Una propuesta de reforma judicial inconstitucional que va por todos y por todas

Diario Clarín 02/03/13

Los proyectos anunciados por la Presidenta para “democratizar la justicia”, se oponen frontalmente al sistema de derechos y a la organización del poder contemplada por la Constitución, y lejos están, de afianzar la legitimidad del Poder Judicial. La elección popular de la totalidad de los integrantes de la Magistratura desconoce el contenido establecido por el art. 114 de la Constitución, el cual incorporó un sistema de designación cruzada de sus miembros, con el objeto de que el órgano que se encargaría de la selección de los jueces y la administración del Poder Judicial tuviera varias fuentes de legitimación. Esto se observa claramente en las alocuciones vertidas por varios Convencionales Constituyentes de 1994 (Paixao, Cullen, Hitters) en los debates de la Convención Constituyente de los días 27 y 28 de julio de 1994. El ingreso a la justicia por sorteo implica elegir un sistema irracional, antidemocrático e ilegítimo basado en el azar, que conculca el mandato constitucional de la idoneidad en el acceso a cargos públicos prevista por el art. 16 de Constitución. La creación de varias Cámaras de Casación genera sumar instancias al procedimiento judicial que dificulta el acceso célebre a la Corte Suprema y peor aún, prolonga los procesos internos y con ello la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la actualidad, obligaría a los jubilados que litigan por la actualización de sus haberes a tener que sufrir más demoras en una nueva instancia judicial.

La reglamentación de las medidas cautelares (especialmente aquellas que se dictan contra el Estado), siempre persigue una limitación irrazonable del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto posibilitan que la noventista teoría de los hechos consumados, transforme una sentencia reparadora de una violación estatal en una mera declaración formal sin ninguna fuerza normativa.

La positiva intención de transparentar las declaraciones juradas, no puede hacernos olvidar, que el derecho fundamental y humano de acceso a la información pública sigue siendo obstruido por el Gobierno sumiendo la gestión estatal en un manto de oscurantismo medieval que impide controlar con indicadores objetivos el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Si entendemos a la democracia como un procedimiento deliberativo basado en la argumentación racional, el acceso a la información, el considerar al otro un sujeto capaz de conmover una posición originaria y no como un producto basado exclusivamente en el voto y la prepotencia de las mayorías, antes de preocuparse de la democratización de la justicia, el Gobierno tendría que ocuparse de la democratización del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.Quizás lo mas paradojal de las propuestas para democratizar la justicia, es que lejos están de cumplir con los legítimos requerimientos, que en estos días, un nutrido grupo de jueces, fiscales, defensores y académicos plantearon con el fin de hacerla más legítima. Otro ejemplo de cómo los significantes vacíos cuando se significan denotan la realidad oculta de su sentido: el ir por todos y por todas sin límite alguno.