Que el Poder Judicial federal y la Corte Suprema de
Justicia no funcionan como deberían funcionar es parte de un diagnóstico
compartido por múltiples sectores.
Una primera razón radica en el anclaje analógico de
su estructura que el impacto de la pandemia desnudó con sentida crudeza. Otro
motivo se visualiza en la obsesiva negativa de analizar la incorporación de las
distintas alternativas tecnológicas que ofrece la Cuarta Revolución Industrial.
También el mito endogámico basado en que las reformas solo pueden provenir del
propio Poder Judicial (cuando es el Congreso el órgano constitucional encargado
de diseñarlas) unido al tabú freudiano de que toda propuesta de estas
características violenta su existencia independiente. Por último, no advertir
en pleno siglo 21, que tal como lo sostiene Richard Susskind la administración
de justicia es un servicio y no un lugar físico sacralizado que se expresa con
un lenguaje “técnico” que no entiende nadie.
El problema del funcionamiento del Poder Judicial
radica en un sistema anacrónico no en quienes lo integran. No es un problema de
nombres, es un problema de sistema. Muchos jueces y juezas individualmente
generan a diario resultados positivos, pero al final del día, es el sistema el
que adolece de fallas terminales.
Si la Corte Suprema de Justicia no funciona como
debería funcionar, esto no responde a la actual integración sino al sistema
sobre la cual actúa; con otra integración de cinco miembros funcionaría igual. Un
tribunal ampliado no va a funcionar mejor si no se cambia el sistema, a la vez
que, la actual composición podría funcionar mejor con otro diagrama orgánico
incorporando innovación tecnológica. Por eso, es necesario evitar caer en la
trampa que propone la “falacia del mal funcionamiento”, la cual sobre la base
de un diagnóstico objetivo, en realidad, solo trata de cambiar la composición
de un tribunal para incorporar jueces y juezas afines en vez de modificar el
sistema en su totalidad.
Una reforma judicial en serio como política pública
basada en acuerdos políticos sustentables debe contemplar, con lógica
sincrónica, desde el momento que una persona se inscribe en un concurso para el
cargo de juez o jueza ante el Consejo de la Magistratura hasta el momento que
la Corte Suprema de Justicia dicta un fallo en cualquier causa (las “relevantemente
públicas” o las “todos los días”).
Las personas individual o colectivamente titularizan
el derecho de expresarse y de peticionar ante la autoridades (incluido el Poder
Judicial) en plurales sentidos sin que esto puede discutirse desde la
perspectiva constitucional y del espectro irradiante de los derechos humanos.
Esto no inhibe que se pueda analizar con sentido crítico el sentido de la
convocatoria de una marcha contra la actual integración de la Corte Suprema de
Justicia y su aporte efectivo al mejoramiento del funcionamiento del Poder
Judicial. En términos prácticos, esta forma de ejercicio del derecho de
protesta no implica ningún aporte a una deliberación democrática medianamente
razonable puesto que sigue creyendo que el problema son los nombres y no el
sistema. En términos constitucionales, equivoca el camino por cuanto la estabilidad
de los jueces de la Corte Suprema de Justicia está otorgada por la Constitución
y solo mediante el juicio político pueden ser removidos. En términos políticos,
agiganta la irracionalidad de una “grieta” que alimenta el mal funcionamiento
del Poder Judicial, a la vez, que legitima respuestas formalistas sin
propuestas concretas de reformas integrales que, en el fondo y por diversos
motivos, se sienten cómodas con el actual funcionamiento de la justicia. En
términos simbólicos, abroquela aún más la endogamia del Poder Judicial ante el
desafío de la transformación.
Con marcha, contramarcha o solicitada no vamos a
hacernos cargo en serio de la actual disfuncionalidad del Poder Judicial. Eso
sí, los que no quieren de ambos lados de la “grieta” por distintos motivos
ninguna reforma podrán sentirse satisfechos. Seguimos discutiendo nombres,
lugares, formalismos “bobos” pero nunca un cambio sustancial e integral del
sistema de justicia. Así estamos, así nos va.
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