La
Constitución argentina de 1853-1860 estableció en el art. 96 el carácter
vitalicio del cargo de los jueces de la Corte Suprema de Justicia y de los
tribunales inferiores.
En
1994 el Congreso, en ejercicio de las potestades preconstituyentes establecidas
por el art. 30 de la Constitución argentina -que tiene contenido político y no
es un acto legislativo aunque se manifieste formalmente como una ley- sancionó
la ley 24.309 mediante la cual declaró la necesidad de la reforma parcial de la
Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957.
En
esta primera etapa, el Congreso establece los contenidos y artículos que pueden
ser reformados por la Convención Constituyente convocada posteriormente a
efectos de concretar el proceso reformador. La Convención no está obligada a
introducir las reformas propuestas. Puede hacerlo o no. Pero bajo ningún punto
de vista puede realizar reformas fuera de los temas habilitados. Dentro de este
marco constitucional, la ley 24.309 estableció en el art. 6º lo siguiente:
"Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y
agregados que realice la Convención Constituyente aparatándose de la
competencia establecida en los art. 2º y 3º de la presente ley de declaración".
Esto es: solamente los puntos habilitados en el núcleo de coincidencias básicas
para ser tratados como un bloque único y en el temario expreso abierto, eran
susceptibles de reforma constitucional, cualquier exceso debía recibir la sanción
de nulidad absoluta e insanable.
La
Convención Constituyente incorporó el art. 99.4 párrafo tercero y estableció un
límite al carácter vitalicio del cargo de los jueces en los siguientes
términos: "Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será
necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez
que cumplan la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán
por cinco años, y podrán ser repetidos indefinidamente, por el mismo trámite".
Esto es: todos los jueces (los de la Corte Suprema de Justicia y los federales)
una vez que cumplen setenta y cinco años necesitan un nuevo acuerdo del Senado (con
las mayorías requeridas por la Constitución argentina a tales efectos) para
continuar en el cargo o renovar el cargo por cinco años.
En el debate de la Convención Constituyente, el Convencional Vázquez sostuvo
sobre dicha cláusula lo siguiente: "No es posible que este recinto se convierta en un
escenario de trueque para difundir ante el mundo que ésta es una Constitución
con reformas progresistas. Sostengo que estas reformas son insanablemente
nulas; inclusive, he requerido esa nulidad ante la justicia federal y ante la
Corte Suprema, y no tengo la menor duda de que se va a resolver la nulidad
insanable de estas reformas pergeñadas con objetivos inconfesables, que
fulminan la estabilidad republicana de la Nación"[1].
En tanto, el Convencional Llano
expresó: "Debo destacar un reconocimiento a la pequeña comisión —el petit
comité— que se organizó dentro de la Comisión de Redacción para llevar adelante
esta tarea, la que integré, pero no pude colaborar debido a las múltiples
obligaciones que surgen por el hecho de pertenecer a un bloque limitado en su
número. Mi reconocimiento se debe a que se manejaron con prudencia, pero ella
terminó cuando llegamos al plenario ya que a último momento se introdujeron
algunas modificaciones, y la Comisión de Redacción de ninguna manera estaba
habilitada para este fin. Me estoy refiriendo expresamente a la norma incluida
en el inciso 4º del artículo 86, que establece una excepción al principio de la
inamovilidad de los jueces, que está directamente relacionada con el sistema de
prestaciones y contraprestaciones que incluía el Pacto de Olivos. Se acaba de
hacer referencia a este tema con gran elocuencia. No quiero abundar en
detalles, pero desde esta banca debo señalar que la modificación introducida a
último momento en forma casi clandestina no constituye el broche que
esperábamos que tuviera esta asamblea, ya que se trata de una norma que
desjerarquiza y desvaloriza en forma alarmante el final de esta Convención
Nacional Constituyente"[2].
En igual sentido, se manifestó el Convencional
Saravia Toledo[3].
Por último, el Convencional Maeder
manifestó: "El tercero y último
punto es el que se refiere al Poder Judicial. Aquí se ha explicado con
argumentos suficientes que este sí no era un tema habilitado. Esta es una
primera afirmación que creo compartir, porque las razones que se han dado
parecen más que suficientes. Además, es legítimo pensar que cualquier cuerpo
puede establecer normas por las que en determinado momento, a raíz de la edad,
los "achaques", las enfermedades o alguna razón de disminución, se
pueda apartar a alguno de sus miembros de las funciones que eventualmente
desempeñan. Esto parece lógico y legítimo, pero no parece lógico que en esta
oportunidad, en la que estamos reformando la Constitución Nacional, abordemos
el caso de los jueces, no sólo porque se ha leído con toda claridad el artículo
96, que indica que permanecerán en sus funciones mientras dure su buena conducta,
sino también porque a pesar de las aclaraciones que se han hecho —me felicito
de que así haya ocurrido—, siempre queda la duda de que eventualmente se puede
afectar a personas con nombre y apellido; y por otra parte, se trata de casos
que se han hecho públicos a través del periodismo y que han circulado por los
corrillos. Justamente por eso creo que todo el mundo sabe de quién se trata. De
manera tal que al no estar habilitado este tema, considero que la comisión ha
incurrido —quiero decirlo con una palabra que no tenga un tono agresivo ni
ofensivo— en una imprudencia muy grave al plantearlo, porque con esta propuesta
se cuestiona la inamovilidad de los jueces y se pone de manifiesto las
sospechas que aunque hayan sido aventadas en este recinto, no sé si serán aventadas, definitivamente, en
la opinión pública. Por esta razón, adelanto mi voto negativo a la inclusión de
esta cláusula, a pesar de las modificaciones que se le introdujeron con
posterioridad".[4]
En tanto, no se registró ningún Convencional Constituyente que respondiera estos
cuestionamientos y sostuviera argumentos
respaldatorios de la norma incorporada.
En 1999 la Corte Suprema de Justicia en el caso "Fayt"
resolvió declarar "la nulidad de la
reforma introducida por la convención reformadora de 1994 en el art. 99 inc.
4°, párrafo tercero". Los principales argumentos fueron los siguientes:
16. Que
toda vez que la ley 24.309 que declaró la necesidad de la reforma
constitucional, dispuso expresamente en su artículo sexto que "...serán
nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, derogaciones y agregados
que realice la Convención Constituyente apartándose de la competencia
establecida en los arts. 2° y 3° de la presente ley de declaración..."
(art. 6°), resulta incuestionable que esta Corte en su carácter de intérprete final
de la Constitución Nacional, se halla facultada para cumplir con el mandato
implícito contenido en tal precepto resolviendo lo propio. La misma presencia
del art. 6° de la ley 24.309 presupone la existencia de un poder dotado de
facultades suficientes para realizar el control de la competencia actuada por
la convención reformadora, que permita privar de efectos aquello realizado en
infracción a los límites impuestos, el cual no puede ser otro que aquel que
tiene como atribución esencial la de preservar la supremacía constitucional: el
Judicial.
17.
Que, en las condiciones que anteceden, por razón de no responder a habilitación
alguna contenida en la ley 24.309, corresponde considerar nula de nulidad
absoluta la cláusula del art. 99 inc. 4°, párrafo tercero, de la Constitución
Nacional sancionada en 1994 (art. 6°, ley citada), así como, por lógica
implicancia, la disposición transitoria undécima.
18.
Que tal conclusión torna abstracto el tratamiento de la cuestión que versa
sobre la posibilidad de distinguir la situación de los magistrados designados
bajo el régimen constitucional vigente hasta 1994 frente a los nombrados con
posterioridad, como asimismo la que versa sobre la imposibilidad de invocar
derechos adquiridos frente a las disposiciones sancionadas regularmente por una
convención reformada de la Constitución Nacional.
19.
Que, valga aclararlo, esta sentencia no comporta un pronunciamiento sobre
aspectos de naturaleza sustancial que conciernen a la conveniencia o
inconveniencia de la cláusula impugnada --juicio ajeno a la tarea que incumbe
al Poder Judicial--, sino que se asienta en la comprobación de que aquélla es
fruto de un ejercicio indebido de la limitada competencia otorgada a la
convención reformadora.
20.
Que, por lo demás, el juramento que el tribunal ha brindado a la Constitución
Nacional sancionada en Santa Fe, Paraná, en el año 1994, no importó enervar el
irrenunciable deber que le compete de ejercer el control pertinente en los
casos que requieran del examen de la validez de las disposiciones sancionadas
por la convención en ejercicio de su poder constituyente derivado (ley 24.309),
ni menos aún, el desempeño en modo alguno de la función legitimante que le
confiere el propio ordenamiento que se manda jurar.
La declaración de nulidad absoluta e insanable del
art. 99.4 párrafo tercero tuvo efectos derogatorios erga omnes respecto de todos los jueces y juezas. Ese era el
régimen aplicable al momento que Elena Highton de Nolasco juró y el cual rige
en la actualidad. El error estratégico que cometió Highton de Nolasco fue
interponer una acción de amparo cuando no hay un acto o amenaza real de acto
que lesione dicha garantía institucional, y por ende, poner en marcha una
judialización innecesaria en forma prematura. Quien titulariza un derecho o una
garantía institucional la ejerce, y si tiene alguna duda, el camino procesal
correcto es la acción declarativa de certeza constitucional.
De Fayt a Highton de Nolasco nada cambió respecto de la
nulidad absoluta e insanable del art. 99.4 párrafo tercero de la Constitución ¿Cambiará
la Corte Suprema de Justicia su jurisprudencia modificando un precedente que forma
parte de la práctica constitucional argentina? Lo dudo mucho, pero en este país
todo es posible.
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