Un fallo problemático para los DD. HH.

Diario Clarín, 8 de marzo de 2017.

La reforma constitucional de 1994 tuvo como núcleo ideológico invitar a un conjunto de Tratados sobre derechos humanos a compartir junto con la Constitución la supremacía del ordenamiento jurídico argentino. Nuestro país no solo se abrió a una fuente externa basada en un pluralismo regional expansivo de los derechos, sino también, aceptó que los órganos que cada instrumento establece son los encargados de interpretar y aplicar dichos instrumentos. Uno de estos órganos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene como función resolver casos y determinar si los Estados violaron los derechos humanos contemplados en la Convención Americana. En la relación que se entabla entre la Constitución y los tratados, bajo ningún supuesto, un tribunal local puede interpretar las funciones de la Corte Interamericana o como se aplica la Convención Americana porque no tiene ninguna competencia, pero fundamentalmente, porque se desconocería cómo funciona el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando la Corte Interamericana constata una violación de derechos humanos y condena a un Estado, no puede existir ningún obstáculo que prive de efectos a dicha sentencia, porque de lo contrario, se perpetuaría una situación de insoportable injusticia extrema.

La Corte Suprema en su anterior composición desarrolló una jurisprudencia expansiva de los derechos humanos haciendo cumplir las sentencias interamericanas contra el Estado argentino y abriendo las puertas a una relación en donde se privilegió la fuente que más favorecía a las personas y a sus derechos. Dicho estándar permitió investigar y juzgar casos de tortura seguida de muerte por agentes estatales en democracia y delitos de lesa humanidad durante la dictadura, proteger la libertad de expresión e información ante temas de interés público frente a la persecución penal, posibilitar el encuentro de un padre con su hija, promover los derechos de las personas discapacitadas, anular sentencias penales cuando se violó el debido proceso. También nutrió a numerosos casos donde se debatió la plena eficacia de derechos económicos, sociales y culturales y el derecho a la no discriminación en sus múltiples facetas.

La Corte Suprema en su actual composición acaba de dictar un fallo que implica una regresión injustificable, la cual se asemeja a un muro a los derechos humanos que sería la envidia del mismísimo Donald Trump, al establecer que, aunque la Corte Interamericana verifique que los derechos de una persona han sido violados por el Poder Judicial, el tribunal argentino se reserva el derecho de no dejar sin efecto la sentencia local.

Con esta sentencia el máximo tribunal se transformó en la Corte Suprema de Justicia Interamericana, y a la vez, sustituyó a la Convención Constituyente de 1994 donde los Convencionales que votaron a favor de la cláusula constitucional de apertura a los tratados sobre derechos humanos –entre ellos Elisa Carió- sostuvieron como argumento todo lo contrario a lo expuesto en este inexplicable fallo.