Los espero.......

Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas CABA-Invitación

Queridos amig@s: El día 2 de junio a las 18 horas en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Perú 130) me entregarán el premio a la Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 5110). Luego del acto se servirá un vino de honor. Espero contar con su presencia. Un fuerte abrazo, Andrés.     

Un ataque a la independencia judicial

Diario Clarín, 11 de mayo de 2015. 

En una nueva saga de la serie “vamos por todo”, la Presidenta y sus voceros afirmaron que las eventuales mayorías electorales sólo están limitadas por el voto popular y son ajenas al control de constitucionalidad que ejerce el Poder Judicial. Mayorías, a secas, sin deliberación argumental, sin participación directa de la sociedad en la toma de decisiones, sin búsqueda de consensos sociales, sin garantía del pluralismo, sin ninguna clase de diálogo entre poderes.

El modelo de democracia construido exclusivamente sobre la base de la decisión de mayorías bobas dirigidas por el líder carismático fue el que a principios de siglo XX derivó en el fascismo y el nazismo. Por ello, la Europa de la reconstrucción se configuró mediante constituciones que establecieron límites rígidos a los deseos absolutos del cuerpo electoral. El populismo latinoamericano es un producto remasterizado del antiguo totalitarismo mayoritario que se desborda frente a los límites formales y sustanciales impuestos por la Constitución, entre ellos, la división de poderes, la independencia del Poder Judicial y el sistema de derechos. En pleno siglo XXI seguir sosteniendo que los jueces carecen de legitimidad democrática o pertenecen a la “aristocracia de la toga”, no solo es anacrónico, sino que carece de sustento teórico y político. En la actualidad, a diferencia de lo que sucedía en el siglo pasado, los modelos constitucionales están orientados a garantizar eficazmente los derechos mediante procedimientos racionales basados en la deliberación y la argumentación. No importa la legitimidad estática basada en la forma de elección del órgano que decide sino la legitimidad dinámica basada en la racionalidad de aquellos que deciden.

El Poder Judicial está sostenido por una legitimidad argumental en donde su intervención, posterior a la decisión de una mayoría, permite sostener los acuerdos de convivencia pacífica establecidos en la Constitución. Tiene mucho más legitimidad que cualquier burócrata lenguaraz que en un minuto y sin fundamento alguno puede hacer más daño a los derechos que cualquier juez en toda su carrera.

No es casual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Gelman” sostuviera que en un verdadero régimen democrático la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de la mayoría aunque esta se exprese mediante plebiscitos o referéndums. Una de las principales garantías de la plena eficacia del sistema de derechos está configurada por la independencia del Poder Judicial, la cual se manifiesta con la estabilidad vitalicia del cargo y el ejercicio del control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de las decisiones de las mayorías.

El ataque institucional a la legitimidad del Poder Judicial y la cruenta embestida personal contra el Doctor Fayt por parte del gobierno implican una ofensiva directa contra la democracia constitucional y convencional argentina. La última composición de la Corte Suprema ha sido uno de las mejores de la historia argentina. Basta con repasar los argumentos expuestos en sus distintos votos por las mayorías y las minorías del Tribunal en diversos casos fundantes para el Estado constitucional y convencional de derecho argentino para verificarlo. Aquello que Néstor Kirchner construyó escuchando a una sociedad demandante de transformaciones perdurables, la Presidenta lo destruye con cada ataque populista que confronta directamente con los mandatos establecidos por la Constitución y los Tratados sobre derechos humanos. No existe ninguna norma constitucional que obligue al Doctor Fayt a someterse a las exigencias de presentaciones mediáticas, su obligación se cumple dictando fallos y firmando sentencias. Si el gobierno tiene alguna duda sobre sus capacidades, el mecanismo constitucional previsto para estos casos es el juicio político. Mientras tanto, cada afrenta que sufra configura una violación de la división de poderes y de la garantía de la independencia del Poder Judicial. Rara paradoja la de un gobierno que amplía derechos. En vez de tomar la ancianidad como fuente de magisterio y ejemplo, se la utiliza para atacar la vulnerabilidad física que la misma supone, sin reparar que nuestra Constitución depara una protección especial a los adultos mayores. Para esto, tampoco las mayorías parecen tener límite alguno.

Un derecho penal para el amigo

Diario Clarín, 28 de abril de 2015.

La decisión del fiscal De Luca, que impide que se investigue la denuncia del fiscal Nisman, utiliza argumentos muy controvertirles.

Uno de ellos es sostener que los tratados tienen la misma jerarquía que las leyes, cuando la reforma constitucional de 1994 estableció que todos los tratados tienen una jerarquía superior a las leyes y que algunos de ellos tienen una jerarquía similar a la Constitución. En este último supuesto, los órganos que se encargan de interpretarlos han sostenido que el Estado argentino tiene la obligación irrenunciable de investigar la eventual comisión de delitos de lesa humanidad como lo sería toda forma de encubrimiento del atentado a la AMIA.

Otro es expresar que las motivaciones o móviles que tuvieron el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo al celebrar el Memorándum de Entendimiento con Irán no pueden ser revisadas por la Justicia porque se trata de una cuestión política no justiciable, categoría de la cual hizo un uso constante la mayoría automática de la Corte noventista para justificar la impunidad de quienes ejercían el poder. Más aún afirma que aunque el Memorándum significase la impunidad de los prófugos, ello podría haber sido suscripto en ejercicio de facultades constitucionales con total inmunidad judicial. Este argumento no distingue entre voluntad política no delictiva como sostén de la sanción de una norma que puede ser declarada inconstitucional y voluntad política delictiva en la cual existe una conducta penalmente reprochable cuyo principal reflejo es la inconstitucionalidad de la norma producida. También soslaya la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la cual no existen cuestiones políticas no justiciables cuando se deben investigar eventuales violaciones de derechos humanos ejecutadas por agentes estatales o que impliquen un delito de lesa humanidad aunque se den leyes que impidan la persecución penal.

El desistimiento del recurso cierra la posibilidad de investigar lo denunciado en sede interna, pero bajo ningún punto de vista termina con la denuncia. Cualquier persona u ONG de Estados miembros de la OEA puede, en un plazo máximo de seis meses, presentar una petición o comunicación contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por negarse a cumplir con el Acuerdo de Solución Amistosa celebrado ante dicho órgano el 4/3/2005 y aprobado por el Presidente Kirchner, por el cual el Estado se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a los familiares de las víctimas de la AMIA “la investigación del atentado y del encubrimiento y las sanciones a los responsables”.

Con la denuncia del fiscal Nisman lentamente se empezó a consolidar una corriente que postula un derecho penal del amigo que detenta el poder, la cual se basa en la desestimación de denuncias sin producir ninguna prueba (sí admitiendo nuevas pruebas para poder justificar el rechazo), el reforzamiento de las garantías penales de no juzgamiento, la impunidad sostenida por las cuestiones políticas no justiciables y la retracción del Ministerio Público de investigar mínimamente la eventual consumación de un delito de lesa humanidad. Una cruel paradoja para la Constitución y los Tratados sobre derechos humanos, pero sobre todo para las víctimas y sus familiares que siguen esperando justicia.

V Seminario sobre temas polémicos del Derecho Constitucional "Germán J.Bidart Campos"

"Internet, comunicación audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación (TIC)"

Facultad de Derecho (UBA)
21 de Abril del 2015 

Expositor:           Dr. Raul Martinez Fazzalari

Expositor:              Dr. Marcelo López Alfonsín

Expositor:                Dr. Andrés Gil Domínguez

Expositor:                          Dra. Silvana Giúdice

Expositor:                           Dr. Santiago Marino

Expositor:                          Dr. Martín Etchevers

Expositor:                               Dr. Damián Loreti

Comentario al fallo "Arrillaga" de la CSJN (sobre el funcionamiento del art. 75 inc. 22 de la Constitución argentina)

Sumario: I._ Introducción. II._ El nuevo estándar de la Corte Suprema de Justicia respecto del art. 75 inc. 22 de la Constitución argentina. III._ A modo de conclusión.      

I._ Introducción.

1._ En el caso “Arrillaga, Alfredo Manuel s/ causa nº 14.102”[1], la mayoría[2] de la Corte Suprema de Justicia compartiendo y haciendo suyos los fundamentos expuestos por la Procuradora General hizo lugar a la queja, declaró procedente el Recurso Extraordinario Federal (REF), dejó sin efecto la sentencia y remitió la causa al tribunal de origen para que dicte una nueva sentencia. En tanto la minoría[3], rechazó el Recurso de Queja por REF denegado aplicando el art. 280 del CPCyC.   

2._  Entre el 23 y el 24 de enero de 1989, un grupo perteneciente al “Movimiento Todos por la Patria” ocupó el cuartel del Regimiento de Infantería Mecanizada III “General Belgrano” de La Tablada (Provincia de Buenos Aires). Las fuerzas armadas comandadas por el General Alfredo Arrillaga lograron su recuperación treinta horas después de la toma. Una vez detenidos dos integrantes del “Movimiento Todos por la Patria” habrían sido ejecutados en el interior del regimiento por personal militar que seguía las órdenes del General Arrillaga. Por dicho motivo, se inició un proceso penal mediante el cual se le imputó al General Arrillaga ser coautor del delito de homicidio agravado por alevosía.

            La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín declaró prescripta la acción penal y sobreseyó al imputado. Contra dicho fallo la querella interpuso un recuro de casación esgrimiendo como argumentos que existían varios actos interruptivos y que no se había brindado ninguna respuesta al agravio referido a la imprescriptibilidad de la acción penal en virtud de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Bulacio vs. Argentina” y “Bueno Alves vs. Argentina” y por la Corte Suprema de Justicia en el caso “Espósito”, puesto que en este caso al igual que sucedió en dichos precedentes, el Estado incumplió el deber de investigar seriamente y sin lentitud graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales; asimismo, la querella recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre los hechos investigados en el Informe 55/97 (caso 11.137, “Juan Carlos Abella” del 18 de noviembre de 1997) y tras tener por probado que los integrantes del “Movimiento Todos por la Patria” fueron ejecutados luego de la recuperación del cuartel y cuando ya habían sido detenidos, recomendó al Estado argentino realizar una investigación, completa e imparcial con el objeto de sancionar a los responsables.

            La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso promovido descartando la aplicación de los fallos “Espósito” y “Derecho” por cuanto se basaron en fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de asuntos contenciosos (lo cual no aconteció en este caso) y consideró que los Informes emitidos por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no poseen efecto vinculante en sede interna.                                           

                            

3._ El objeto del presente comentario es analizar si se verifica la consolidación de una tendencia jurisprudencial por parte de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual adopta un nuevo estándar respecto del funcionamiento de la regla de reconocimiento constitucional y convencional argentina.    

II._ El nuevo estándar de la Corte Suprema de Justicia respecto del art. 75 inc. 22 de la Constitución argentina

4._ La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de manera evolutiva fue construyendo una interpretación constitucional y convencional sobre el funcionamiento de la fuente constitucional y la fuente convencional en el marco de  la supremacía constitucional y convencional determinada por el art. 75 inc. 22. En este sentido expresó:       

   

* Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorias del Estado argentino, en el caso concreto, prevalecen sobre la Constitución argentina.[4] 

* Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorias del Estado argentino expanden sus efectos más allá del caso concreto. Un claro ejemplo lo configura el caso “Acosta”[5], por cuanto la Corte Suprema de Justicia al analizar la razonabilidad del plazo de prisión preventiva en el ordenamiento jurídico argentino secundario, adoptó como criterio de validez sustancial lo expuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bayarri”.[6]

            * Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorias de otros Estados distintos del Estado argentino tienen efectos erga omnes. En el caso “Casal, Matias E. y otro”[7], la Corte Suprema de Justicia estableció los alcances del recurso de casación penal a la luz de lo establecido en el fallo “Herrera Ulloa v. Costa Rica”. También en el caso “Acosta”, la Corte Suprema de Justicia invocó la reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia como un argumento central del decisorio.[8]        

* Los Instrumentos Internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no forman parte del derecho constitucional argentino (entendido esto como el derecho que directamente emerge de la Constitución argentina) sino que provienen de una fuente internacional distinta a la nacional, lo cual implica que los órganos de control que ellos instituyen son los últimos intérpretes de su alcance textual. En este punto, la Corte Suprema de Justicia sostuvo: “En este contexto, corresponde tomar en consideración el corpus iuris elaborado por los comités de derechos humanos que actúan, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia de los tratados citados —por recordar los términos del art. 75.22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional— y, por ende, resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el plano internacional (…)”. [9]

            * Las decisiones de los órganos de control de los Instrumentos Internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional denominada por la Corte Suprema de Justicia “jurisprudencia que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos”[10] o “dictámenes que generan, ante un incumplimiento expreso, responsabilidades de índole internacional”[11] forman parte de la regla de reconocimiento constitucional argentina proyectándose con fuerza normativa sobre el control de convencionalidad ejercido -a pedido de parte o bien incoado de oficio- por todos los jueces del sistema de control judicial difuso.           

 

            * En algunas oportunidades, utilizó el principio de aplicabilidad[12] para subsumir el caso en alguna de las dos fuentes y de esta manera eludir la colisión que se generaba entre los derechos y garantías contradictorios que surgían de estas.[13]

            * Las “recomendaciones” formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino en los Informes previstos por el art. 51.2  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen: a) un carácter casi equiparable a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garantizando a las personas que las recomendaciones indemnizatorias puedan ser satisfechas mediante el procedimiento de ejecución de sentencias contra el Estado (Fayt y Zaffaroni); b) un menor nivel de intensidad que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejándole al Estado argentino un margen de apreciación respecto de las formas o mecanismos de reparación, pero todo ello, asumiendo que la falta de respuestas estatales acarrea responsabilidad internacional (Petracchi y Maqueda); c) un menor nivel de intensidad que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejándole al Estado argentino un margen de apreciación respecto de las formas o mecanismos de reparación, pero sin que el incumplimiento estatal genere responsabilidad internacional (Lorenzetti y Highton de Nolasco).[14]

            * La soluciones amistosas acordadas por el Estado argentino en el ámbito de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (Actas de Solución Amistosa) obligan al Estado argentino a reparar en sede interna por cualquier medio (ley, decreto o sentencia) las violaciones a los derechos humanos reconocidas.[15]          

5._  En el caso “Acosta”, la Corte Suprema de Justicia al rechazar expresamente los acápites IV y V del dictamen elaborado por el Procurador General (que había propuesto que la interpretación de la Constitución argentina realizada por la jurisdicción constitucional nacional difusa presenta una presunción iuris tantum pro persona  respecto de la interpretación que realizan los órganos de control de los  Instrumentos Internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional)[16] abrió la posibilidad de dos alternativas hermenéuticas en torno del alcance del art. 75 inc. 22 de la Constitución argentina: a) la primera sostenida sobre la base de una presunción iuris tantum pro persona de la interpretación que realizan los órganos de control de los Instrumentos Internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional respecto de la interpretación de la Constitución argentina realizada por la jurisdicción constitucional nacional difusa y b) la segunda basada en la existencia de una idéntica jerarquía apriorística de las fuentes confluentes que se resolverá mediante una teoría de la argumentación sostenida por el principio pro persona como vector hermenéutico.   

6._ En el presente caso, la Procuradora General expone un nuevo estándar como elemento interpretativo de las fuentes constitucional y convencional (y la mayoría de la Corte Suprema de Justicia lo adopta como propio) en el marco del funcionamiento del art. 75 inc., 22 segundo párrafo de la Constitución argentina.

            El primer argumento que expresa sostiene que los tribunales nacionales deben hacer el máximo esfuerzo por cumplir con la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección de derechos humanos encargados del control de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que ostentan jerarquía constitucional, sin desconocer, los principios y reglas supremos del orden jurídico argentino.

            El segundo argumento sostiene que la ausencia de consideración de la jurisprudencia internacional y la omisión de enunciar las razones que pudieran existir para no seguir la doctrina derivada de la jurisprudencia emitida por los órganos internacionales de control afectan el deber de adecuada fundamentación de una sentencia y la transforman en arbitraria.

            El tercer argumento se basa en el respeto del principio de buena fe internacional, el cual exige que un tribunal nacional, al decidir sobre el contenido y alcance de un artículo establecido por un instrumento internacional sobre derechos humanos tenga en cuenta la interpretación conferida por los órganos internacionales de control.

           

En el presente caso, los tres argumentos se aplican respecto del Informe producido por la  Comisión Interamericana de Derechos Humanos con recomendaciones al Estado argentino de reparación integral y útil de los derechos humanos violados, puesto que el deber del tribunal, justamente consistía en analizar si el Estado argentino había realizado el mayor esfuerzo posible para cumplir con el deber de investigar de manera independiente, completa e imparcial los hechos denunciados.                                         

Los fundamentos expuestos si bien adoptan como punto de partida la existencia de una idéntica jerarquía apriorística de las fuentes confluentes, le otorgan a la fuente convencional interpretada una presunción iuris tantum pro persona débil o de intensidad mínima puesto que si bien los operadores judiciales deben tener en cuenta los principios y reglas supremos del orden jurídico argentino deben enunciar las razones que justifiquen la no aplicación o apartamiento de lo dispuesto por la jurisprudencia internacional. Distinto sería si hubiera sostenido que ambas fuentes presentan una igualdad apriorística que nada presume iuris tantum pro persona y que utiliza el principio pro persona para decidir la fuente que aplica frente a las circunstancias del caso concreto.              

III._ A modo de conclusión.

7._ Indudablemente este nuevo estándar configura un aporte sustancial para que los distintos operadores del sistema judicial efectivicen la supremacía constitucional y convencional en los distintos casos donde les toque intervenir. Especialmente en el ámbito del derecho civil y comercial, por cuanto el nuevo Código, establece como fuente de interpretación normativa, directa y operativa del mismo el art. 75 inc.22 de la Constitución argentina. 

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[1] CSJN Fallos 917/2012 (48-A), 30 de diciembre de 2014.

[2] Integrada por Highton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni.

[3] Integrada por Fayt y  Lorenzetti.

[4] CSJN Fallos 327:5668 (Espósito) y 334:1504 (Derecho) 

[5] CSJN Fallos A. 93. XLV., 8 de mayo de 2012.

[6] Considerandos 15 y 16 de la mayoría. 

[7] CSJN Fallos 328:3399.

[8] Considerando 18.

[9] CSJN  Fallos 334:1837 (Pellicori).

[10] CSJN  Fallos 318:514 (Giroldi)

[11] CSJN Fallos F. 259. XLVI, 13 de marzo de 2012 (F., A.L.). En este caso, la Corte Suprema de Justicia considera como parte integrante de la regla de reconocimiento constitucional argentina, a la siguiente “jurisprudencia internacional”: a) Informes Finales del Comité contra la Discriminación Racial respecto de Zambia (2005), Australia (2005), Islandia (2005), República de Moldavia (2008) y Estados Unidos de América (2008); b) Observaciones Finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de Hungría (2007), Luxemburgo (2003), Grecia (2004) y Polonia (2002); c)  Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos respecto Islandia, (2005) y Chile (2007); d) Observaciones Finales del Comité contra la Discriminación de la Mujer respecto de  Alemania (2009) y Luxemburgo (2003); e) Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (OG 20, 2009); f) Observaciones Generales del Comité contra la Discriminación Racial (Recomendación General XXX, 2004) y g)  Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (caso “Garibaldi vrs Brasil”, 23 de septiembre de 2009).

[12]  Gil Domínguez, Andrés, La regla de reconocimiento constitucional argentina, pág. 20, Ediar, Buenos Aires, 2007. 

[13] CSJN Fallos 327:3294, 328:2056 y 330:3248 (Arancibia Clavel, Simón, Mazzeo).

[14] CSJN  Fallos C. 568. XLIV y C. 594. XLIV, 6 de agosto de 2013 (Carranza Latrubesse).

[15] CSJN 712/2013 (49-F) R. O., 10 de marzo de 2015 (Faifman).

[16] El test propuesto por el  Procurador General constaba de los siguientes pasos: a) Primero: verificar si existe jurisprudencia de la Corte y/o Comisión Interamericana sobre la cuestión debatida en el proceso interno (identificación de la jurisprudencia); b)  Segundo: determinar cuál es la doctrina o razón subyacente que se desprende de la sentencia o sentencias pertinentes (identificación de la doctrina de la jurisprudencia); c) Tercero: examinar minuciosamente la aplicabilidad prima  facie de la doctrina al caso concreto, evaluando si el caso particular bajo examen en el proceso interno, es una instancia del caso general (doctrina) que se infiere de la jurisprudencia de tales órganos (aplicabilidad de la doctrina al caso concreto); d) Cuarto: examinar si existen razones jurídicas basadas en el ordenamiento constitucional que se opongan a la aplicabilidad de la doctrina derivada de la jurisprudencia del órgano internacional pertinente. En dicho caso, el tribunal nacional debería discutir razonadamente esa doctrina en el marco de todo el orden constitucional argentino y decidir, si en el caso concreto, corresponde seguirla o no proporcionando una debida fundamentación de la decisión tomada (examen de compatibilidad de la doctrina prima facie  aplicable con el orden jurídico constitucional); e)  Quinto: tanto la ausencia de consideración de la jurisprudencia de los órganos internacionales como la falta de enunciación de las razones que pudieran existir para no seguir la doctrina derivada de la jurisprudencia de tales órganos, afectaría el deber de adecuada fundamentación de una sentencia, vicio que si estuviera contenido en una decisión de un tribunal inferior, podría ser controlado por vía del recurso extraordinario federal.

Malvinas y una sentencia inexplicable

Diario Clarín, 8 de abril de 2015.

En un fallo dictado en el mes de febrero, de manera inexplicable, la Corte Suprema de Justicia clausuró por unanimidad la investigación penal sobre los casos de torturas sufridas por los soldados durante la guerra de Malvinas por parte de oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas argentinas. Lo hizo sin expresar ninguna clase de argumento legitimador, acudiendo a un mero formalismo y obviando el excelente dictamen de la Procuración General elaborado por González Warcalde en el año 2012.

Al confirmar la sentencia de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, la Corte aceptó que las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos por nuestros soldados (tales como atar de manos y pies a muchachos debilitados por el hambre y el frío, estaquearlos al piso durante horas sobre el fango helado y dejarlos inmovilizados sin ninguna protección contra el clima inhóspito del Sur) no configuraban un delito de lesa humanidad, y que, por ende, la causa había prescripto. En su fallo, la Cámara de Casación sostuvo que la categoría de delito de lesa humanidad exigía una conexión entre delitos individuales y una política estatal de ataque generalizado a un sector de la población civil, lo cual no se verificaba en dicho caso.

En precedentes fundantes sobre el sentido de la verdad y la justicia, la Corte estableció que la dictadura militar desarrolló un plan de ataque generalizado contra la población civil mediante prácticas que configuraron delitos de lesa humanidad. En sintonía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fallos condenatorios del Estado argentino, sostuvo que el deber de investigar penalmente a los agentes estatales por la violación de derechos humanos –aun en épocas democráticas- no puede ser obstruido por el mero transcurso del tiempo y la aplicación de la prescripción.

Las torturas acaecidas en Malvinas no fueron un hecho aislado, sino que formaron parte contextual de un plan de agresión sistemática contra la población civil, que utilizó a la guerra como un instrumento revitalizador de los objetivos del Proceso de Reorganización Nacional ¿O acaso no fue un ataque sistemático reclutar forzosamente a jóvenes, imponerles un estado militar y enviarlos al frente de batalla sin instrucción de combate ni equipamiento para enfrentarlos al hambre, al frío y a una potencia enemiga militarmente superior?

La guerra de Malvinas fue un intento de la dictadura militar por seguir demostrándole al mundo que éramos “derechos y humanos”, para lo cual utilizaron a jóvenes de dieciocho años provenientes de las calurosas provincias del norte argentino y de vastos sectores humildes a quiénes sometieron a situaciones vejatorias que atentaron contra el más mínimo sentido de la dignidad humana.

Los hechos denunciados constituyen una clase de delito de lesa humanidad que debe ser investigado penalmente sin que ninguna clase de obstáculo procesal lo impida. Esto no solo es una obligación que proviene de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos y de la Constitución argentina, sino que, también es una exigencia de justicia para que aquella injusticia extrema no se perpetre en el tiempo respecto de quienes, como dice la bella canción de Ciro, por siempre serán nuestros héroes de Malvinas.