relación
con los lectores cuando de sátira se trata.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">CSJN CIV
63667/2012/CS1, 22 de diciembre de 2020.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por Lorenzetti, Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz. En tanto que Highton de Nolasco
no emitió su voto.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
El montaje que simulaba ser la tapa de una ficticia revista denominada “S/M Soy
Milico” consistió en una fotografía del rostro de la señora Pando de Mercado
adosada a la de un cuerpo femenino ajeno desnudo envuelto en una red,
acompañada del siguiente texto: “¡PARA MATARLA! SOLTÁ EL GENOCIDA QUE LLEVÁS
DENTRO”, “APROPIATE DE ESTA BEBOTA”, “LAS CHICAS QUIEREN GUERRA ANTISUBVERSIVA”,
“LAS DEFENSORAS DE PRESOS POLÍTICOS MÁS HOT DE PLAZA SAN MARTÍN TE PIDEN POR
FAVOR QUE LOS SUELTES”, “CADENAS, HUMILLACIÓN Y GOLPES (DE ESTADO)”, “CECI
PANDO SE ENCADENA PARA VOS”.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%;">[4]</span></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman", serif;"> Gil Domínguez, Andrés, "El
fallo contra la revista Barcelona: libertad de expresión y protección de la
sátira", under constitucional, 17 de mayo 2016,
http://underconstitucional.blogspot.com/2016/05/el-fallo-contra-la-revista-barcelona.html</span></p></div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Gil Domínguez, Andrés,
"Libertad de expresión, sátira corrosiva y responsabilidad civil ulterior.
El caso "Pando vs. Revista Barcelona" ",<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>under constitucional, 10 de abril de 2017,
http://underconstitucional.blogspot.com/2017/04/libertad-de-expresion-satira-corrosiva.htmlhttp://underconstitucional.blogspot.com/2017/04/libertad-de-expresion-satira-corrosiva.html.
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Gil Domínguez, Andrés, </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">.
"La consolidación del stare decisis constituvencional", La Ley 29 de
mayo de 2020.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gil
Domínguez, Andrés, "</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 11pt; text-align: left;">Derecho al honor, libertad de expresión y
ponderación</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;">", La Ley 2020-A-335.</span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerandos
5 y 6. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerandos
10<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>y 11. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
14.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
13. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
15. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
18. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>17.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
24.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
21.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>20.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/LIBERTAD%20DE%20EXPRESION/Comentario%20al%20fallo%20Pando-Revista%20Barcelona.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
21. <o:p></o:p></span></p>
</div>
</div>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-7293379035717554092020-09-10T08:35:00.007-07:002020-09-10T08:37:57.020-07:00El Decreto 735/2020 y la Ciudad de Buenos Aires <p><span style="font-size: 12pt; text-align: justify;">La Constitución establece
en el art. 75.2 un sistema de coparticipación de los impuestos directos e
indirectos entre el Estado, la provincias y la CABA sujeto a la sanción de una
ley convenio que desde 1994 nunca se aprobó.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Los criterios objetivos
de reparto establecidos por la Constitución son la equidad, la solidaridad y un
grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en
todo el territorio nacional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">En 1988 se sancionó la
ley<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>23.548 con el objeto de establecer
un "régimen transitorio" de distribución de recursos fiscales entre
el Estado y las provincias.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">La "torta" a
ser distribuida está compuesta por todos los impuestos directos e indirectos y
los impuestos y contribuciones con asignación específica.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">La "torta" se
divide primariamente entre el Estado y las provincias y secundariamente entre
las provincias.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">El art. 8 de la ley
23.548 establece que el Estado de la parte que le corresponda le entregará a la
CABA una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá
ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Mediante el Decreto
705/2003 Duhalde asignó un coeficiente de 1,40 %. Mediante el Decreto 194/16
Macri elevó el coeficiente al 3,75 %. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Mediante el Decreto
399/16 Macri estableció que la diferencia porcentual de Decretos (2,35 %) sería
aplicada a la seguridad pública en las materias no federales en el ámbito de la
CABA.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Mediante el Decreto 257/2018
Macri estableció un nuevo coeficiente reduciendo la alícuota al 3,50 %. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Mediante el Decreto
735/2020 Alberto Fernández redujo la alícuota al 2,32% hasta que el Congreso apruebe
la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en las materias no
federales y al 1,40% cuando esto suceda en el Congreso.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">La aprobación de la transferencia
por parte del Congreso deberá contar con la debida reasignación de recursos o
transferencia de partida presupuestaria (art. 75.2 párr. 5 CA).</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">Desde el punto de vista formal y habida cuenta de los antecedentes
verificados, el Presidente Fernández está habilitado dictar el Decreto 735/2020
y disminuir el coeficiente destinado a la CABA.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%;">La discusión constitucional sustancial se vincula a la proporcionalidad
existente entre el coeficiente fijado por el Decreto 735/2020 y <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>los recursos necesarios que demanda la <span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">seguridad pública en
las materias no federales en el ámbito de la CABA. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman";">Este es el aspecto que
podrá ser judicializado ante la Corte Suprema de Justicia por la CABA donde entrarán
en juego dos párrafos del art. 75 inc. 2 de la CA. El tercero que establece los
criterios de distribución y el quinto que impone la transferencia de servicios
con transferencia proporcional de recursos.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal">Fuera de lo jurídico, flaco favor le hace a un federalismo
de concertación y a la superación de la grieta que un Jefe de Gobierno
responsable y solidario como Rodríguez Larreta se entere por vías digitales de
una decisión de alto impacto público. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-87232256277411911362020-06-14T06:55:00.006-07:002020-06-14T13:57:11.670-07:00El caso Vicentin: expropiación y utilidad pública<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
expropiación es el acto unilateral por el cual el Estado priva de la
propiedad<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>de un bien al titular del
derecho sobre el mismo, con fines de utilidad<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>pública, mediante calificación por ley e indemnización previa e integral
de aquel bien.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span><!--[endif]--></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
calificación de "utilidad pública" exigida por la Constitución
argentina en el art. 17 o de "interés social" tal como lo establece
el art. 21.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos es determinada
por el Congreso en forma discrecional exenta de arbitrariedad ponderando la
oportunidad, el alcance y la conveniencia de la expropiación. Esta exigencia
representa una garantía constitucional que tiene por objeto resguardar el
derecho fundamental y el derecho humano de propiedad que titularizan las
personas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span><!--[endif]--></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Expropiación
discrecional exenta de arbitrariedad implica que el Congreso tiene la potestad
de utilizar dicha herramienta para cumplir con fines constitucional y
convencionalmente posibles (que en un Estado constitucional y convencional de
derechos se traduce en la satisfacción o garantía del sistema de derechos),
siempre que, no exista otro medio razonablemente más idóneo para alcanzar los
mismos fines planteados.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La Corte Suprema de Justicia sostiene que la potestad
del tribunal para revisar la declaración legislativa de utilidad pública está
limitada a los casos de arbitrariedad o gravedad institucional<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span><!--[endif]--></span></a>,
que si bien es cierto que corresponde al legislador resolver cuándo existe una
causa de utilidad pública que justifique la expropiación, como así también
decidir si dicha utilidad pública subsiste, ambos aspectos pueden ser revisados
judicialmente en hipótesis de manifiesta arbitrariedad<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span><!--[endif]--></span></a> y que la expropiación
debe responder, inexcusablemente, a una causa de utilidad pública, calificada
por ley y el planteo de su inexistencia debe ser desechado salvo en supuestos
de gravedad o arbitrariedad extrema.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span><!--[endif]--></span></a>
<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia evidencia una suerte de alta
intensidad en la deferencia reconocida al legislador en torno a la
determinación de la utilidad pública o el interés social expropiatorio. En
tanto que el control de constitucionalidad (y de convencionalidad interno) solo
está habilitado a actuar cuando se evidencia de manera objetiva que existe una
alternativa ostensiblemente más idónea que la vía expropiatoria.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
el caso "Vicentin" los motivos de utilidad pública o interés social
en los que se basaría la pretensión estatal expropiatoria estarían condensados
en los fundamentos expuestos por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 522/2020
de la siguiente manera:<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* El grave peligro para la
continuidad de las operaciones de Vicentin que es una de las principales
empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* El riesgo en que <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>encuentran <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>2.195 puestos de trabajo de la industria
aceitera, 1.000 empleos de la empresa algodonera, 376 de la industria
vitivinícola del grupo inversor y 2.057 de la planta frigorífica.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* El volumen agro exportador de la
empresa (10 millones de toneladas, esto es aproximadamente el 9% del total de
la oferta exportable) que podría verse afectado sensiblemente y proyectar efectos
negativos en materia laboral, comercial, económica y social. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Que la producción agropecuaria
resulta estratégica para la República Argentina a través de la cual se garantiza
la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas
(las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Otras
razones también podrían encontrase en los fundamentos de la ocupación
temporánea anormal de la empresa dispuesta por 60 días a través del DNU
522/2020 aplicando el art. 59 de la ley 21.499, entre las que se encuentran: <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Asegurar la continuidad de la
empresa. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Preservar sus activos y patrimonio.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Proteger los puestos de trabajo en
peligro teniendo en cuenta el volumen de la empresa en cuestión (lo que se
vuelve urgente en el marco del COVID-19). <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* La soberanía alimentaria. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* La necesidad de evitar impactos de
alta negatividad en la economía.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Gran
parte de los fundamentos expuestos se vinculan con fines constitucional y
convencionalmente posibles en términos de derechos y de realización de
políticas públicas concatenadas a una situación contextual de probada crisis de
la empresa. El único de los fundamentos que en este sentido considero débil es
la invocación de la soberanía alimentaria. Si bien es un término expuesto por
organizaciones de la sociedad civil intentado ampliar el concepto de seguridad
alimentaria desarrollado por la FAO, a la vez, expone diferencias importantes
tal como lo manifiestan Gordillo y Obed Méndez<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span><!--[endif]--></span></a>:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>Ambos conceptos enfatizan la
necesidad de aumentar la producción y la productividad de alimentos para
enfrentar la demanda futura. Ambos subrayan que el problema central el día de
hoy reside en el acceso a los alimentos y, en consecuencia, suponen políticas
públicas redistributivas desde el ámbito del ingreso así como del empleo. Ambos
asumen la necesaria articulación entre alimentos y nutrición. De ambos
conceptos, también, se pueden derivar propuestas de protección social para enfrentar
crisis temporales o programas de transferencias condicionadas como parte de
programas de combate a la pobreza. Las diferencias centrales son dos. Primero,
el concepto de seguridad alimentaria -adoptado por los países miembros de la
FAO- es, si se quiere, un concepto neutro en términos de correlación de
fuerzas. No prejuzga sobre la concentración de poder económico en los distintos
eslabones de la cadena alimentaria ni en el comercio internacional de alimentos
ni en la propiedad de medios de producción clave, como la tierra o, más
contemporáneamente, el acceso a la información. En tanto, el concepto de
soberanía alimentaria parte justamente de constatar la asimetría en los
distintos mercados y espacios de poder involucrados, por ejemplo, en los ámbitos
de las negociaciones comerciales multilaterales. Apela, entonces, al papel
equilibrador que puede jugar un estado democrático, y concibe que los alimentos
sean más que mercancías. En esencia, en un contexto como el actual, de alta
volatilidad y potenciales insuficiencias en la oferta de alimentos, este
concepto puede ser claramente incorporado a las estrategias de proteccionismo
defensivo, como las que han adoptado recientemente varios países de Europa,
como Rusia y Ucrania, o de Asia, como Vietnam o la India. La segunda diferencia
sustancial tiene que ver con cómo producir alimentos. Aunque la FAO ha sido
pionera en temas relacionados con mejores prácticas agrícolas (BPA), manejo
sustentable de recursos naturales, el principio precautorio en relación con los
OGM, agricultura verde, etc., precisamente por su naturaleza como organismo
intergubernamental y multilateral, no podría adoptar una posición enfática o
única respecto a las distintas formas de producir alimentos. En la literatura
especializada, se reconocen tres grandes patrones tecnológicos: la llamada
agricultura industrial, que se basa en el uso intensivo de combustibles
fósiles; la agricultura biológica, que utiliza biomasa y biotecnologías, de las
cuales los OGM son apenas una parte, y, más específicamente, la agricultura
orgánica, que supone procesos que requieren de diversas formas de
certificación. La UE ha planteado desde hace varios años la idea de la
coexistencia de los tres sistemas, aunque, recientemente, en el diseño de las
políticas agrícolas comunitarias se está insistiendo en un sistema de subsidios
desacoplados de un producto en concreto, y que premie el uso sustentable de
recursos naturales en la producción de alimentos. En cambio, el concepto de
soberanía alimentaria está claramente orientado en primer lugar a la
agricultura en pequeña escala (incluidas las actividades ganaderas, forestales
y pesqueras), no industrial, preferentemente orgánica, que se relaciona sobre
todo con la concepción de agro ecología.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
soberanía alimentaria no solo es un concepto en construcción que por su
indeterminación posibilitaría al Congreso en el caso "Vicentin"
adoptar cualquier tipo de decisión sin un marco contextual de amarre, sino que,
directamente no es aplicable a las actividades desarrolladas por la empresa en
crisis. En este punto existe un dato relevante que consiste en la sanción de la
ley 26.631 mediante la cual se aprobó el "Acuerdo de Cooperación en
Materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria" entre el Estado argentino y
la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo marco, ni directa o
indirectamente se propone a la expropiación como un mecanismo útil para
garantizar la soberanía alimentaria.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Llegado
a este punto, la cuestión se vincula con la proporcionalidad de la expropiación
como medio más idóneo para cumplir con los objetivos constitucionales y
convencionales verificados frente a las alternativas que plantea el concurso
preventivo de acreedores, sus distintos mecanismos de recomposición de los
activos en crisis y la adopción de múltiples medidas por parte del juez
competente para garantizar el funcionamiento de la empresa y evitar su
vaciamiento.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
el debate que se suscite en el Congreso los legisladores y las legisladores que
propongan la expropiación de Vicentin tienen la carga de probar que dicha
alternativa es la más idónea de todas las disponibles. En otras palabras,
deberán probar que la alternativa concursal es menos idónea que la
expropiación.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span><!--[endif]--></span></a>
Si esto no fuera sólidamente argumentado la decisión legislativa expropiatoria
en términos de "utilidad pública" o "interés social"
estaría muy cerca de la arbitrariedad extrema que la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia a través del control de constitucionalidad se encargó de
inhibir para de esta manera garantizar plenamente el derecho de propiedad. <o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;">Bidart Campos, Germán J., Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Tomo I-B, Ediar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2001,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>p. 377. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;">Ibídem, p. 379.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
CSJN <span style="background: white;">Fallos: 312:1725 (1989).</span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
CSJN <span style="background: white;">Fallos: 312:1725 (1989).</span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoNoSpacing" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">
</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%; mso-ansi-language: ES;">CSJN </span><span style="background: white; font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">Fallos: 317:221
(1994).</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif;"> </span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gordillo,
Gustavo y<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Obed Méndez, Jerónimo,"
Seguridad y soberanía alimentaria", Organización de las Naciones Unidas
para la alimentación y la agricultura, 2013, p. 8. </span><a href="http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf</span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Art.%20sobre%20expropiaci%C3%B3n%20de%20Vicent%C3%ADn.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Diana,
Nicolás, "Apuntes sobre expropiación y quiebra", La Ley, </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">AR/DOC/268/2011.</span><span style="mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
</div><br /><p></p>agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-15830255187211608402020-06-10T13:00:00.007-07:002020-06-10T16:37:41.127-07:00Vicentin<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El
análisis del caso "Vicentin" necesariamente debe dividirse en dos
temas. Por un lado, el proyecto de expropiación presentado en el Congreso. Por
el otro, la ocupación temporánea anormal por el plazo de 60 días dispuesta por
el DNU 522/2020.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La
expropiación como límite al derecho de propiedad es un procedimiento previsto
por la Constitución argentina y por los IIDH con jerarquía constitucional que
tiene por objeto privar a una persona de sus bienes por razones de utilidad
pública o interés social mediante el pago de una indemnización justa.. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El
DNU 522/2020 no expropia la propiedad de los dueños de Vicentin porque no los
desplaza en la titularidad de sus bienes, con lo cual sostener que el DNU expropia a Vicentin es una clara muestra de <i>fake
</i>constituvencional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La
ocupación temporánea anormal es un procedimiento previsto por la ley de
expropiaciones (ley 21.499 "sancionada" en 1977) que consiste en el
uso transitorio de un bien o cosa individualizado por un tiempo determinado cuando
se verifica "<i>una necesidad anormal,
urgente, imperiosa, o súbita</i>".<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La
ocupación temporánea anormal puede ser dispuesta directamente por el Presidente
mediante el dictado de un simple decreto y no genera ninguna indemnización
salvo cuando se tengan que reparar los daños o deterioros que la ocupación le
produjere a los bienes o pagar los daños y perjuicios emergentes del uso de los
bienes con fines ajenos a la ocupación.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">La
ocupación temporánea anormal de Vicentin podría haber sido dispuesta por el
Presidente mediante un simple decreto, sin embargo, optó por la herramienta del
DNU mediante la cual habilitó la participación del Congreso en la decisión
adoptada.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">El
problema constitucional y legal sustancial que presenta el DNU 522/2020
consiste en que la situación de emergencia que exige la ley 21.499 <span> </span>como habilitante de la ocupación temporánea
anormal se asemeja en mucho a la situación de necesidad y urgencia requerida
por la Constitución para los DNU. Por ende, debe existir una situación objetiva
de urgencia súbita que no puede ser reparada por otro medio más idóneo para
alcanzar el mismo fin.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">En
los considerados el DNU 522/2020 reconoce que la empresa está concursada desde
febrero de 2020, que los principales acreedores son bancos públicos, que la
producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país por cuanto garantiza
la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas
(las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior)
y que como empresa estratégica se debe garantizar que siga operando y no sea
vaciada mediante maniobras<span> </span>espurias. El
Estado contaba con una herramienta más idónea que era solicitar en el proceso
concursal la designación de un interventor a los efectos de cumplir los fines
perseguidos por el DNU 522/2020 (los cuales comparto). Sin embargo se utilizó
un medio menos idóneo que no cumple con el presupuesto de habilitación legal y
que expone políticamente al Presidente al haber utilizado un instrumento que
aunque esté vigente fue pergeñado jurídicamente por la dictadura militar (dicho
sea de paso mecanismo que ningún gobierno democrático desde 1983 revisó o
sustituyó legislativamente). <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;">No es acertado el planteo que sostiene que el Presidente violó el art. 109 de
la Constitución argentino por cuanto el DNU 522/2020 no inhibe ninguna de las facultades
otorgadas por la Constitución y la ley de concursos y quiebras al juez, solo desplaza
a quien tiene la administración de los bienes quienes siguen sometidos a la autoridad del juez competente. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: 0cm; text-align: justify;"><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt;">El
caso "Vicentin" también desnuda cómo funciona el capitalismo prebendario
estatal en nuestro país y como existe una doble vara ética respecto de los recursos
destinados a la ayuda social de los más vulnerables. </span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "times new roman", serif; font-size: 12pt;"> </span></p><br />agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-74607980307069869542020-06-03T06:28:00.001-07:002020-06-03T06:28:20.625-07:00Constitucionalismo digital <p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
repentina aparición del COVID-19 y las huellas que está dejando en las
subjetividades aceleró el debate entre el constitucionalismo digital y el
constitucionalismo analógico.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Alessandro
Baricco sostiene que la primera huella geológica de la digitalidad es la
aparición del juego </span><i style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Space Invaders</i><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> a
partir del cual dejamos atrás el metegol como muestra de lo físico y nos
sumergimos en el mundo de lo inmaterial, gráfico e indirecto. Ese fue el día
inicial de la persona-teclado-pantalla que posteriormente se transformó en una
especie de postura cero en la que los dispositivos se convirtieron casi en
prótesis orgánicas del cuerpo humano. A partir de este</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">momento se desarrolló un mundo que
paulatinamente fue transitando en distintas etapas, una digitalidad que lleva
en su ADN el patrimonio genético del videojuego ¿Cual fue la figura que
representó el apego del siglo XX al metegol como representación de lo
analógico? Un iceberg o una pirámide invertida en cuya cubierta flotan las
percepciones superficiales y el juego consistía en superarlas guiados por
alguna clase de mediación a través de un maestro, sacerdote, viajes,
profesores, viajes, libros, goces, sufrimientos hasta llegar al punto de la
experiencia descartando que dicho camino fuera sencillo de transitar. Esta
figura la aplicábamos a los aspectos más diversos de la realidad se trate de
investigar una noticia, entender una poesía o vivir un amor. Así funciona el
derecho constitucional analógico en donde lo construido en términos de sentidos
aparece como un saber consolidado que solo puede ser explicado pero nunca
conmovido desde la superficie. La lucha entre los "mediadores" o
"maestros" se reduce a demostrar quién sabe más del saber encapsulado
por el constitucionalismo analógico, pero es atentar contra su corazón, plantear
alternativas innovadoras</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">¿Qué
aparece cuando invertimos el iceberg o la pirámide? El premio aparece arriba,
el esfuerzo abajo, las esencias emergen a la superficie, la complejidad queda
escondida en algún lugar. Así funcionan actualmente muchas de las aplicaciones
más conocidas desplegando una simplicidad donde la complejidad de la realidad
emerge en la superficie dejando atrás cualquier lastre que haga más pesado el
corazón esencial. Con esa lógica también funciona el constitucionalismo digital
de la cuarta revolución industrial donde la innovación siempre es posible más
allá de las experiencias emergentes que circulan por la superficie casi sin
intermediación y exige, una y otra vez, respuestas nunca dadas más que
interrogantes basados en experiencias consolidadas. El constitucionalismo
digital no pretende desconocer o destruir el saber acumulado, pero lejos de
configurar un sesgo incuestionable, lo utiliza para encontrar respuestas a
preguntas que requieren innovación, de la misma manera que Siri el sistema
operativo de Apple nos trae la información que requerimos para adoptar
decisiones en diversos sentidos.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> E</o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">l
COVID-19 incrementó notablemente el factor de aceleración de la cuarta
revolución industrial dejando una impronta en la subjetividad que generará en
breve interdicciones, en general, al discurso jurídico pero especialmente al
constitucionalismo. Actualmente las personas son sujetos que gozan en términos
lacanianos a través de los datos dejando a su paso un rastro digital (una suerte
de "alma de datos" o de "oro azul") del que puede extraerse
diversas conclusiones y perfiles con el uso de la herramienta tecnológica
adecuada basada en el aprendizaje automático. Somos o vamos camino a
configurarnos como "seres subjetivamente improntados por los datos" o
"seres datados" que expresan una suerte de "narcisismo
digital". Netflix nos invita a disfrutar una serie o película que según
nuestros datos puede gustarnos, Wase se encarga de que lleguemos rápido y
seguro a un destino para después indicarnos como volver a casa, las Apps de
lugares de alojamientos nos envían ofertas permanentes sobre la base de los
viajes realizados, Tinder es el Disney digital del ejercicio diverso de la
sexualidad. Hay una nueva forma de consentimiento y relación con los datos
innovadora. Seguramente en breve, y mucho más después de la pandemia,
aparecerán conflictos sobre el alcance del consentimiento digital oportunamente
otorgado porque una cosa es que alguien consienta entregar datos en relación
sus preferencias cinéfilas y otras es que después se crucen con otras datos
para perfilar sesgos biográficos. Ante esta situación: ¿Puede el derecho
constitucional analógico brindar respuestas mínimamente racionales si todavía
sigue enmarcado en proteger datos estáticos archivados en registros o bancos de
datos públicos o privados destinados a proveer informes que solo se transfieren
empaquetados?</span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">¿En
la era digital tenemos que aceptar que la privacidad es algo del pasado? El
"oro azul" de los datos dispersos en la minas digitales están siendo
explotados por muchas empresas (los data brokers) sin que las personas sean
conscientes de lo rentable que son los rastros digitales, cuánta información
está siendo utilizada ni para qué ¿Cómo no va a cambiar la noción de privacidad
en un mundo digital si internet no solo sabe mejor que nosotros quiénes somos,
sino también, quienes vamos a ser? Así como en el presente observamos
sorprendidos que en el pasado los coches no tenían cinturón de seguridad o los
médicos fumaban en los consultorios, quizás en un futuro cercano, parezca
insensata la incontinencia narcista viral actual y esta primera época se
recuerde como una especie de lejano Oeste digital en el que todo valía. ¿Está
en condiciones el constitucionalismo analógico de proteger la intimidad digital
del siglo XXI cuando sigue encorsetado en un concepto propio del siglo XX?</span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span><span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt;">Se
podrían plantear numerosos escenarios en términos de democracia, derecho y
tecnología en los cuales la opción entre el constitucionalismo analógico y el
constitucionalismo digital se hace presente, y mucho más aún, a partir de una
pandemia global que no sabemos cuándo y cómo terminará.</span></p><br />agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-18697870881668763812020-06-02T07:30:00.002-07:002020-06-02T07:31:02.311-07:00La consolidación jurisprudencial del stare decisis constituvencional<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sumario:
I._ Introducción. II._ El stare decisis constituvencional. III._ A modo de
conclusión.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">I._
Introducción.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
la causa "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Farina, Haydée Suasana s/ homicidio
culposo</i>"<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
la mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> y
la disidencia parcial<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> de
la Corte Suprema de Justicia tuvieron que resolver el alcance de la
prescripción de la acción penal interpretando el <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>sentido constitucional y convencional del art.
67 inciso e) del código penal.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
plataforma fáctica del caso estuvo determinada por la condena dispuesta por el
Tribunal Criminal de Tandil respecto de Haydée Susana Fariña a la pena de dos
años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación especial
para ejercer la medicina por considerarla autora penalmente responsable del
delito de homicidio culposo, la cual fue confirmada por la Sala I del Tribunal
de Casación Penal de las Provincia de Buenos Aires con atenuantes en la
graduación de la pena impuesta. Oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires desestimó por inadmisible el recurso de
inaplicabilidad de la ley interpuesto contra la sentencia casatoria.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
defensa interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y a la vez realizó
en sede provincial, un planteo de prescripción penal. El máximo tribunal
provincial declaró inadmisible el recurso extraordinario federal sin
pronunciarse sobre el planteo de prescripción por entender que su jurisdicción se
había agotado con la declaración de inadmisibilidad del REF.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Interpuesto
el recurso de queja por<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>recurso
extraordinario federal denegado, la Corte Suprema de Justicia suspendió por
primera vez el trámite y devolvió las actuaciones a efectos de que el tribunal
actuante se expidiese sobre la prescripción planteada.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
totalidad de las instancias provinciales resolvieron rechazar el planteo
realizado argumentado que los actos jurisdiccionales posteriores a la sentencia
condenatoria que la confirman total o parcialmente interrumpen la prescripción
penal en los términos previstos por el art. 67 inciso e) del código penal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ante
la nueva decisión jurisdiccional, la defensa promovió un recurso extraordinario
federal, el cual fue rechazado. Esto originó un<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>recurso de queja por recurso extraordinario federal denegado donde la
Corte Suprema de Justicia resolvió suspender por segunda vez el trámite
ordenando expresamente que el juzgado de origen se expidiese sobre la cuestión
de la prescripción debiendo verificar previamente si concurría o no la causal
de interrupción prevista por el art. 67 inciso a) del código penal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Las
instancias provinciales previa certificación que la Señora Farina no había
cometido nuevos delitos rechazaron el pedido de prescripción sosteniendo que la
ley penal erige como acto interruptivo de la prescripción una sentencia
condenatoria que no se encuentre firme características que reúnen todas las
sentencias dictadas en sede provincial.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
mayoría de la Corte Suprema de Justicia resolvió hacer lugar a la queja, revocó
la sentencia, declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a la<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Señora Farina, y a la vez, <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>declaró que la doctrina judicial establecida
en torno a la interpretación constitucional y convencional del art. 67 inciso
e) del código penal es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales
judiciales del país<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II._
El stare decisis constituvencional.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
mayoría de la Corte Suprema sostuvo que la sentencia apelada constituía un
claro ejemplo de sentencia arbitraria por cuanto no constituía una derivación
razonable del derecho vigente aplicable al caso al otorgarle al art. 67 inciso
e) del código penal un alcance que excedía la interpretación posible del texto
legal que impactaba de forma directa en la observancia del principio de
legalidad en materia penal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">¿Cómo
deben interpretarse las leyes? La mayoría recuerda que según la jurisprudencia
del Tribunal la primera fuente es la letra vinculada con el contexto general y
los principios y garantías constitucionales indagando el verdadero sentido y
alcance de la misma; junto a la letra se ubica el principio <i style="mso-bidi-font-style: normal;">pro persona</i> que impone privilegiar la
interpretación legal que más derecho acuerde a la persona frente al poder
estatal, y en materia penal, se agrega el principio que establece el deber de
utilizar al derecho penal como la <i style="mso-bidi-font-style: normal;">ultima
ratio</i> del ordenamiento jurídico.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
tramitación del caso había planteado dos interpretaciones posibles del art. 67
inciso e) del código penal. La primera desarrollada por la justicia de la
Provincia de Buenos Aires en todas sus instancias para la cual por
"sentencia condenatoria no firme" como causal de interrupción de la
prescripción penal se debe entender el dictado de la sentencia de primera
instancia y de las demás sentencias que se emitan en las distintas instancias
de revisión que intervengan (interpretación A). La segunda expuesta por la
mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que establece como
interpretación constitucional y convencional aplicable que por "sentencia
condenatoria no firme" como causal de interrupción de la prescripción
penal se debe entender exclusivamente el dictado de la sentencia de primera
instancia (interpretación B).<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
interpretación B es más <i style="mso-bidi-font-style: normal;">pro persona</i>
que la interpretación A debido a que impacta directamente en el instituto de la
prescripción de la acción penal como una garantía eficaz del derecho que
titulariza una persona acusada de poder obtener un pronunciamiento que ponga en
el más breve tiempo posible fin al proceso penal y al estado de sospecha frente
a la sociedad. Este derecho se vincula con la garantía del debido proceso y la
presunción de inocencia, y también, se encuentra expresamente previsto en los
Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos, que sin estar incorporados
a la Constitución, comparten con ella su misma jerarquía normativa. Es que
cuando el tiempo empleado por el Estado para dilucidar los hechos investigados
resulta incompatible con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el
único remedio posible es declarar la insubsistencia de la acción penal por
medio de la prescripción para de esta forma poder salvaguardar el derecho
constitucional y convencional federal vulnerado.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Hasta
acá una típica (aunque no frecuente) decisión jurisdiccional dictada por la
Corte Suprema donde se hace lugar a un planteo de sentencia arbitraria (que las
hay a raudales aunque pocos justiciables tienen la suerte de revertirlas debido
al apetito insaciable del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial). Pero
la mayoría no se queda inmersa en la habitualidad sino que se propone dar un
paso más y desarrolla una línea argumental que consolida el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional</i> en la
modalidad vertical</span><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span lang="ES" style="font-family: "Calibri","sans-serif"; font-size: 11.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="ES" style="mso-ansi-language: ES;"> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">en el marco del Estado
constitucional y convencional de derecho argentino.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
punto de partida fue la permanente conducta <i style="mso-bidi-font-style: normal;">contra
legem</i> verificada por los tribunales provinciales intervinientes respecto de
la postura interpretativa adoptada por la Corte Suprema de Justicia respecto
del<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>art. 67 inciso e) del código penal,
a partir del cual la mayoría recuerda lo siguiente<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>:<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* La Corte Suprema de Justicia en el
último tribunal para todos los asuntos, sus decisiones son finales y ningún
tribunal las puede revocar.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Cuando ejerce su jurisdicción constitucional,
la Corte Suprema de Justicia le impone a todos los tribunales la obligación de
respetar y acatar la doctrina plasmada en sus decisiones.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Los poderes judiciales
provinciales no pueden obstaculizar el efecto de las sentencias dictadas por la
Corte Suprema de Justicia.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* La autoridad institucional de los
precedentes de la Corte Suprema de Justicia se funda en su condición de
intérprete supremo de la Constitución argentina y determina que cuando los
tribunales inferiores dicten sentencias en casos sustancialmente análogos los
estándares interpretativos expuestos sean considerados y seguidos.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Los jueces deben conformar sus
decisiones a las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia en casos
similares, la cual se sostiene en la responsabilidad institucional que le
corresponde al Alto Tribunal como cotitular del Departamento Judicial del
Gobierno Federal y en los principios de igualdad y seguridad jurídica, como así
también, en razones de celeridad y economía procesal.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>* Las sentencias de los tribunales
inferiores que se aparten de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia
sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por
el Alto Tribunal carecen de fundamento y son arbitrarias.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
fallo aporta dos aportes novedosos en la construcción del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional</i>. El primero es que la mayoría
instituye una sanción de la conducta de los tribunales inferiores que
desconozcan la lógica del precedente: constituye un alzamiento por parte de los
tribunales intervinientes con la autoridad constitucional y convencional de la
Corte Suprema de Justicia. El segundo es que como consecuencia del
incumplimiento verificado la Corte Suprema de Justicia con efecto <i style="mso-bidi-font-style: normal;">erga omnes</i> o colectivo declara que la
doctrina establecida es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales
del país.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Ahora
bien, el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional</i>
consolidado por la mayoría de la Corte Suprema de Justicia se distingue del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis</i> proveniente del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">comow law</i> y del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis</i> alojado por el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">civil
law</i>. El primero se basa en </span><span style="font-family: "knowledgeLight","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">la doctrina
del precedente individual obligatorio que deriva, bajo ciertas condiciones, en
una fuerza coercitiva para el sistema judicial. En el segundo la jurisprudencia
adquiere importancia cuando una determinada solución se repite en el tiempo
generando una costumbre y los precedentes pueden ser usados como criterio para
decidir un caso nuevo.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "knowledgeLight","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-family: "Times New Roman"; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-fareast-language: ES-AR;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> </span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional</i>
propio de los Estados constitucionales y convencionales de derecho -como el
modelo argentino- se nutre de la fuerza normativa proveniente de la
Constitución y de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos que
configuran su regla de reconocimiento. Cuando la Corte Suprema de Justicia
ejerce el control de constitucionalidad y de convencionalidad interno fijando
los contenidos de un derecho fundamental y un derecho humano de forma específica
o en relación a un texto legal está aplicando de forma directa la Constitución
y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos estableciendo su
alcance de forma obligatoria respecto de la totalidad de los tribunales
inferiores, y a la vez, está enviando un claro mensaje al órgano emisor de la
norma sobre la validez de la misma. Por ello, cuando los jueces inferiores se
aparten sin fundamento alguno del estándar constituvencional fijado esto no
implica una ruptura de la lógica del precedente como fuente de derecho, sino
por el contrario, un alzamiento contra la regla de reconocimiento
constitucional que no solo debería impactar en la descalificación de la
sentencia como acto jurisdiccional válido sino también en la estabilidad del
magistrado o magistrada que actúe de esta manera. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
<i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional</i> al
garantizar la operatividad de los contenidos constitucionales y convencionales
no necesita ser receptado expresamente por una norma constitucional o
convencional para ser aplicado por la Corte Suprema de Justicia.<a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Sin el mismo la fuerza normativa de la Constitución y los Instrumentos
Internacionales sobre derechos humanos tendría el mismo rango jerárquico que el
código civil y comercial, o peor aún, estas normas tendría un mero valor
político o programático.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">IV._ A modo de conclusión. <o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">El principal interrogante que
surge del caso consiste en dilucidar cuál fue la motivación que tuvo la
justicia de la Provincia de Buenos Aires para insistir dos veces con una
interpretación del art. 67 inciso e) del código penal que la Corte Suprema de
Justicia había desechado. Quienes hace años litigamos en los estrados del Alto
Tribunal conocemos la respuesta. Lo que sucede habitualmente es que la gran
mayoría de las<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>causas que arriban a la
Corte Suprema de Justicia son rechazadas sin fundamento que lo justifique
mediante la invocación dogmática del art. 280 del código procesal civil y comercial;
pocas tienen la suerte de ser analizadas, revisadas y revocadas. Existen
innumerables casos en diversas materias donde los tribunales inferiores no
aplican la doctrina interpretativa establecida por la Corte Suprema de Justicia
en fallos anteriores. Diría que casi es una práctica habitual en todo el país
que subsiste porque fallos como este son una rara excepción. Por dicho motivo
fue que la justicia provincial insistió en su postura: quizás de tanto tener
que ir en queja la persona, en alguna de ella la causa quedaba atrapada en la
normalidad del rechazo por art. 280.<o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="Default" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">El fallo fija un estándar muy
valioso que consolida los alcances y efectos del <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis constituvencional</i>. El real desafío que el sistema
judicial argentino enfrenta es que su aplicación sea una regla habitual para
los tribunales inferiores y no un caso especial que de tanto en tanto resuelve favorablemente
la Corte Suprema de Justicia. <o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">CSJN
2148/2015/RH1, 26 de diciembre de 2020. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por Maqueda, Lorenzetti y Rosatti.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por Rosenkrantz. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> El art. 67 inc. e) del código
penal establece lo siguiente: "... La prescripción se interrumpe solamente
por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una
persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración
indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de
apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la
legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto
procesal equivalente; y<br />
e) <i style="mso-bidi-font-style: normal;">El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme</i>..."<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
10.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
14.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Legarre,
Santiago y Rivera (h), Julio César, “La obligatoriedad atenuada de los fallos
de <st1:personname productid="la Corte Suprema" w:st="on">la Corte Suprema</st1:personname>
y el <i style="mso-bidi-font-style: normal;">stare decisis</i> vertical”, La Ley
2009-E-820 y Legarre, Santiago, “La </span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm;">obligatoriedad horizontal de los fallos de <st1:personname productid="la Corte Suprema" w:st="on">la Corte Suprema</st1:personname> y el
stare decisis”, Jurisprudencia Argentina 30 de octubre de 2013. También ver </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Legarre,
Santiago y Rivera (h), Julio César, “La obligatoriedad de los fallos de <st1:personname productid="la Corte Suprema" w:st="on">la Corte Suprema</st1:personname> de
Justicia de la Nación desde la perspectiva de los tribunales inferiores”, </span><span style="border: none windowtext 1.0pt; color: black; font-family: "Times New Roman","serif"; mso-border-alt: none windowtext 0cm; padding: 0cm;">Jurisprudencia Argentina
2006-IV-1333.</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"> <span lang="ES"><o:p></o:p></span></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
18.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gil
Domínguez, Andrés, "</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-bidi-font-weight: bold;">Libertad de expresión, publicidad oficial y stare
decicis convencional”,<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">ElDial,
5 de febrero de 2014"; Gelli<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>"La obligatoriedad de las sentencias de la Corte Suprema (A
propósito de "<i style="mso-bidi-font-style: normal;"> </i>Arte
Radiotelevisivo Argentino SA" y la libertad expresiva)", La Ley
2014-B-383 y Sodero, Eduardo, "Obligatoriedad de los precedentes y cosa
juzgada. Discusión a partir de la distribución de la pauta oficial en la Corte
Suprema", La Ley 2014-B-361<i style="mso-bidi-font-style: normal;">.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></i><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
19. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Sbdar,
Claudia B., "El valor del precedente en el derecho judicial
argentino", La Ley 2017-E-1129. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/STARE%20DECISIS/Comentario%20al%20fallo%20Farina-CSJN.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">En sentido opuesto
ver Ábalos, María Gabriela, "Diálogo jurisprudencial y valor del
precedente. Desafío de los superiores tribunales de justicia en el federalismo
argentino", La Ley 2017-E-904. <o:p></o:p></span></p>
</div>
</div><br />agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-1057229871969389372.post-56012463519130415912020-05-29T15:44:00.000-07:002020-05-29T15:44:55.583-07:00El fallo "CFK": la Corte Suprema como Poder del Estado y la democracia digital<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sumario:
I. Introducción. II. ¿Democracia digital?: 3+1(-1). III. Constitucionalismo
digital vrs. constitucionalismo analógico. IV. A modo de conclusión.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">I.
Introducción.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
la causa "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Fernández de Kirchner,
Cristina en carácter de Presidenta del Honorable Senado de la Nación s/ acción
declarativa de certeza</i>"<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> la
Presidenta del Senado promovió ante la competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional
con el objeto de obtener del tribunal una declaración judicial que disipara el
estado de incertidumbre legal o constitucional planteado en los siguientes
términos: "<span style="mso-bidi-font-style: italic;">¿Es
constitucionalmente posible que tal como lo establece el art. 30 del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a
la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el
COVID19?".<o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-style: italic;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
Corte Suprema de Justicia como tribunal de justicia resolvió por unanimidad que
la Presidenta del Senado estaba legitimada procesalmente para actuar ante los
órganos jurisdiccionales en resguardo de las atribuciones y prerrogativas de la
Cámara de Senadores ante un eventual conflicto concreto. También por unanimidad
en dicho carácter resolvió rechazar la acción promovida porque no había un
"caso justiciable", se verificó la "inexistencia de un
caso" o "controversia" y no se observaron los supuestos
constitucionales de habilitación de la competencia originaria.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
mayoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> de
la Corte Suprema de Justicia (en adelante la mayoría) junto con un voto
concurrente<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
(en adelante la mayoría concurrente) como Poder del Estado mediante "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">un disfraz de obiter para un auténtico holding</i>"<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> invocando
el principio de colaboración inter-poderes resolvió que el Senado de la Nación
tiene todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio
reglamento en cuanto a la manera digital de sesionar. La minoría<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> se
abstuvo de actuar como Poder del Estado y no realizó ningún aporte a la
construcción de la democracia digital. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">II.
¿Democracia digital?: 3+1(-1). <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
punto de partida de la mayoría fue reafirmar un concepto histórico básico el
cual expresa que la Corte Suprema de Justicia cumple dos funciones
constitucionales: tribunal de justicia y Poder del Estado. La primera atiende a
la resolución de casos entre partes controversiales para determinar el alcance
de los derechos debatidos. La segunda consiste en ser guardián último de las
garantías constitucionales, cabeza de un Poder del Estado y máximo intérprete
de la Constitución. En el presente, ambas funciones deben ser ejercidas en el
contexto político, social y económico producido por COVID-19 a nivel mundial,
regional y local, por lo tanto, las decisiones que adopte la Corte Suprema de
Justicia como custodio de la Constitución siempre deben estar insertas en la
realidad histórica.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Con cita de Oliver Wendell Holmes que hace suya, la mayoría fijó su postura
sobre la naturaleza del derecho que produce el tribunal en ejercicio de las
mencionadas funciones: "...el derecho encarna la historia del desarrollo
de una Nación a través de muchos siglos y no puede ser estudiado como si
contuviera solamente los axiomas y corolarios de un libro de matemáticas...".<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Punto
sobre el que retorna cuando expresa que dudoso favor le haría la Corte Suprema de
Justicia a la República si frente a la emergencia inédita producida por el
COVID-19 dejase de lado un antiguo y consolidado criterio jurisprudencial según
el cual desconocer los elementos fácticos de una petición no se compadece con
la función de administrar justicia, para hacer primar un criterio formal que
puede desdibujar un planteo referido a la subsistencia de las reglas más
esenciales de funcionamiento del sistema representativo, republicano y
democrático que establece la Constitución argentina.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
historia contemporánea del derecho demuestra que los aciertos y también los
errores en la construcción del moderno Estado constitucional (significado en el
hoy por el Estado constitucional y convencional de derecho)<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>responden a la capacidad -o falta de ella- de
los tribunales constitucionales en receptar y traducir imperiosas demandas en
contextos históricos cambiantes y a veces imprevisibles. Las grandes
innovaciones producidas en dicha construcción fueron viabilizadas a través de
jueces incompetentes y situaciones abstractas (ej. "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Marbury vs Madison</i>" en los EEUU, "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Sojo</i>" en nuestro país),<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>creando garantías hasta ese momento inexistentes (ej. "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Rey c/ Rocha</i>", "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Kot</i>", "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Siri</i>", "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Ekmekdjian</i>",
"<i style="mso-bidi-font-style: normal;">Halabi</i>") o determinando el
alcance de un derecho ante una causa devenida en abstracta (ej. "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">F. A., L.</i>").<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Sobre
las bases expuestas el punto de vista constitucional que guió los pasos del
tribunal fue garantizar la continuidad de la tarea de legislar atribuida
constitucionalmente al Congreso, la cual resulta absolutamente esencial para el
normal desarrollo de la vida institucional de la República Argentina.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Es
por eso que se debe congeniar la necesidad de continuar sesionando con el
respeto de las normas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), lo cual inexorablemente deriva en la utilización de las diversas
alternativas que ofrece la tecnología de la información y comunicación a través
de de la interacción digital.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Descartando
que existiese un caso justiciable que le permitiese actuar como un tribunal de
justicia y asumiendo el rol de Poder del Estado en el marco generado por el
COVID-19, la mayoría de la Corte Suprema construyó un estándar preciso sobre la
procedencia constitucional de las sesiones digitales. En primer lugar, dispuso que
el funcionamiento digital aplicado al procedimiento para la formación y sanción
de las leyes es una atribución del Congreso el cual podrá optar entre un modelo
digital puro o un modelo misto (presencial más digital) sin que esto suponga la
invasión del Poder Legislativo en el ámbito de competencias que la Constitución
le asigna a los demás poderes. En segundo lugar, sostuvo que la Constitución
regula determinados aspectos en torno al funcionamiento del Congreso pero no
establece ninguna indicación sobre el modo presencial o digital de sus
sesiones. En tercer lugar, estableció que ninguna de las cláusulas
constitucionales referidas al procedimiento de formación y sanción de las leyes
veta la posibilidad de que las sesiones se realicen bajo el formato digital. En
cuarto lugar, afirmó que las sesiones digitales configuran una garantía para la
deliberación legislativa. Por último, expresó que el diseño de las sesiones
digitales no puede ignorar los requisitos constitucionales del procedimiento de
formación y sanción de las leyes.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
mayoría concurrente considera que la verdadera situación de gravedad
institucional está centrada en la imposibilidad de funcionamiento del Congreso
como institución irremplazable del sistema republicano de gobierno.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
En dicho contexto, ante la inédita situación planteada por la pandemia a la
vida institucional, apela al "principio de colaboración entre poderes del
Estado" para formular "consideraciones adicionales" desde la
interpretación constitucional que, sin invadir competencias ajenas ni prejuzgar
a futuro, permita al Congreso cumplir con el deber de sesionar.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Estas "consideraciones interpretativas" de la Constitución se
vinculan con la habilitación de las sesiones digitales en la medida que el
Congreso así lo resuelva mediante la vía de la interpretación (la cual coincido,
es la más idónea) o el sendero de la reforma del reglamento de las Cámaras.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <span style="mso-bidi-font-weight: bold;">La Constitución argentina al regular el
funcionamiento del Congreso no previó las sesiones no presenciales, pero esta
circunstancia, no implica que esta clase de sistema deliberativo sea
inconstitucional, puesto que no es posible exigirles a los Constituyentes
originarios o reformadores que imaginaran el futuro tecnológico, que en el hoy,
exhibe la cuarta revolución industrial. La ausencia de normas que puedan dar
respuestas al desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI exige un
esfuerzo interpretativo a efectos de ponderar si las herramientas que se
inventen son compatibles con la Constitución y los Instrumentos Internacionales
sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional original y
derivada.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>La Constitución tiene todas las respuestas a
las posibles incertidumbres jurídicas que el factor de aceleración de la cuarta
revolución digital pueda plantear solo hay que empeñarse en encontrarlas.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;">La minoría argumentó que la Corte Suprema de
Justicia se configura exclusivamente como un tribunal que conforme al derecho
vigente resuelve las cuestiones que presentan partes controversiales y que nunca
puede convertirse en un órgano de consulta de los restantes poderes del Estado.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Cumplir con un rol distinto implicaría pretender que el tribunal ejerciera una
suerte de control de constitucionalidad abstracto, previo y concentrado
característico de diseños institucionales ajenos al sistema previsto por la
Constitución argentina.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Admitir esta variante implicaría ignorar el texto de la Constitución, desandar
más de 150 años de historia institucional y alterar el carácter del Poder
Judicial para transformarlo en un órgano distinto al que fuera
constitucionalmente instituido.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-font-weight: bold; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-weight: bold;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">III.
Constitucionalismo digital vrs. constitucionalismo analógico. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
caso "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">CFK</i>" coloca
nuevamente en escena el eterno "combate" desarrollado en las
"arenas de la regla de reconocimiento" entre sustancialismo y
formalismo judicial. La mayoría en sus dos variantes descarta de plano
cualquier enser formalista que impida al tribunal poder realizar un aporte
constitucional ante los obstáculos inéditos que propone el COVID-19. Esto
claramente se visualiza cuando con cita de Holmes descarta expresamente la
aplicación de criterios formales que inhiban el rol de la Corte Suprema como
Poder del Estado (y menos aun ante una situación de pandemia global como la que
estamos viviendo) o bien con la invocación del "esfuerzo interpretativo"
como instrumento de búsqueda de respuestas constitucionales posibles ante los
interrogantes que la innovación científica y tecnológica puedan generar. La
minoría se apega "a lo dado o construido" como sinónimo de
inmutabilidad tal como si el derecho constitucional se tratara de un dogma (en
versión religiosa) o un algoritmo inmutable (en versión laica) que cualquier
cambio podría destruir y no como una construcción de sentidos discursiva
(muchas veces plagadas de ficciones conscientes e inconscientes). Esto se
observa en la invocación conservadora de los 150 años de historia transcurridos
que no pueden ser modificados, reinterpretados o superados bajo ningún contexto
de aplicación a riesgo de tener que aceptar que estamos frente a una
"alteración radical" del dogma central que lo rige y que repite como
una suerte de mantra hipnótico "la ley es la ley".<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
Corte Suprema de Justicia es tribunal y poder en todos los sentidos que se
pueda atribuir al vocablo y a la realidad del poder cualificado como político
(descartando obviamente la política partidaria). Es un tribunal que ejerce
poder, que tiene poder, que lo usa, que "es" poder, que gobierna y
cogobierna sin absorber a los otros poderes ni desconocer las distintas
funciones que cumple cada Poder.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> Como
Poder de Estado colaboró con el Poder Legislativo interpretando implícitamente
la obligación atribuida por la Constitución al Congreso en el art. 75 inciso 19
en torno a proveer al desarrollo científico y tecnológico su difusión y
aprovechamiento, y de esta manera, habilitó el funcionamiento digital del
Congreso en tiempos de pandemia pero también en tiempos de normalidad futura.
Cuando la Corte Suprema de Justicia cumple este rol no ejerce funciones
dirimentes abstractas propias de los sistemas de control de constitucionalidad
concentrados como erróneamente afirmó la minoría, sino que, sin invadir la
esfera de otro Poder ni tampoco invalidar lo producido por estos interpreta el
alcance de la regla de reconocimiento constitucional y convencional. Cuando la
Constitución argentina en el art. 116 sostiene que le "corresponde a la
Corte Suprema el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre
puntos regidos por la Constitución" la habilita tanto a
"decidir" como a "pronunciarse" por lo que resuelve casos y
se pronuncia ante una solicitud en este sentido por parte de los demás poderes.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
sentencia dictada también hace ostensible la diferencia entre el
constitucionalista digital y el constitucionalismo analógico. Baricco<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
sostiene que la primera huella geológica de la digitalidad es la aparición del
juego <i style="mso-bidi-font-style: normal;">Space Invaders</i> a partir del
cual dejamos atrás el metegol como muestra de lo físico y nos sumergimos en el
mundo de lo inmaterial, gráfico e indirecto. Ese fue el día inicial de la persona-teclado-pantalla
que posteriormente se transformó en una especie de postura cero en la que los
dispositivos<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>se convirtieron casi en
prótesis orgánicas del cuerpo humano. A partir de este momento se desarrolló un
mundo que paulatinamente fue transitando en distintas etapas, una digitalidad
que lleva en su ADN el patrimonio genético del videojuego (<i style="mso-bidi-font-style: normal;">the game</i>) ¿Cual fue la figura que representó el apego del siglo XX
al metegol como representación de lo analógico? Un iceberg o una pirámide
invertida en cuya cubierta flotan las percepciones superficiales y el juego
consistía en superarlas guiados por alguna clase de mediación a través de un
maestro, sacerdote, viajes, profesores, viajes, libros, goces, sufrimientos hasta
llegar al punto de la experiencia descartando que dicho camino fuera sencillo
de transitar. Esta figura la aplicábamos a los aspectos más diversos de la
realidad se trate de investigar una noticia, entender una poesía o vivir un
amor. Así funciona el derecho constitucional analógico en donde lo construido
en términos de sentidos aparece como un saber consolidado que solo puede ser
explicado pero nunca conmovido desde la superficie. La lucha entre los "mediadores"
o "maestros" se reduce a demostrar quién sabe más del saber encapsulado
por el constitucionalismo analógico pero es atentar contra su corazón siquiera
plantear alternativas innovadoras ¿Qué aparece cuando invertimos el iceberg o
la pirámide? El premio aparece arriba, el esfuerzo abajo, las esencias emergen
a la superficie, la complejidad queda escondida en algún lugar. Así funcionan
el Iphone, You Tube, Spotify, Facebook; WhatsApp, Tinder desplegando una
simplicidad donde la complejidad de la realidad emerge en la superficie dejando
atrás cualquier lastre que haga más pesado el corazón esencial. Con esa lógica
también funciona el constitucionalismo digital de la cuarta revolución
industrial donde la innovación siempre es posible más allá de las experiencias
emergentes que circulan por la superficie casi sin intermediación y exige, una
y otra vez, respuestas nunca dadas más que interrogantes basados en
experiencias consolidadas. El constitucionalismo digital no pretende desconocer
o destruir el saber acumulado, pero lejos de configurar un sesgo
incuestionable, lo utiliza para encontrar respuestas a preguntas que requieren
innovación, de la misma manera que Siri el sistema operativo de Apple nos trae
la información que requerimos para adoptar decisiones en diversos sentidos. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">El
constitucionalismo digital se presenta como una banda de Moevius, no hay un
arriba o un abajo determinado sino un constante movimiento de cambio entre el
arriba y el abajo. La insurrección digital contra la civilización del siglo XX.
La experiencia como realización, plenitud, rotundidad, sistema hecho realidad
versus la posexperiencia como arrebato, exploración, pérdida de control,
dispersión. Lo analógico como la conclusión de un gesto solemne, el resultado
tranquilizador de una operación compleja, el regreso al final del hogar en
contraposición con lo digital como el principio de un gesto, la apertura de una
exploración, el rito del alejamiento, la trayectoria de un andar. <span style="mso-spacerun: yes;"> </span>Constitucionalismo digital vrs.
constitucionalismo analógico.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Desde
otro escenario esta dicotomía también es advertida por Rondina<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
cuando afirma que muchos juristas, jóvenes o viejos, analizan el derecho constitucional
como médicos forenses sobre una mesa de autopsia: miran un organismo muerto y
nos cuentan de qué murió, mientras que otros constitucionalistas consideran que
el derecho constitucional no debe renunciar a ser herramienta de transformación
que debe ser pensado y construido todo el tiempo.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">La
irrupción del COVID-19 incrementó notablemente el factor de aceleración de la
cuarta revolución industrial dejando una impronta en la subjetividad que
generará en breve interdicciones, en general, al discurso jurídico pero especialmente
al constitucionalismo. Actualmente las personas son sujetos que gozan en
términos lacanianos a través de los datos dejando a su paso un rastro digital
(una suerte de "alma de datos" o de "oro azul") del que
puede extraerse diversas conclusiones y perfiles con el uso de la herramienta
tecnológica adecuada basada en el aprendizaje automático.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Somos o vamos camino a configurarnos como "seres subjetivamente improntados
por los datos" o "seres datados" que expresan una suerte de
"narcisismo digital". Netflix nos invita a disfrutar una serie o
película que según nuestros datos puede gustarnos, Wase se encarga de que
lleguemos rápido y seguro a un destino para después indicarnos como volver a
casa, las Apps de lugares de alojamientos nos envían ofertas permanentes sobre
la base de los viajes realizados, Tinder es el Disney digital del ejercicio
diverso de la sexualidad. Hay una nueva forma de consentimiento y relación con
los datos innovadora. Seguramente en breve, y mucho más después de la pandemia,
aparecerán conflictos sobre el alcance del consentimiento digital oportunamente
otorgado porque una cosa es que alguien consienta entregar datos en relación
sus preferencias cinéfilas y otras es que después se crucen con otras datos
para perfilar sesgos biográficos. Ante esta situación: ¿Puede el derecho
constitucional analógico brindar respuestas mínimamente racionales si todavía
sigue enmarcado en proteger datos estáticos archivados en registros o bancos de
datos públicos o privados destinados a proveer informes que solos se
transfieren empaquetados?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">¿En
la era digital tenemos que aceptar que la privacidad es algo del pasado?<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></a> El
"oro azul" de los datos dispersos en la minas digitales están siendo
explotados por muchas empresas (los data brokers) sin que las personas sean
conscientes de lo rentable que son los rastros<span style="mso-spacerun: yes;">
</span>digitales, cuánta información está siendo utilizada ni para qué ¿Cómo no
va a cambiar la noción de privacidad en un mundo digital si internet no solo
sabe mejor que nosotros quiénes somos, sino también, quienes vamos a ser?<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn27" name="_ftnref27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
Así como en el presente observamos sorprendidos que en el pasado los coches no
tenían cinturón de seguridad o los médicos fumaban en los consultorios, quizás
en un futuro cercano, parezca insensata la incontinencia narcista viral actual
y esta primera época se recuerde como una especie de lejano Oeste digital en el
que todo valía.<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn28" name="_ftnref28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></a>
¿Está en condiciones el constitucionalismo analógico de proteger la intimidad
digital del siglo XXI cuando sigue encorsetado en un concepto propio del siglo XX?<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Algo
similar sucede en el ámbito de la teoría de la Constitución. Existe una
corriente teórica muy intensa y productiva que desarrolla el modelo democrático
deliberativo basado en la participación popular en la toma de las decisiones
colectivas que se presenta como el paradigma moral y jurídico más relevante
para establecer el contenido y alcance del sistema de derechos ¿Seguirán sus
teóricos deambulando en las cómodas praderas del constitucionalismo analógico o
empezarán a interiorizarse como funciona la tecnología blockchain para darle a
tantos libros una operatividad digital?<a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftn29" name="_ftnref29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[29]</span></span><!--[endif]--></span></span></a><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Así
podría plantear numerosos escenarios en términos de democracia, derecho y
tecnología en los cuales la opción entre el constitucionalismo analógico y el
constitucionalismo digital se hace presente, y mucho más aún, a partir de una
pandemia global que no sabemos todavía cuando y como terminará. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">IV.
A modo de conclusión.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">En
el caso "<i style="mso-bidi-font-style: normal;">CFK</i>" la mayoría de
la Corte Suprema de Justicia sin esconderse en formalismos propios de un
derecho constitucional analógico habilitó la democracia digital y brindó una
respuesta idónea para que el Congreso funcione ante los obstáculos que genera
el COVID-19. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;"><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-bottom: .0001pt; margin-bottom: 0cm; mso-layout-grid-align: none; text-align: justify; text-autospace: none;"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12.0pt; line-height: 150%;">Más
allá del debate jurídico que suscitó, la sentencia implicó una apertura hacía una
concepción digital de la democracia que trasciende la emergencia causada por la
pandemia, inaugurando quizás una nueva forma de pensar el constitucionalismo en
el marco de la cuarta revolución industrial.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
<div style="mso-element: footnote-list;"><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all" />
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<!--[endif]-->
<div id="ftn1" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref1" name="_ftn1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[1]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">CSJN
353/2020/CS1.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn2" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[2]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Integrada
por Highton de Nolasco, Maqueda y Lorenzetti. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn3" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[3]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Voto
concurrente de Rosatti.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn4" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[4]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Rondina,
Domingo, "</span><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">El
derecho constitucional no es LOT, debe ser JANO", Revista ES Nº1,
Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, 2020.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn5" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[5]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Integrada por Rosenkrantz.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn6" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[6]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
2. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn7" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[7]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
3.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn8" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[8]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
7. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn9" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[9]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
7. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn10" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[10]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
8. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn11" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[11]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
16.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn12" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[12]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
8. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn13" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref13" name="_ftn13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[13]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerandos
10 y 15. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn14" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[14]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
12. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn15" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[15]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
11.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn16" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[16]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerado
15. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn17" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[17]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
4. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn18" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[18]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
5.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn19" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[19]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Considerando
6. <o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn20" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[20]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Bidart Campos, Germán J., La Corte Suprema. El tribunal
de las garantías constitucionales, Ediar, Ciudad de Buenos Aires, 1982, p. 3.
Existe una versión de la obra "intervenida" por Pablo L. Manili
publicada por Ediar en 2010 que no refleja el pensamiento de Germán en varios
de los temas tratados.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn21" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[21]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Gargarella, Roberto, "La
consulta del Senado a la Corte, y el diálogo entre poderes", </span><a href="http://seminariogargarella.blogspot.com/2020/04/la-consulta-del-senado-la-corte-y-el.html"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">http://seminariogargarella.blogspot.com/2020/04/la-consulta-del-senado-la-corte-y-el.html</span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";">, 23 de abril de 2020.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span></span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn22" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[22]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Baricco,
Alessandro, The Game, Anagrama, Barcelona, 2018.<span style="mso-spacerun: yes;"> </span><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn23" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[23]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ibídem.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn24" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[24]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-spacerun: yes;">
</span>Rondina, Domingo, op. cit.</span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;"><o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn25" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[25]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Gil
Domínguez, Andrés, Inteligencia artificial y derecho, Rubinzal- Culzoni
Editores, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2019, p. 15.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn26" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref26" name="_ftn26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[26]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span lang="EN-US" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: EN-US;">
Lyseggen, Jorn, Outside. Insight, ESIC, Madrid, 2019, p. 237.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn27" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[27]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> García Aller, Marta, El fin del
mundo tal y como lo conocemos, Planeta, Barcelona, 2019, p. 248.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn28" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref28" name="_ftn28" style="mso-footnote-id: ftn28;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[28]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> </span><span lang="ES" style="font-family: "Times New Roman","serif"; mso-ansi-language: ES;">Ibídem, p.
244.<o:p></o:p></span></p>
</div>
<div id="ftn29" style="mso-element: footnote;">
<p class="MsoFootnoteText" style="line-height: 150%; text-align: justify;"><a href="file:///D:/Andres/Documents/EMERGENCIA%202019-2020/Comentario%20al%20fallo%20CFK.docx#_ftnref29" name="_ftn29" style="mso-footnote-id: ftn29;" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"><span style="mso-special-character: footnote;"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 10.0pt; line-height: 115%; mso-ansi-language: ES-AR; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-language: EN-US; mso-fareast-theme-font: minor-latin;">[29]</span></span><!--[endif]--></span></span></span></a><span style="font-family: "Times New Roman","serif";"> Gil Domínguez, op. cit., p. 40. <o:p></o:p></span></p>
</div>
</div><br />agdconsultorahttp://www.blogger.com/profile/05832857579668054527noreply@blogger.com1