El patriotismo constitucional

Diario la Nación 16 de abril de 2013

Con un total desprecio por la democracia deliberativa, que no se afinca en la omnipotencia electoral por cuanto apuesta al intercambio argumental y la búsqueda de consensos, el oficialismo sancionará en el Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que tienen como único objeto someter a la Justicia.

La estrategia del hecho consumado persigue imponer a la sociedad una puesta en escena normativa, que de haber existido en el pasado hubiera impedido que las personas accedieran a sus ahorros en la época de la pesificación, que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio civil o que una persona pudiera cambiar su identidad de género. También impedirá que existan jueces independientes, procesos rápidos y sentencias que se cumplan ante un Estado que pretende consolidar la imagen de un Otro que todo lo puede y lo sabe, sin reconocer ningún límite en la libertad de expresión, la libertad de intimidad, la libertad religiosa, el derecho de los consumidores, el derecho a la no discriminación, la afectación indirecta del derecho a la salud y el derecho de propiedad.

No deja de asombrar que el proyecto de medidas cautelares establezca, sin pudor, que el Estado "titulariza derechos" que pueden ser protegidos judicialmente con cautelares sin plazo y apelaciones estatales sin efectos suspensivos frente a los derechos que titularizan las personas. Estos argumentos no son novedosos ni inocentes: fundaron la doctrina existencial del autoritarismo del siglo XX.

Cuando el amparo fue creado por la Corte Suprema, en 1957, como máxima garantía de los derechos, la respuesta de la dictadura militar de Onganía fue intentar destruirlo con una regulación -que sigue vigente- mediante la cual impuso el interés público sobre los derechos constitucionales y estableció el efecto suspensivo de las apelaciones estatales de las medidas cautelares favorables a las personas: la misma filosofía y normatividad presenta el proyecto sobre medidas cautelares contra el Estado.

La ampliación de los miembros del Consejo de la Magistratura y su elección popular conllevan la partidización y politización de un órgano incorporado por la reforma constitucional de 1994 con un contenido constitucional totalmente distinto. El régimen de mayorías para la selección y acusación de los jueces que se impulsa derivará en un Poder Judicial subyugado al humor de eventuales mayorías electorales, sin que el sistema de derechos pueda funcionar como un límite preciso a la suma del poder público.

La creación de cámaras de casación que puedan revisar los hechos y el derecho de todas la sentencias agrega una instancia burocrática que dilata sin razón el tiempo de los procesos, diluye el sentido último de la Corte Suprema como máximo intérprete de la Constitución y constituye una opacidad irrazonable para poder acceder al sistema internacional de protección de derechos humanos. No es casual que los tratados sobre derechos humanos ni siquiera se mencionen como referencia del recurso de inconstitucionalidad que se incorpora. A esto se suma que en materia civil, comercial, penal y laboral se avasalla la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, en la medida en que sus habitantes nunca accederán a una justicia local integral como sucede en cualquier provincia argentina.

Hubo un tiempo en la historia argentina en que la consolidación de la democracia requirió la intransigencia abstencionista y otro en donde se invocaron la lucha y la resistencia popular. En el presente, es necesario poner en marcha un patriotismo constitucional que se materialice en la simultánea iniciación de acciones judiciales en todo el país para plantear la violación de la Constitución y de los tratados sobre derechos humanos, y que aquéllas sean promovidas por colegios de abogados, asociaciones de magistrados, universidades públicas y privadas, facultades de derecho, organizaciones no gubernamentales, profesores universitarios y cualquier habitante con un mínimo compromiso con la vigencia de la legalidad.

Si en el pasado la consigna sanmartiniana que nos orientó fue "seamos libres que lo demás no importa", el ideal definidor de un presente tan delicado debe ser "defendamos la Constitución, porque nos importa que nuestros hijos puedan seguir viviendo en una democracia constitucional".