Curso Intensivo de Posgrado (UBA)

Laclau, el populismo y el kirchnerismo

En su obra La razón populista, Ernesto Laclau se propone realizar una construcción conceptual del populismo que supere las objeciones degradatorias y denigratorias que ha sufrido.

Laclau sobre la base de la obra de Le Bon y Freud propone tres conjuntos de categorías (discurso, significantes vacíos y retórica) para descartar los presupuestos peyorativos (que el populismo es un concepto vago e indeterminado tanto al público que se dirige, en su discurso y en sus postulados políticos y que el populismo es mera retórica) y plantear como alternativa: a) que la indeterminación y la vaguedad no constituyen defectos de un discurso sobre la realidad social, sino que en ciertas circunstancias, están inscriptas en la realidad social como tal y b) que la retórica no es algo epifenoménico respecto de la estructura conceptual autodefinida puesto que ninguna estructura conceptual encuentra su cohesión interna sin apelar a recursos retóricos. Si esto fuera así, el populismo constituiría una vía real para comprender algo relativo a la constitución ontológica de lo político como tal.

De las tres categorías referenciales, se desataca el significante vacío (que tiene una fuerte impronta lacaniana relacionado con el objeto a) en la medida que propone aunar hegemónicamente identidades diferenciales sin ningún centro estructural dotado de una capacidad que le permita definirse a priori como la última palabra. Por ello, el populismo es una lógica política cuyo discurso va ser impreciso y fluctuante (no por una falla cognitiva, sino como resultado de intentar operar dentro de una realidad social heterogénea) que tiende a repetir una lógica de ruptura del orden existente y de introducción de un “nuevo ordenamiento”.

La construcción del pueblo funciona por medio de un significante vacío que expresa y constituye una cadena de equivalencias. Esto es: la identificación con un significante vacío es la condición sine que non de la conformación de un pueblo. Si bien toda identidad popular tiene una estructura interna que es esencialmente representativa, la función del representante no solo consiste en transmitir la voluntad del representado, sino más bien, proveer un punto de identificación que constituirá como actores históricos a los sectores que está conduciendo. Por ello, los significantes vacíos solo pueden desempeñar su rol si significan una cadena de equivalencias (o de significantes) constitutivas del pueblo.

En términos históricos, Laclau plantea que el triunfo de Perón contra los distintos regímenes antiperonistas se debió al significante vacío dado por el “Perón vuelve” que desde el exilio posibilitó la unidad simbólica de visiones antagónicas. Una vez en el ejercicio del poder no puedo seguir manteniendo dicha equivalencia simbólica, al tener que adoptar decisiones en torno a las demandas de grupos irreconciliables que se consideraban enemigos mortales (la burocracia sindical por un lado y las formaciones especiales y la juventud peronista por el otro).

Conforme a lo expuesto por Laclau, es posible distinguir entre un significante vacío impreciso y fluctuante, que intenta articular demandas diferenciadas en términos constitutivos de un pueblo como razón democrática y una verificación objetiva en términos políticos de la concreción del significante vacío relacionado con el ejercicio cotidiano del poder.

Indudablemente la lógica política del kirchnerismo se basa en la postulación de un significante vacío vago, impreciso y fluctuante: “el modelo popular” o más actualmente “la profundización del modelo popular”. También es necesario reconocer la subyugante fuerza simbólica que surge del significante como elemento homogeneizante de múltiples demandas sociales. Por último, muchos de los significantes que se concatenan en la cadena de equivalencias derivados del significante vacío, plantean improntas de emotiva reivindicación popular (democratizar los medios, satisfacer la demanda de los jubilados, mejorar la política, luchar contra las corporaciones, etc.).

El problema del actual kirchnerismo no es el significante vacío sino su concreción política: la democratización de los medios conduce a un anhelo de imponer su propia hegemonía discursiva exenta de toda crítica, la lucha contra las corporaciones se evita si la corporación es amiga (especialmente las mineras), el dinero de los jubilados se utiliza con fines clientelares y se continúa con la lógica especulativa de la timba bursátil en vez de vender las acciones de las empresas y saldar la deudas previsionales que se acumulan en la justicia de la seguridad social, la reforma política implicó que los partidos minoritarios desaparezcan y que hagan trampas con al publicidad electoral, la revolución democrática se para sin chistar cuando enfrente está la patria sindical, demonizan a los noventa pero tranzan con Menem y contratan a Dromi, etc.

Por ahora funciona a pleno el significante vacío, en gran medida, porque ningún competidor político siquiera puede presentar algo que se le parezca. Pero cuando el influjo termine será el momento de analizar comparativamente los noventa y el kirchnerismo, y quizás allí, los significantes concretizados den una respuesta poco agradable.

Gracias a Laclau pude entender porqué los significantes que plantea el kirchnerismo –por los cuales lucho desde los veinte años- a partir del significante vacío postulado me suscitan una primera adhesión y porqué cuando observo la concreción política, el fin que persiguen y la significación de los significantes –contra los que lucho desde los veinte años- me generan un profundo rechazo.

Corte Suprema de Justicia y Río Atuel: Dictamen de la Procuración

S u p r e m a C o r t e :

-I-

Miguel Ángel Palazzani, en su carácter de “afectado” y vecino de la Provincia de La Pampa, promueve demanda por daño ambiental colectivo, en los términos de los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional y 30 de la ley 25.675 General del Ambiente (LGA), contra la Provincia de Mendoza, a fin de que se disponga el cese de las actividades generadoras de la disminución del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior y la demandada adopte las medidas pertinentes que garanticen el uso razonable y equitativo de sus aguas respecto de los habitantes de dicha provincia.

Señala que su pretensión tiene como objeto tutelar el derecho al agua de los habitantes de la Provincia de La Pampa, entendido este como derecho social y cultural, en relación con la protección de un recurso ambiental interjurisdiccional e indivisible como lo es el Río Atuel, que atraviesa la Provincia de Mendoza, en sus orígenes, y la Provincia de La Pampa, en su final.

Deduce su pretensión sobre la base del “Estudio para la determinación del caudal mínimo necesario para el restablecimiento del sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel (Informe Final)” realizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa, que acompaña como prueba documental.

Indica que se desprende del referido informe que el uso del agua para riego en la Provincia de Mendoza determinó una disminución gradual de los caudales que concluyó —durante la década del cincuenta y sesenta— en el cese del escurrimiento del Río Atuel, excepto en aquellos períodos en que se producen excedentes de riego. En consecuencia, se modificó el régimen del río, pasando de un nivel con crecidas en los meses estivales, a mixto por su componente antrópico, que genera caudales significativos en otoño-invierno, cuando finaliza el ciclo de riego.

Como consecuencias negativas de tales crecidas se indican: 1. Inundaciones y anegamientos; 2. Incomunicación de puestos; 3. Afectación de infraestructura: alambrados, corrales, bebidas y edificación; 4. Problemas de transitabilidad interna y externa que afectan la comunicación y el abastecimiento; 5. Pérdida de rodeos, empantanamiento de animales y dificultades de manejo ganadero; 6. Invasión y proliferación de especies arbóreas no aprovechadas en la actualidad que afectan el manejo de la hacienda y el cauce.

Como consecuencias negativas de los cortes se especifican: 1. salinización de aguas y suelos; 2. Mortandad de rodeos por consumo de aguas en descomposición; 3. Disminución de los niveles de aguas de las napas y de su calidad; mortandad de peces que provocan aumento de insectos y olores; 4. Desaparición de nutrias y aves.

Asimismo, advierte que en oportunidad de expedirse V.E. en la causa publicada en Fallos: 310:2478 (1941), que versó también sobre la regulación de los usos de las aguas del Río Atuel, exhortó a ambas provincias de La Pampa y de Mendoza, a celebrar convenios tendientes a una participación razonable y equitativa en los usos consuntivos futuros de las aguas del Río Atuel, e impuso a la Provincia de Mendoza que no debía exceder en su consumo los límites de 75.671 has.

Luego, en 1989, los gobernadores de dichas provincias suscribieron el Protocolo de Entendimiento Interprovincial mediante el cual se creó la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) con el objeto de ejecutar acciones tendientes a lograr una oferta hídrica más abundante que permitiera ampliar el área de riego y el restablecimiento del sistema fluvial ecológico del curso inferior del Río Atuel, para satisfacer las necesidades de aprovisionamiento de las poblaciones allí ubicadas.

En 1992, las partes celebraron un nuevo convenio en el que se estableció que la Provincia de Mendoza se comprometía a entregar el caudal necesario de agua potable para satisfacer la demanda de uso humano de Santa Isabel y Algarrobo del Águila (en jurisdicción de La Pampa) hasta un máximo de 6.000 habitantes, pero dichos objetivos nunca fueron cumplidos.

En 1994, en el ámbito de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior, ambas provincias acordaron la inclusión de fondos en los respectivos presupuestos provinciales para 1995, a fin de desarrollar un “Estudio sistemático de la cuenca hidrológica del Atuel Inferior”, como una contribución esencial a la determinación de un caudal mínimo ecológico fluvial, pero nunca se concretó por frecuentes reticencias de la demandada, según indica.

Aduce, de esta forma, que de los antecedentes expuestos surge un reconocimiento expreso de la Provincia de Mendoza respecto de la existencia del daño ambiental del caudal fluvial ecológico del Río Atuel Inferior, el cual se ha transformado en una suerte de callejón de tierra, puesto que ésta utiliza el agua del río para regar aproximadamente 60.000 hectáreas de las 75.671 reconocidas por V.E., almacenando en los embalses del Sistema Nihuiles, una gran cantidad de agua que le permite producir energía eléctrica en los horarios pico de invierno sin aplicarla a los usos consuntivos predeterminados.

Además, manifiesta que desde la creación de la CIAI la Provincia de La Pampa peticiona que se garantice dicho recurso natural para el uso equitativo y razonable de sus habitantes o la realización de obras conjuntas que permitan incrementarlo, pero –según dice— la Provincia de Mendoza ha sido reticente y evasiva en su postura, impidiendo cualquier clase de solución ambiental.

Por lo cual, afirma que aún no se ha celebrado convenio alguno, tal como lo exige la sentencia de la Corte de 1941 ut supra citada, que garantice un mínimo caudal fluvial ecológico a fin de posibilitar el desarrollo de la flora y la fauna autóctonas, la vida en comunidad y un sistema económico productivo.

Arguye que, si bien en 2008 ambas provincias acordaron con el Estado Nacional la realización de obras para incrementar la disponibilidad de agua del río y distribuir los volúmenes por partes iguales entre ambas jurisdicciones, la legislatura mendocina aún no ha ratificado ese convenio, pero, en cambio, sí lo ha hecho la pampeana, por lo que afirma que la Provincia de Mendoza, con su acción y omisión, lesiona, restringe, altera y amenaza, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, sus derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en la ley nacional 25.675 General del Ambiente.

En virtud de lo expuesto, solicita que se ordene el dictado de una medida cautelar urgente, en los términos del art. 32 in fine de la ley 25.675, a fin de que la demandada adopte las medidas adecuadas para garantizar el mínimo caudal fluvial ecológico respecto del Río Atuel Inferior en el ámbito de la Provincia de La Pampa.

A su vez, requiere la citación como terceros al pleito del Estado Nacional – Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de la Provincia de La Pampa, con apoyo en los principios de subsidiariedad y solidaridad previstos en el art. 4° de la LGA.

Funda su pretensión en los arts. 2°, 4° y 27 de la ley 25.675 General del Ambiente y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en las observaciones generales 4°, 7°, 12 y 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A fs. 33, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Cabe recordar que el Tribunal ha reconocido la posibilidad de que la acción de amparo, de manera general, tramite en esta instancia, siempre que se verifiquen las hipótesis que surtan la competencia originaria prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (reglamentados por el art. 24, inc. 1º, del decreto-ley 1285/58) porque, de otro modo, en tales controversias, quedarían sin protección los derechos de las partes en los supuestos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional y por la ley 16.986 (Fallos: 312:640; 313:127 y 1062 y 322:1514, entre muchos otros).

Sentado lo expuesto, entiendo que ante todo se debe determinar si en autos se configuran dichos requisitos.

Al respecto, corresponde señalar que en los procesos referidos a cuestiones ambientales la competencia originaria procede si es parte una provincia y la causa reviste naturaleza exclusivamente federal, para lo cual es necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en el art. 7º, segundo párrafo, de la Ley General del Ambiente 25.675, que dispone que la competencia corresponderá a los tribunales federales cuando “el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales”.

Asimismo, a través de distintos precedentes el Tribunal ha delineado los criterios que se deben tener en cuenta para determinar la procedencia de dicha competencia federal en razón de la materia ambiental, estableciendo, en primer término que hay que delimitar el ámbito territorial afectado, pues, como lo ha previsto el legislador nacional, debe tratarse de un recurso ambiental interjurisdiccional (Fallos: 327:3880 y 329:2316) o de un área geográfica que se extienda más allá de la frontera provincial. Es decir, que tiene que tratarse de un asunto que incluya problemas ambientales compartidos por más de una jurisdicción estatal, provincial, de la Ciudad de Buenos Aires o internacional (doctrina de Fallos: 330:4234; 331:1679 y dictamen de este Ministerio Público in re M. 853.XLIV, Originario, “Municipalidad de Rosario c/ Entre Ríos, Provincia de y otro s/ amparo [daño ambiental], del 29 de agosto 2008).

En el sub lite, a mi modo de ver, se cumplen dichos recaudos, según surge de los términos de la demanda y de la prueba documental agregada al expediente, puesto que el actor pretende tutelar mediante esta acción de amparo por derecho propio y en representación de todos los habitantes de la Provincia de La Pampa su derecho al agua respecto de un recurso ambiental interjurisdiccional e indivisible como lo es el Río Atuel Inferior, que atraviesa la Provincia de Mendoza y la Provincia de La Pampa (conf. Fallos: 310: 2478).

En tal sentido la Ley del Régimen de Gestión de Aguas, 25.688, dispone que se entiende “por cuenca hídrica superficial, a la región geográfica delimitada por las divisorias de aguas que discurren hacia el mar a través de una red de cauces secundarios que convergen en un cauce principal único y las endorreicas” (art. 2º), la cual es considerada como una “unidad ambiental” de gestión del recurso, de carácter “indivisible” (v. art. 3º).

En consecuencia, puede afirmarse que la controversia es común, en los términos del art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial, a la Provincia de La Pampa, toda vez que es cotitular de dominio del recurso ambiental que se pretende tutelar y respecto del cual ejerce la jurisdicción por su condición de estado ribereño (conf. dictamen de este Ministerio Público in re F. 833, XLIII, Originario “Flores Nuñez, Roberto Ramón c/ San Juan, Provincia de y otros s/ daño ambiental, del 11 de agosto de 2009), y también lo es al Estado Nacional, en virtud de la naturaleza federal de dicho recurso natural, tal como lo sostuvo V.E. en las causas “Mendoza" y “Pla”, Fallos: 329:2316 y 331:1243, respectivamente, esto es, para que, en su caso, ambos deban recomponer (art. 31 de la LGA), máxime cuando existieron, como relata el actor, entre la Provincia de Mendoza, la Provincia de La Pampa y el Estado Nacional varios convenios para solucionar la cuestión ambiental aquí debatida.

En tales condiciones, dado el manifiesto carácter federal de tal materia, en tanto se encuentra en juego la protección y preservación de un recurso natural de carácter interjurisdiccional y al ser demandada la Provincia de Mendoza y citados como terceros la Provincia de La Pampa, junto con el Estado Nacional, prima facie y dentro del limitado marco cognoscitivo propio de la cuestión de competencia en análisis, entiendo que —cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de los actores (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)—, el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.

En efecto, cabe agregar que esta solución también satisface la prerrogativa jurisdiccional del Estado Nacional de litigar ante los tribunales federales, de conformidad con el art. 116 de la Ley Fundamental.

Buenos Aires, 4 de abril de 2011.

LAURA M. MONTI

ES COPIA

Anemia opositora y anomia republicana

Es indudable que el kirchnerismo cristinista tiene un proyecto de gobierno. Podrá gustar o no pero lo tiene y genera una impronta utópica que debido a mis limitaciones no puedo percibir (como lo hace por ejemplo el gran Indio Solari).

Todo gobierno por más mayoritario que sea necesita de una oposición política que lo legitime Nadie en democracia puede subsistir si no le gana a alguien en términos de encarnar un proyecto superador, de ser la mejor opción frente al otro.

El problema actual de nuestro país es que no existe una alternativa opositora siquiera en términos de oferta electoral concreta y mucho menos de proyecto alternativo de gobierno. Los que aparecen por aquí y allá encarnan una inexplicable carrera de egos para acceder a un segundo y cómodo lugar.

La falta de una oposición política provoca un vacío de legitimidad que, aunque sea por inercia, alguien tiene que ocupar. Hoy dicho espacio lo abarcan Clarín, La Nación, Perfil, pero ellos ¿lo quieren ocupar? Igualmente en el presente, por imperio de la anemia opositora, las columnas de Van der Koy o los artículos de Morales Solá funcionan como propuestas políticas opositoras más sólidas que cualquier discurso opositor.

En una democracia con gobierno y oposición en plena retroalimentación, el exceso en los debates es parte del juego político, pero cuando el lugar de la oposición lo ocupan los medios de comunicación, los dardos propios de la política impactan contra la libertad de expresión y de información. Esto enrarece las estructuras republicanas porque confunde los roles de los sujetos participantes. Si hay gobierno y oposición, los medios juegan un rol de comunicadores de la disputa sin estar en el campo de la batalla dialéctica (más allá de las preferencias que profesen). El problema es que los medios de comunicación por más poderosos que sean, no pueden legitimarse en la urnas ni cuentan con el poder estatal, con lo cual si ocupan el rol de opositores nunca podrán salir bien parados en términos republicanos. Esta tergiversación produce un mal endémico en el plano de la deliberación por cuanto en la diaria tarea de defenderse como oposición política dejan de lado el rol esencial que cumplen en el sistema democrático. A esto se suma la perversa diatriba permanente de cierto periodismo oficialista que en nada se diferencia de la inquisición.

La anemia opositora genera anomia republicana. Solamente se saldará cuando surja alguna propuesta que, sin desconocer los logros de la ciudadanía social alcanzada, proponga consolidar una ciudadanía democrática inclusiva en donde la republica sea una utopía como la que en el presente conmueve al Indio Solari.